El martes pasado la Coalición para el Éxito Educativo, un grupo que aboga por varias universidades con fines de lucro, dio a conocer un conjunto de normas voluntarias para una conducta responsable para gobernar a las universidades con fines de lucro. Las normas requieren que las prácticas de contratación sean éticas y la información clave en temas como las tasas de graduación, los resultados de empleo, y los procedimientos de ayuda financiera sean transparentes.
La autorregulación es un objetivo admirable, pero sólo funciona si el alcance de las normas coincide con la magnitud del problema que pretenden abordar. En este caso, las normas de la coalición no hacen más que pequeños ajustes en los bordes de las disfunciones profundas evidentes en algunas universidades con fines de lucro.
El siguiente cuadro refleja el porcentaje de estudiantes que se inscribieron a una universidad con fin de lucro de cuatro años en 2003 y que habían alcanzado algún tipo de credencial de educación superior dentro de seis años, divido por grupos raciales y étnicos selectos.
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Es evidente que existen retos significantes en estas universidades. Menos del 2 por ciento de las mujeres afroamericanas lograron a recibir una licenciatura—y solo el 15 por ciento de ellas recibieron algún tipo de credencial.
Este gráfico ilustra el lado contrario—el porcentaje de estudiantes que comienzan en universidades con fines de lucro y que no hayan alcanzado una credencial dentro de los seis años:
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En el mejor de los casos—el de los hombres blancos—menos del 50 por ciento de alumnos no han logrado una credencial de educación superior después de seis años. Y un increíble 85 por ciento de las mujeres afroamericanas no tenían nada que mostrar por sus esfuerzos educativos después de seis años.
Los datos indican que el sector con fines de lucro tiene problemas profundos. Los problemas son probablemente el resultado de una combinación de fallas, incluyendo tácticas de reclutamiento de alta presión, mala preparación académica y plan de estudios y servicios de apoyo que no proporcionan una oportunidad adecuada para lograr una educación de calidad.
Las normas de la coalición sólo enfrentarán a una pequeña porción de estos defectos—el reclutamiento por estas universidades y sus prácticas de inscripción. Y al subrayar la divulgación de información sin un enfoque simultáneo en el aumento de la calidad, las normas promueven la idea de que evitar programas de mala calidad es responsabilidad del estudiante, y que las universidades no tienen la responsabilidad de ofrecer buenos programas.
El sector de las universidades con fines de lucro necesita normas para la conducta responsable. Sin embargo, para hacer normas significativas, las universidades deben reconocer la magnitud de los problemas de su sector. Y deben asumir la plena responsabilidad por su papel en la creación de estos problemas.
Julie Margetta Morgan es Analista Político del Programa de Educación Postsecundaria.