DECLARACIÓN: La corte de Apelaciones rechazó la petición de emergencia para levantar la suspensión que bloquea DAPA y la implementación de DACA

Por Jennifer Molina | Publicado el 26 de Mayo de 2015

Washington, D.C. — Hoy, la corte de Apelaciones del 5to Circuito de los Estados Unidos falló a millones de familias inmigrantes a través del país, las cuales se beneficiarían de la implementación de la expansión del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, y el programa de Acción Diferida para los Padres de Ciudadanos Estadounidenses y Residentes Permanentes Legales (DACA y DAPA respectivamente, por sus siglas en inglés). El 5to Circuito rechazó la petición de emergencia del gobierno de los EE.UU. para levantar la suspensión que temporalmente ha bloqueado la entrada en vigor de la implementación de DAPA y expansión DACA. En respuesta a esta decisión, Marshall Fitz, Vicepresidente de Inmigración del Center for American Progress, emitió la siguiente declaración:

La decisión de hoy por la corte de Apelaciones para el 5to Circuito mantiene vigente el mandato judicial emitido por el Juez Andrew Hanen, quien fue nombrado por el expresidente Bush. Hanen publicó una incoherente diatriba de 123 páginas, con el objetivo de bloquear la expansión de DACA y la implementación de DAPA, pero luego emitió una decisión diseñanada estrictamente sobre una violación del Acta de Procedimiento Administrativos (Administrative Procedure Act, o APA por sus siglas en inglés). La opinión del 5to Circuito, emitidas por dos de los jueces de Apelación más conservadores del país, sigue de cerca la conclusión improbable del juez Hanen sobre la base que tiene Texas para demandar, y sus conclusiones defectuosas de los hechos sobre la existencia de discreción. En una opinión disidente de la mayoritaria, el juez Stephen Higginson sostiene que bajo jurisprudencia del mismo 5to Circuito, este acto de ejercer autoridad ejecutiva no debería ser determinado por las cortes. Su disidencia clarifica que la expansión de DACA y la implementación de DAPA deberían moverse adelante sin obstrucciones y que depende del Congreso, no de las cortes, de decidir lo contrario.
El resultado neto de las decisiones legales emitidas por jueces nombrados por Bush y Reagan es que el statu quo permanece en efecto para millones de familias estadounidenses de todo el país que han estado esperando un alivio temporal de la amenaza omnipresente de la deportación. Esta demanda por motivos políticos presenta casi exclusivamente por los gobernadores y los abogados generales conservadores, por ahora, ha logrado su objetivo: la preservación de la inestabilidad económica y social de millones de individuos, familias y comunidades en todo el país. En esta sede judicial, su ataque partidista contra las familias estadounidenses ha sido redactado en términos legales, pero su mensaje a esta comunidad no puede ser más claro: “Nosotros no los queremos aquí”.
Y para entregar este mensaje, están dispuestos a renunciar a miles de millones de dólares en crecimiento económico, ingresos más altos para todos los estadounidenses, y decenas de miles de puestos de trabajo creados cada año. Es uns continua indignación que en los Estados Unidos de América, jueces activistas estén fortaleciendo un ataque político para bloquear una política que no les gusta.

Para hablar con un experto, favor de ponerse en contacto con Jennifer Molina via email a jmolina@americanprogress.org o por teléfono al 202.796.9706.
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