Washington, D.C. — La Corte Suprema de EE.UU. anunció hoy que aceptará un desafío a la prohibición de Mississippi de realizar abortos después de las 15 semanas de embarazo. El caso se produce luego que decenas de estados han promulgado recientemente -o están considerando- prohibiciones y restricciones a la atención del aborto. También es el primer caso importante relacionado con el aborto desde que el juez Brett Kavanaugh y la jueza Amy Coney Barrett se unieron a la Corte. Jamille Fields Allsbrook, directora de Salud y Derechos de las Mujeres de la Iniciativa de Mujeres del Center for American Progress, emitió la siguiente declaración:
La decisión de la Corte Suprema de retomar argumentos sobre la prohibición del aborto de 15 semanas de Mississippi representa una amenaza directa al derecho constitucional de los estadounidenses al aborto seguro y legal, según lo establecido en Roe vs. Wade hace casi 50 años, y reafirmado por la Corte en Casey hace 30 años. Si el tribunal mantiene la prohibición de Mississippi, abriría las puertas a más restricciones y enviaría una señal clara a los políticos de todo el país de que no se puede confiar en que las mujeres y otras personas que dan a luz tomen sus decisiones personales sobre la atención de salud.
Los riesgos no podrían ser mayores. No sólo es demasiado difícil acceder a la atención del aborto en muchas regiones del país -en particular para las personas de color y las que viven en el sur y el medio-oeste-, sino que las prohibiciones previas a la viabilidad también representan una amenaza específica para la salud de las embarazadas, dado que muchas no saben que lo están hasta bien entrado el primer trimestre. Además, es posible que algunos no puedan acceder al aborto antes de la prohibición mientras buscan recursos, ahorran dinero o hacen arreglos de viaje para acceder al aborto.
Varios estados tienen estatutos que terminarían efectivamente el derecho al aborto si la Corte Suprema revierte a Roe, haciendo que el anuncio de hoy sea un recordatorio importante de que los legisladores deben ser proactivos para protegerlos y confirmar a los jueces que reconocen este derecho constitucional ante los tribunales federales y estatales.
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