DECLARACIÓN: El Plan de la Administración Biden para Combatir la Violencia Armada Es una Gran Victoria para el Pueblo Estadounidense

Washington, D.C. — La administración Biden desplegó hoy una serie de medidas sobre seguridad de armas de fuego, que comenzarán a abordar la epidemia de violencia armada que ha plagado al país durante demasiado tiempo.

El paquete de acciones ejecutivas apunta a algunos de los frentes más urgentes en la crisis de la violencia armada, incluido el cierre de los vacíos legales que los fabricantes de armas han explotado por mucho tiempo; mejorar la recopilación de datos para combatir el tráfico de armas, y aumentar drásticamente las inversiones en programas comunitarios de prevención de la violencia, los que tienen un historial comprobado de éxito en terreno.

La Casa Blanca también anunció a un sólido candidato para encabezar la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) en David Chipman. Su nombramiento ofrece una clara señal de que mientras las acciones ejecutivas de hoy son un bienvenido primer paso, el impulso para frenar la violencia armada será una prioridad continua para esta administración.

En respuesta al anuncio de hoy, Chelsea Parsons, vicepresidenta de Política de Prevención de la Violencia Armada del Center for American Progress, emitió la siguiente declaración:

El anuncio de hoy marca el comienzo de una nueva era de seguridad de armas de fuego en este país, con un liderazgo fuerte en la Casa Blanca que nuevamente comprende la gravedad de este problema y está preparado para tomar medidas reales para abordarlo. Las acciones anunciadas hoy atacan algunas de las facetas más urgentes de la crisis de la violencia armada: desde la necesidad de una inversión significativamente mayor en programas comunitarios de prevención de la violencia, hasta el cierre de algunas de las brechas más peligrosas que permiten a la industria de las armas innovar en torno a la ley, hasta proporcionar información crucial sobre el tráfico de armas que puede ayudar a dar forma a las políticas. Éstas son acciones significativas cuyo impacto será de gran alcance.

Asimismo, la nominación de David Chipman para ocupar el cargo de director de la ATF es un paso monumental para una agencia que tiene un rol realmente fundamental que desempeñar en la aplicación efectiva de las leyes de armas, así como en proporcionar supervisión regulatoria de la industria de armas. Chipman está especialmente calificado para el puesto, como un veterano agente especial de la ATF con experiencia en todos los aspectos del trabajo de la agencia y un dedicado servidor público con un fuerte sentido de la justicia, así como un compromiso para asegurar que todos tengan el derecho a vivir en una comunidad segura.

Además de la nominación de Chipman para servir como director de la ATF, la administración Biden anunció cinco acciones ejecutivas para abordar la violencia armada:

  • Inversión histórica de $5 mil millones en programas comunitarios de intervención y prevención de la violencia, los que tienen un historial comprobado de reducirla de manera efectiva, salvando vidas. Este anuncio es un testimonio de las décadas de esfuerzo y activismo de los líderes de color en todo el país para construir apoyo financiero para estos programas fundamentales.
  • Acción para mejorar la regulación de las “armas fantasma”, que son armas sin serie e imposibles de rastrear, que se pueden construir en casa sin una verificación de antecedentes y que se han utilizado cada vez más en delitos violentos en todo el país.
  • Cierre de una brecha existente en la interpretación actual de la ley que permite a la industria de armas evadir una mayor regulación de los rifles de cañón corto, a través de la artimaña de comercializarlos como soportes de pistolas.
  • Publicación de un informe anual que analiza los métodos comunes de tráfico ilegal de armas, para ayudar a los legisladores y las fuerzas del orden a frenar esta peligrosa conducta.
  • Creación de una legislación modelo para que los estados promulguen leyes de órdenes de protección de riesgo extremo, una política que proporciona una herramienta para que los tribunales desarmen temporalmente a las personas cuyo comportamiento demuestra que representan un riesgo inminente de daño a sí mismos o a otros.

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