Hoy, el Center for American Progress publicó un informe sobre la aplicación de la ley fronteriza en un evento con la Representante Estatal de Arizona Kyrsten Sinema (D-Phoenix), Principal Abogado General Diputado del Departemento de Seguridad Interna David A. Martin, y Edward Alden, Miembro Senior del Council on Foreign Relations, moderado por Marshall Fitz de CAP.
Washington, D.C.- Durante los últimos cinco años los Estados Unidos ha emprendido una amplia iniciativa para la aplicación de la ley inmigratoria. Escrito por C. Stewart Verdery, ex subsecretario para la política de seguridad fronteriza y de transporte en el Departamento de Seguridad Nacional del 2003 al 2005, el informe que aparece más abajo clasifica la gama de medidas y la amplitud de recursos para la aplicación de la ley que se han utilizado durante este período.
El Center for American Progress (CAP) estima que la aplicación estricta de la ley en la frontera y la aplicación rigurosa de la ley en el centro laboral a los empleadores que violan la ley son componentes fundamentales de un sistema migratorio racional. No obstante, eso no significa que apoyemos todas las tácticas de aplicación de la ley que se han adoptado en el transcurso de los últimos cinco años.
Muchas de las iniciativas que se detallan en este informe reflejan los pasos sensatos que se han dado con el fin de restablecer el estado de derecho. Pero CAP considera que otros —por ejemplo el denominado “programa 287(g)”— asignan recursos en forma desacertada y han causado un efecto destructivo en las comunidades. Desde el punto de vista del CAP, las iniciativas como la ampliación de las políticas de expulsión expedita y detención obligatoria también suscitan serias preocupaciones sobre la equidad, la proporcionalidad y el debido proceso legal. Además, cabe observar que cualquier aparato masivo de aplicación de la ley lucha por mantener la integridad de las normas establecidas y ejecutar las prioridades directivas. De modo que hasta las políticas de aplicación de la ley diseñadas de manera inteligente pueden tornarse profundamente defectuosas a la hora de aplicarse, lo que provoca violaciones generalizadas de los derechos y otras consecuencias no deseadas.
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