Washington, D.C. — Luego que la Corte Suprema de EE.UU. rechazó bloquear una ley de Texas (S.B. 8, en inglés) que veta el aborto después de seis semanas -prohibiendo en la práctica casi toda la atención del aborto en el estado-, Jamille Fields Allsbrook, directora de Salud y Derechos de la Mujer del Center for American Progress, emitió la siguiente declaración:
De un plumazo en plena noche, la Corte Suprema ha dejado en pie una ley claramente inconstitucional que busca eliminar los derechos de las mujeres y gestantes a determinar lo que pasa con sus propios cuerpos. Esta acción se llevó a cabo sin una sesión informativa completa, un argumento oral o una audiencia.
La negativa de la Corte para frenar una flagrante violación a casi 50 años de precedente, ya está teniendo consecuencias en la vida de las personas en Texas, quienes actualmente no pueden acceder a la atención que necesitan. Asimismo, la negativa de la Corte a actuar pone en peligro los derechos reproductivos de millones de personas en todo el país. Socava la legitimidad del Tribunal y representa una amenaza para el Estado de Derecho. La Corte eficazmente ha consentido un plan de ejecución retorcido y sin precedentes, construido con la intención de circunvenir una ley bien establecida. Esto convierte a ciudadanos particulares en cazarrecompensas y empodera a los justicieros anti-aborto para demandar a cualquiera que brinde asistencia a alguien accediendo a la atención del aborto después de seis semanas. Como escribió la jueza Sonia Sotomayor en el disenso: “la ley es un asombroso acto de desafío a la Constitución, a los precedentes de esta Corte y a los derechos de las mujeres que buscan abortos a través deTexas”.
No se debe permitir que el Tribunal más alto de nuestra nación opere en la oscuridad, sin rendición de cuentas. A un único presidente no se le debería haber permitido designar a un tercio de la judicatura a través de una manipulación de las reglas implementadas con fines políticos, haciendo que la magistratura se tumbara hacia la extrema derecha y fallara en reflejar la voluntad del pueblo. La acción de la Corte en este caso demuestra que es imprescindible promulgar reformas de sentido común, como límites de mandato y medidas de transparencia, para asegurar que la Corte Suprema sirva y refleje mejor la voluntad del pueblo. Ahora es más urgente que nunca que el Congreso apruebe legislación para asegurar el derecho y la capacidad de acceder a la atención legal del aborto, incluso aprobando la Ley de Protección de la Salud de la Mujer y la Ley de Igualdad de Acceso a la Cobertura del Aborto en el Seguro Médico.
Para obtener más información o hablar con un experto, no dude en contactar a Ricardo Rauseo a rrauseo@americanprogress.org.