Ayer el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) emitió una carta al Congreso en la que se anuncia una nueva iniciativa para concentrar sus recursos en las deportaciones de máxima prioridad y en detener las deportaciones de casos de baja prioridad como los niños, las familias militares, las personas que fueron traídas aquí a temprana edad, las parejas del mismo sexo y las personas que son el sostén único de sus familias. El Center for American Progress ha dado a conocer la declaración siguiente:
Aplaudimos al Departamento de Seguridad Nacional por dar este paso importante y bien recibido encaminado a armonizar nuestras prácticas de cumplimiento de la ley inmigratoria con los valores y prioridades de la nación. Al enfocar nuestros recursos del cumplimiento de la ley en aquellas personas que constituyen una amenaza a nuestras comunidades y no en los inmigrantes que no han cometido delito alguno, estas normas harán más seguras a nuestras comunidades, ahorrará dinero a los contribuyentes y mantendrán el compromiso de nuestro país con el estado de derecho.
Esta iniciativa representa otro paso en el proceso de hacer más eficaz y coherente nuestro régimen de cumplimiento de la ley inmigratoria al dar seguimiento a un memo sobre la discrecionalidad en el enjuiciamiento emitido por el Director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas John Morton el 17 de junio, en el que se enuncian claramente las prioridades de cumplimiento de la ley de la agencia.
La iniciativa lanzada ayer es un gigantesco paso de avance en la instrumentación de las directrices trazadas en el memo de Morton y que extienden su aplicación a todo el sistema inmigratorio. Este esfuerzo interinstitucional sin precedente, que incluye al Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza y los Servicios de Inmigración y Ciudadanía, normalizará las prácticas de deportación y aplicación de la ley para asegurar que los recursos se desplieguen en forma eficaz a nivel de todo el sistema.
Como Angela Kelley, vicepresidenta de Política y Abogacía Inmigratoria, señala: "La priorización de los recursos y el otorgamiento de discrecionalidad a los fiscales para decidir los casos a enjuiciar es parte fundamental de cualquier esfuerzo de las autoridades—y aplaudimos a la administración por llevar esta discrecionalidad a todas las facetas del sistema inmigratorio”.
Estas guías no constituyen un debilitamiento de la ley inmigratoria sino un fortalecimiento de ésta al permitirles al DHS y al DOJ que dejen de desperdiciar los recursos del contribuyente en personas que no representan ninguna amenaza a la seguridad pública como son los padres trabajadores, los estudiantes que abogan por el DREAM Act que fueron traídos a este país a temprana edad por motivos no imputables a ellos y las parejas del mismo sexo simplemente por su orientación sexual.
Como observa Jeff Kelley, Director de Investigación y Comunicación de LBGT en American Progress: “Aunque se requiere una nueva legislación para que las parejas homosexuales sean tratadas de manera igual que las parejas heterosexuales bajo las leyes inmigratorias, el anuncio de hoy del gobierno de Obama será de enorme utilidad para las parejas binacionales del mismo sexo y ayudará a muchos de ellos a mantener su unión en los Estados Unidos”.
Consideramos que estas nuevas guías sean un avance importante en la creación de un sistema inmigratorio más inteligente y más eficiente. Pero como señala Kelley, "Nos mantendremos vigilantes para asegurar que la política que se aplique en la práctica sea igual a la política que está en el papel y que el gobierno garantice la aplicación clara y completa de las directrices a nivel de todas las agencias".
Y si bien esta iniciativa debe llegar lejos en el empeño de hacer el cumplimiento de la ley inmigratoria más inteligente, más eficiente y más humano, no es una solución a los males que aquejan a nuestro sistema inmigratorio. Esperamos que los republicanos y los demócratas sean capaces de unirse para hacer de la reforma inmigratoria integral una realidad, pero teniendo en cuenta el estado actual de oposición republicana a cualquier cosa que no sea el cumplimiento de la ley a cualquier costo y con mano dura, es posible que los mejores intereses del pueblo norteamericano tengan que esperar.
Para conversar con los expertos de la política inmigratoria de CAP, favor de comunicarse con Raúl Arce-Contreras al rarcecontreras@americanprogress.org o al 202.478.5318.
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