Washington, D.C. – Hoy, el Center for American Progress público una serie de datos porque la ley de Alabama es un desastre para las familias, la agricultura, la educación, las comunidades religiosas, y para la seguridad comunitaria. Estos datos analizan cómo la ley H.B. 56 está dañando la economía del estado, socavando la seguridad, y poniendo en peligro el bienestar de los niños y sus familias en todo el estado.
Los datos incluyen:
- 10 razones porque la nueva ley de inmigración de Alabama es un desastre para la agricultura
- 10 Razones porque la nueva ley de inmigración de Alabama es un desastre para la educación
- 10 razones porque la nueva ley de inmigración de Alabama es un desastre para las comunidades religiosas
- 10 razones porque la nueva ley de inmigración de Alabama es un desastre para las familias
Desde que la ley entró en vigor, empleadores en Alabama han perdido clientes y trabajadores. Los dueños de negocios han reportado que las ventas han bajado un 60 por ciento. Los trabajadores indocumentados, así como trabajadores residentes con estatus legal, están huyendo del estado por el temor que sus familiares indocumentados sean detenidos.
La Federación de Agricultores en Alabama calcula alrededor de $63 millones en pérdidas en la agricultura después que la ley entró en vigor. De hecho, un economista de la Universidad de Alabama, estima que la economía del estado perdería $ 40 millones si sólo 10.000 inmigrantes indocumentados dejaran de trabajar en el estado.
Además, las autoridades de Alabama están gastando considerables sumas de dinero para defender una ley que criminaliza la condición de el 2,5 por ciento de la población. Si Alabama fuera a expulsar todos los indocumentados, perdería los $ 130 millones en impuestos que esta población contribuye al estado.
Pero quizás la consecuencia más costosa de esta nueva ley es el costo humano, sentido por los 2.285 estudiantes hispanos con miedo de asistir a clases después de la resolución de la juez Sharon Lovelace Blackburn sobre provisiones claves de HB 56, lo cual puso a los 28.000 niños que son ciudadanos a riesgo de ser separados de sus familias y tener que someterse a la custodia de los programas de crianza del estado.
Para hablar uno de nuestros expertos sobre este tema (en inglés o en español), favor de comunicarse con Laura Pereyra a lpereyra@americanprogress.org o por teléfono al 202.741.6258.
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