Ayer el Congresista Lamar Smith (R-TX) presentó el Acta de la Fuerza Laboral Legal de 2011 (Legal Workforce Act of 2011) el cual ampliaría dramáticamente y obligaría a todos los empleadores estadounidenses a que usen E-Verify, el sistema gubernamental de autorización de trabajo basado en el Internet. A continuación sigue la declaración de Angela Maria Kelley, Vicepresidente de Política y Abogacía Inmigratoria en CAP.
Los co-patrocinadores del Acta de la Fuerza Laboral Legal de 2011 le han dado en el blanco a una trifecta de políticas contraproducentes apoyando un programa que incrementa el déficit, rompe la espina dorsal de las empresas pequeñas, y que no llega a resolver el problema. El proyecto de ley, el cual exige un sistema de verificación masivo, es el nuevo juguete de moda al cual aquellos que apoyan la restricción inmigratoria se han abalanzado ya que este apoya sus fantasías de una deportación masiva. Sin embargo, el evitar la realidad—el tratar con los trabajadores indocumentados realísticamente—en la búsqueda de esta fantasía, tendría un costo grave para la economía del país.
El autorizar un sistema fundamentalmente defectuoso como E-Verify sin proporcionar las bases para una fuerza laboral legal le costaría al gobierno federal miles de millones de dólares en ingresos perdidos y cientos de millones de dólares para ponerlo en práctica. La Oficina Presupuestaria del Congreso calculó el golpe a los ingresos de un proyecto de ley similar a un sorprendente total de $17,3 mil millones. El Departamento de Seguridad Nacional estima que los costos de las operaciones podrían llegar a costar hasta $838 millones en cuatro años, una cifra que la organización no partidista, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, considera baja y se describe como "mínimamente creíble."
Peor aún, se estima que a las pequeñas empresas les costaría alrededor de $2.6 mil millones poder cumplir con el mandato sin fondos de este proyecto de ley, e impondría un impuesto a los trabajos de millones de estadounidenses que tendrían que cumplir con las nuevas normas. Además de exprimir a las pequeñas empresas y los estadounidenses que buscan trabajo, cerca de 800.000 trabajadores estadounidenses legales perderían sus empleos debido a errores del sistema. Y como sal en la herida, E-Verify tiene un historial pobre de identificar a los indocumentados. Más de la mitad de todos los trabajadores indocumentados (54 por ciento) seguirían trabajando sin ningún problema. Lejos de alcanzar el objetivo de expulsar a todos los inmigrantes no autorizados—planteada por aquellos que buscan restringir la inmigración—el restante 46 por ciento se verían empujados a la economía informal, donde sus contribuciones económicas no terminarían en los fondos del gobierno.
El país está en una situación económica debilitada. Sin embargo, los legisladores alegremente rompen las alcancías de los trabajadores y las pequeñas empresas en la búsqueda de fallidas medidas centradas en la deportación. Los legisladores interesados en la generación de ingresos y la creación de una fuerza laboral legal deberían ofrecer propuestas que requieren que los inmigrantes indocumentados se registren, paguen una multa, y adquieran la ciudadanía. Sólo estos cimientos plantarán una base sólida para un sistema viable de E-Verify.
Para hablar con expertos de CAP sobre este tema, favor de comunicarse con Raul Arce-Contreras al rarcecontreras@americanprogress.org o 202.478.5318.
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