Washington, D.C. — En una nación donde entre 265 y 393 millones de armas de fuego aproximadamente están en manos civiles, los propietarios y los distribuidores de éstas tienen una responsabilidad fundamental en tomar medidas para garantizar que ellas no sean vulnerables al hurto. Desafortunadamente, nuevos datos sugieren que en estados de todo el país, esto no sucede.
Según un nuevo análisis de datos publicado hoy por el Center for American Progress, entre 2012 y 2017, 1,8 millones de armas fueron robadas a particulares en todo el país mientras que otras 53.900 fueron robadas del inventario de los distribuidores de armas. Dado que los propietarios de armas de fuego en la mayoría de los estados no están legalmente obligados a denunciar a las fuerzas de orden público el robo de sus armas, probablemente estas estimaciones son un recuento insuficiente del número real de armas robadas.
“Las armas robadas presentan un riesgo significativo para la seguridad de la comunidad en todo el país”, dijo Chelsea Parsons, vicepresidenta de Prevención de la Violencia Armada en CAP. “Las armas son peligrosas y bienes duraderos que no desaparecen una vez son robados.Con demasiada frecuencia, éstas terminan en tráfico ilegal o son utilizadas en crímenes violentos. Los propietarios y comerciantes de armas, por lo tanto, tienen la tremenda responsabilidad de tomar medidas para ayudar a asegurar estas armas y prevenir su robo”.
La nueva columna es una actualización de un informe publicado en 2017 que analiza el alcance y la escala de armas robadas en los Estados Unidos. Proporciona un desgloses por estado de la cantidad de armas robadas a propietarios de armas individuales entre 2012 y 2017, así como el número de robos a comerciantes de armas con licencia de 2012 a 2019.
La columna también describe varias propuestas de políticas públicas de sentido común, a nivel federal como estatal para reducir o prevenir el robo de armas, incluido el requisito de que los comerciantes de armas implementen medidas de seguridad más fuertes; permitir que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) realice una supervisión más sólida de los distribuidores de armas; mejorar la recopilación de datos sobre el robo de armas, y exigir o incentivar a los propietarios de armas a almacenarlas de manera más segura.
“Los datos disponibles muestran sólo una pequeña parte de un problema nacional”, dijo Eugenio Weigend Vargas, director asociado de Prevención de la Violencia Armada en CAP. “Los legisladores y propietarios de armas necesitan mucha más información sobre los tipos de armas que se están robando, las principales formas de cómo se están robando y dónde terminan, a fin de abordar este problema cada vez más creciente”.
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