Washington, D.C. — La tarde del lunes, un hombre armado con una AR-15 abrió fuego en un supermercado de Boulder, Colorado, cobrando la vida de 10 personas que no hacían nada más que realizar su vida diaria. Una de las víctimas fue un profesional de primeros auxilios.
En respuesta a este último tiroteo masivo, Winnie Stachelberg, vicepresidenta ejecutiva de Asuntos Externos del Center for American Progress, emitió la siguiente declaración:
El tiroteo ayer en la tienda de abarrotes King Soopers en Boulder, Colorado, que mató a 10 personas -un ataque violento contra gente que hacía una de las diligencias más básicas y un profesional de servicios de emergencia- es devastador, especialmente porque se produce cuando la nación aún se tambalea por los horribles tiroteos en el área de Atlanta hace apenas unos días. La realidad es que 2020 fue un año brutal para la violencia armada, con un aumento de los homicidios en muchas ciudades y un estimado de 43.000 personas muertas por disparos. Esta es nuestra historia, exclusivamente estadounidense; sin embargo, no debemos volvernos complacientes y aceptar este nivel de violencia armada en nuestras comunidades. Todas las demás naciones de altos ingresos del mundo han descubierto cómo proteger a sus residentes de ser asesinados a tiros mientras se dedican simplemente a vivir su día a día. Ya es por lejos hora de que hagamos lo mismo.
En una lúgubre coincidencia, el Comité Judicial del Senado tiene una audiencia esta mañana sobre la violencia armada en los Estados Unidos y las soluciones de políticas para abordarla en todas sus formas. Después de años de ignorar este problema y gobernar en base de antinomias de cabildeo de armas, el Senado debe ahora actuar con urgencia para fortalecer las leyes de armas de nuestra nación para proteger mejor a nuestras comunidades. El simple hecho es que las leyes sobre armas funcionan: los estados que han promulgado leyes más estrictas sobre armas tienen tasas significativamente más bajas de violencia armada. A pesar de las protestas contrarias de la Asociación Nacional del Rifle, la Segunda Enmienda no es una barrera para la promulgación de regulaciones razonables sobre armas de fuego. El Senado debe tomar medidas rápidas sobre políticas, tales como la verificación de antecedentes universales y el cierre de la laguna jurídica de Charleston; aumentar los fondos para programas comunitarios de intervención contra la violencia; promulgar una ley de riesgo extremo, y garantizar que todos los abusadores domésticos y aquellos que cometen delitos de odio tengan prohibida la posesión de armas. La administración Biden también debe tomar acción ejecutiva para apoyar estas medidas y fortalecer la supervisión regulatoria de la industria de las armas.
La violencia con armas de fuego no es inevitable y hay mucho más que nuestros legisladores electos pueden hacer para prevenirla. El momento de actuar es ahora mismo.
Para obtener más información o hablar con un experto, no dude en contactar a Ricardo Rauseo a rrauseo@americanprogress.org.