Washington, D.C. — Hoy, el Center for American Progress publicó un informe nuevo que examina la evolución de la leyes inmigratorias en los estados a través del país. El informe analiza el papel significativo que juegan los estados y las localidades en la regulación de las vidas de los residentes inmigrantes.
En la última década, los gobiernos estatales y locales han producido un alto número de leyes relacionadas con inmigrantes y la inmigración. Muchas de las leyes o proyectos de ley entre los años 2004 y 2012 eran de una naturaleza restrictiva, haciendo la vida de los inmigrantes más difícil en las comunidades, el trabajo, y su vida diaria. En los últimos años, por la mayor parte, la tendencia ha cambiado, y un número creciente de estados están pasando leyes más acogedoras, con el propósito de integrar a los residentes inmigrantes y mitigar algunas de las consecuencias severas de la persecución inmigratoria. Estas leyes vienen en una variedad de formatos, desde proporcionar licencias de conducir y matriculación estatal, hasta limitar la cooperación con autoridades federales inmigratorias.
En general se cree que el aumento de leyes estatales anti-inmigrantes se debe al traslado de inmigrantes a lugares nuevos como Kansas, North Carolina, Georgia, entre otros, lo cual desató temores de amenazas culturales y económicas, preocupación por los crímenes, y desafíos locales como la aglomeración de gente en viviendas. El informe de hoy concluye que estos factores no explican por qué muchos estados aprobaron leyes tan severas y restrictivas. Los cambios demográficos en sí mismos no hicieron que el aumento de leyes anti-inmigrantes fuera inevitable, ni fueron el factor principal de su crecimiento. El análisis de CAP identifica otras causas como las fuerzas detrás de las políticas anti-inmigrantes a nivel estatal, incluyendo consideraciones de la política local, la polarización de la política nacional, y la falta de acción a nivel federal.
El informe también identifica dos factores principales que influenciaron el desplazamiento de estas leyes restrictivas hacia políticas dirigidas más hacia la integración: la Corte Suprema revocó gran parte del proyecto de ley S.B. 1070 en Arizona en el 2012, y la elección presidencial del 2012 proporcionó un cambio alejándose de leyes enfocadas en remover a los indocumentados a través del cumplimiento de la ley como una estrategia política. Leyes de integración pro-inmigrantes también se beneficiaron de una coalición más extensa de defensores de reforma inmigratoria, el enfoque de los estados en concentrar sus esfuerzos para enfocar el cumplimiento de la ley en criminales serios, y la acción ejecutiva del programa de Acción Diferida (DACA por sus siglas en inglés).
Lea el informe completo: Comprendiendo la inmigración a nivel federal en los EE.UU., por Karthick Ramakrishnan y Pratheepan Gulasekaram.
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