Los medios de comunicación pueden reimprimir esta columna siempre y cuando se incluya la información del autor y su afiliación. Podrá ser editada por longitud y formato siempre y cuando se notifique al Center for American Progress. Fue publicada originalmente por American Progress aquí.
Por Scott Lilly
En menos de una semana, luego de que la Comisión de Apropiaciones de la Cámara ordenara sus asignaturas finales a su personal, su nuevo presidente, el Rep. Hal Rogers (R-KY), les otorgó a sus subcomités una semana para buscar los $44 mil millones en recortes del “gasto discrecional no seguro” para este año. Los recortes ordenados por el presidente del Comité del Presupuesto de la Cámara, el Rep. Paul Ryan (R-WI) reducirá las apropiaciones anuales para programas de esa categoría en un 9.5 por ciento, pero ya que el año fiscal está por terminar, la reducción en niveles operacionales se acercará al 19 por ciento para muchos programas. La Cámara se prepara para votar sobre la propuesta la próxima semana.
El espacio de tiempo que el Rep. Rogers y el resto del liderazgo se han planteado significa que aquellos que voten sobre la propuesta, incluyendo 93 nuevos miembros de la Cámara, tienen poco tiempo para entender cómo los grandes cambios en el presupuesto de—literalmente — miles de programas federales impactarán el país en general o a los votantes de sus distritos. No se han llevado a cabo audiencias, ni peticiones para testificar, ni siquiera una oportunidad para que el personal encargado de proponer los recortes realice un análisis agencia por agencia, y evalúe las posibles consecuencias.
En una columna anterior, ofrecí un ejemplo de cómo esa clase de recortes afectarían el FBI, el cual, como la mayoría de las agencias que hacen cumplir la ley, es clasificado como “programa no de seguridad” y sujeto a los mismos recortes de gastos que Head Start o la ayuda extranjera.
El FBI actualmente opera bajo una resolución continua a una tasa de consumo de $7,8 mil millones en su año fiscal 2010. Cuando la legislación sea ratificada como ley, es razonable asumir que $3,9 mil millones, cerca de la mitad del presupuesto anual, se habrán gastado. Un recorte del 9,5 por ciento significará que el FBI contará con cerca de $3,2 mil millones para operar en su segundo semestre del año, lo que equivale a un 81 por ciento de su nivel actual.
Pero el problema es más grave aún. Los gastos de personal representan cerca del total de los presupuestos anuales del FBI y muchas agencias en el gobierno federal. En el FBI, 96 por ciento del presupuesto es dirigido a salarios y beneficios para sus 33 mil empleados. La única forma en que se pueden absorber recortes de gastos más grandes que un pequeño porcentaje es a través de despidos al personal.
El problema no radica en la incapacidad de despedir agentes del FBI u otros empleados federales, pero en que ahorramos muy poco dinero a corto plazo al llevar a cabo semejante medida. En un periodo de seis meses, los gastos de rescisión pueden fácilmente ser más grandes que los ahorros en la nómina. Este problema existe no solamente en programas que aplican la ley federal, sino también en agencias como la Comisión del Mercado de Valores, el Servicio de Impuestos Internos, y otras operaciones relativamente esenciales tales como el Buró de Prisiones, la Administración de Aviación Federal, el Servicio de Inspección de la Seguridad Alimentaria, y así sucesivamente.
Muchas de estas organizaciones no podrían alcanzar un recorte del 19 por ciento en gastos dentro de un periodo de seis meses incluso si éstas cerraran por completo.
Estos pueden ser ejemplos extremos. Y estoy seguro que ninguno, incluso muchos Republicanos de la Cámara, desean suspender por completo el FBI o muchas de las otras agencias que he mencionado. Pero eximir a las agencias puede hacer que los recortes propuestos sean más extremos para otros programas. Estos incluyen virtualmente todo lo que invertimos en educación, cuidado médico, ciencias e infraestructura. Este es un proceso que garantiza consecuencias enormemente indeseables y desagradables.
Aunque los $44 mil millones que el Rep. Ryan insiste que cortemos del gasto nacional se aplicarán solamente a una fracción del presupuesto, esto aun podría ocasionar un inmenso daño a una infraestructura y servicios gubernamentales rigurosamente necesarios.
Lo peor de todo es que los Republicanos de la Cámara no usan las herramientas básicas del proceso legislativo, tales como indagaciones extensas, la publicación de los cambios legislativos propuestos y solicitud de comentarios públicos. Las audiencias programadas con respecto a las necesidades presupuestarias de estas agencias se llevarán a cabo después de que la Cámara haya votado.
Esto es una vergüenza para el proceso legislativo y un verdadero peligro para la población estadounidense. Los líderes de la Cámara necesitan rechazar ese planteamiento y proponer una alternativa que les asegure que todos entendamos lo que estamos recortando y qué beneficios y costos surgirán de estos recortes.
Scott Lilly es Miembro Senior del Center for American Progress
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