Ayer una jueza federal en Arizona ha ordenado que provisiones clave de la ley S.B. 1070 de Arizona sean bloqueadas temporalmente mientras se espera un juicio sobre la ley completa. La corte decretó que el Departamento de Justicia tiene la posibilidad de ganar en cuatro de las seis provisiones que fueron específicamente cuestionadas en la demanda. La jueza negó el pedido del gobierno federal de bloquear la implementación de la legislación completa y solo decretó en las provisiones que el Departamento de Justicia explícitamente demandó. La corte ha bloqueado temporalmente la implementación de las siguientes provisiones de la ley:
- Requerir que un oficial realice un intento razonable de determinar el estatus migratorio de una persona detenida o arrestada si existe una sospecha razonable de que la persona se encuentra ilegalmente en los Estados Unidos, y requiera la verificación del estado migratorio de cualquier persona previo a su liberación.
- Convertir en un crimen el no solicitar o portar documentos de registro de residencia.
- Convertir en un crimen el solicitar o pedir empleo y trabajar si uno es un extranjero sin autorización.
- Autorizar un arresto sin tener una orden judicial, en donde existe una causa probable de creer que dicha persona ha cometido una ofensa pública que lo conlleve a su deportación de Estados Unidos.
A continuación una declaración de Angela M. Kelley, vicepresidenta de política migratoria y activismo para el Center for American Progress, con motivo de la decisión de la corte.
“Finalmente, un debate sensato sobre la inmigración comienza a originarse en Arizona. Los argumentos razonables han prevalecido el día de hoy cuando la jueza de la corte distrital de Estados Unidos, Susan Bolton, sabiamente prohibió la implementación inmediata de algunas de las provisiones más onerosas de la ley S.B. 1070. Estuvo de acuerdo con el gobierno federal en cuanto a que la ley S.B. 1070 entra en conflicto e interviene en la autoridad federal de manejar asuntos inmigratorios y la aplicación de tal ley. Continuó diciendo que la aplicación de estas provisiones clave ‘probablemente afectaría a los residentes legales e interferiría con la ley federal’.
La decisión de la jueza es sensata y debería enviar un fuerte mensaje a Washington. Los legisladores federales de ambos partidos deben dar la cara y trabajar en aras de una solución duradera para las comunidades de nuestro país, en vez de permitir que los estados se conviertan en experimentos de la aplicación de la ley inmigratoria que obliga a la policía hacer lo que no quiere y convierten a las personas en un blanco solo por la manera en la que lucen”.
Para hablar con nuestros expertos sobre este tema, favor de comunicarse con Raúl Arce-Contreras al 205.478.5318 o rarcecontreras@americanprogress.org
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