Escuche la teleconferencia aquí. (mp3, en inglés)
Washington, DC—Hoy, el Presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes Lamar Smith (R-TX) comenzó a considerar enmiendas a un proyecto de ley que haría que E-Verify, el sistema del gobierno basado en el internet que verifica si los empleados están autorizados para trabajar, sea obligatorio para todos los empleadores en Estados Unidos. El Center for American Progress organizó una teleconferencia de prensa ayer para discutir este proyecto de ley presentado por Smith, titulado el Acta de la Fuerza Laboral Legal (H.R. 2885). La teleconferencia incluyó la participación de expertos principales y una ciudadana de EE.UU. que perdió su trabajo debido a E-Verify.
Marshall Fitz, Director de Política Inmigratoria para el Center for American Progress, evaluó las crudas conclusiones del panel: "Con nuestra economía todavía luchando para componerse, es muy preocupante que nuestros funcionarios electos contemplen una propuesta política que seguramente pondrá obstáculos al crecimiento económico. Hacer que E-Verify sea obligatorio causará que cientos de miles de trabajadores estadounidenses pierdan sus puestos de trabajo. Le costará a las pequeñas empresas, que son el alma de la economía del país, $2,6 mil millones para ponerla en práctica. Y la Oficina de Presupuesto del Congreso dice que este programa empujará a más trabajadores al sector informal, dejando a los contribuyentes una enorme cuenta de $17 mil millones. Lo más desconcertante de todo es el por qué Smith invitaría a estas consecuencias de un sistema que no puede identificar a los trabajadores no autorizados más de la mitad del tiempo".
Tyler Moran, la directora de Política para el National Immigration Law Center, señaló que este costoso mandato del gobierno causaría que 770.000 estadounidenses pierdan sus empleos. Luego señaló que, además de ser una política absurda mientras las cifras de desempleo están estancadas en un 9 por ciento, también contradice a la agenda declarada por el liderazgo republicano: "Lo irónico es que lo que Smith propone está en conflicto directo con la agenda de los líderes republicanos—la creación de empleos y por lo general permitiendo que las pequeñas empresas sigan a flote. "
Esa no fue la única hipocresía expuesta durante la teleconferencia. Dan Griswold, director del Centro de Estudios de Política Comercial del Instituto CATO, señaló que al aumentar la carga sobre las empresas, esta propuesta va directamente en contra de la retórica republicana sobre la reducción de la burocracia y la eliminación de regulaciones. Griswold también argumentó persuasivamente que: "Este proyecto de ley se está vendiendo bajo la falsa esperanza de que va a crear empleos para millones de estadounidenses en busca de trabajo". Y agregó Fitz: "La verdad es que si [la propuesta] resulta en que 7 u 8 millones de trabajadores abandonen los Estados Unidos, crearía una pérdida de $2,6 billones en el PIB acumulado a través de 10 años".
El punto más importante en la teleconferencia, sin embargo, fue hecho por Jessica St. Pierre. Ella es una ciudadana de EE.UU. que fue despedida de su trabajo y estuvo sin trabajo durante tres meses debido a un error en el sistema E-Verify. St. Pierre es un claro ejemplo de que este no es un debate político abstracto, sino más bien un debate en el que los riesgos son altos para todos los trabajadores en este país. Según sus propias palabras, "yo había hecho todo bien, incluyendo ir a todas las agencias apropiadas para resolver esto. Me sentía tan impotente, como si no hubiera nada que pudiera hacer. "
El obligar el E-Verify, como lo haría la propuesta de Smith, no tiene sentido como una medida de control de la inmigración ya que el sistema no logra detener a los inmigrantes indocumentados más de la mitad del tiempo. Más importante aún, esta medida que elimina empleos y pone más carga en los negocios no podía llegar en peor momento para el pueblo estadounidense.
En los próximos días y semanas veremos si el celo de los partidistas antiinmigrantes supera al presunto compromiso del partido hacia la salud fiscal.
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