Washington, D.C. — Miles de funcionarios públicos han perdido sus empleos por acusaciones de corrupción pública similares a lo que Trump ya ha admitido, según un nuevo análisis del Center for American Progress.
Entre 1999 y 2018, el Departamento de Justicia de EE.UU. condenó a más de 14.000 funcionarios públicos a nivel federal, estatal y local en casos de corrupción pública. La mayoría de estos casos resultaron en la renuncia, destitución y/o una sentencia en prisión.
La lista incluye a un funcionario de New Jersey que trató de castigar a un alcalde local por deslealtad; un comisionado de agricultura de Kentucky, que usó fondos oficiales para su beneficio personal, y un tesorero del estado de Pennsylvania que amenazó a dos ciudadanos si se negaban a ayudar en su campaña a gobernador.
El caso contra el presidente Donald Trump es claro: utilizó el poder de su cargo para retener la ayuda militar de Ucrania con el propósito de interferir en las elecciones de 2020. Como muchos expertos han argumentado, esto fue soborno, fraude y traición a su juramento al cargo. Trump debe rendir cuentas, tal como cualquier otro funcionario electo que infringe la ley, según el análisis.
Lea la columna “Public Officials Who Betray the Public Trust Pay the Price—So Should the President”, por Will Ragland y Ryan Koronowski.
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