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Por Marshall Fitz y Raúl Arce-Contreras
Estos días, la expresión "seguridad en la fronteras primero" es una frase popular en el Congreso. La Cámara de Representantes, liderada por los republicanos, ha llevado a cabo numerosas audiencias enfocadas en la frontera y se espera muchas más. También se espera que los republicanos de la Cámara introduzcan legislación que requerirá que el Departamento de Seguridad Nacional presente un plan de cinco años para establecer el control de fronteras operativas en un plazo de 180 días. Por su parte, varios senadores republicanos han declarado rotundamente que la reforma inmigratoria está muerta hasta que la frontera esté segura.
Este enfoque singular en la seguridad fronteriza es imprudente. La seguridad fronteriza es una preocupación compartida por todos. Pero el control operativo, definido como la prevención de "todas las entradas ilegales a Estados Unidos", es inalcanzable. Y este enfoque también oculta los enormes logros hacia un mayor control fronterizo realizados por el DHS bajo el Presidente Bush y el Presidente Obama.
Más importante aún, al concentrarse exclusivamente en la seguridad fronteriza y la aplicación de leyes, los legisladores ignoran los efectos devastadores que tiene una política represiva sobre los trabajadores, familias y comunidades. La aplicación de ley encima de un sistema que no funciona crea más disfunción y más sufrimiento sin resolver el problema. Sólo un enfoque integral para la reforma inmigratoria puede lograr soluciones verdaderas.
Los partidarios de la "seguridad en la frontera primero" están impidiendo soluciones que mejorarían la seguridad mientras se restaura el imperio de la ley y nuestros valores. Según un nuevo informe del Center for American Progress, los principales argumentos de dichos partidarios se basan en tres primicias: que el "control total" de la frontera es realista y alcanzable, el público estadounidense sólo apoyará la reforma migratoria una vez que las fronteras estén plenamente seguras, y que la administración actual no está comprometida con la seguridad fronteriza.
Estos argumentos son falsos.
La evidencia y el sentido común confirman lo que dicen los expertos: es imposible controlar cada centímetro de nuestras fronteras norte y sur, y de nuestras costas. Al contrario, una efectiva política de seguridad fronteriza debe facilitar el flujo de bienes y personas y al mismo tiempo identificar y detener a los que pretenden hacernos daño. Se debe maximizar el control y gestión de riesgos mediante la inclusión de reformas a la regulación del flujo de participantes legítimos en Estados Unidos, mientras se trata con la actual población indocumentada.
Las encuestas muestran que los estadounidenses prefieren un enfoque pragmático para arreglar el sistema de inmigración, incluso en estados muy conservadores. Por ejemplo, en Idaho, el 73 por ciento de la población registrada apoya a un programa que permite a que los inmigrantes indocumentados permanezcan permanentemente en los Estados Unidos. Y Utah aprobó recientemente una ley que mezcla las duras medidas de Arizona con medidas que permitan a la población indocumentada del estado a buscar el estatus legal. Investigaciones de opinión pública constantemente demuestran el deseo del público para la reforma y la aplicación de la ley.
Por otra parte, mientras que los comentaristas conservadores afirman que las leyes inmigratorias y el control de las fronteras han sido imprudentemente laxas durante la administración de Obama, la evidencia muestra que los esfuerzos de la administración para aplicar la ley inmigratoria realmente superan las del Presidente George W. Bush. El gobierno de Obama ha deportado a 779,000 personas en los últimos dos años, lo cual es 18 por ciento más en comparación al número de personas que la administración de Bush deportó en sus dos últimos años. La Iniciativa de Comunidades Seguras, la polémica estrategia para mejorar los métodos de identificación de extranjeros criminales, y el programa 287 (g), programa que permite a ciertos oficiales de policía local a aplicar leyes inmigratorias, han aumentado de forma espectacular bajo la administración actual.
Además, el DHS ya ha cumplido o superado los puntos de referencia que proponentes de “frontera primero” trazaron en un fallido proyecto de ley en el 2007. Por ejemplo, ahora se gasta $17 mil millones al año en la vigilancia fronteriza, en comparación con aproximadamente $12 mil millones en 2007. La legislación de 2007 exigió 20.000 agentes de la Patrulla Fronteriza. Ahora hay 21.370 agentes de la Patrulla Fronteriza y más de 20.600 funcionarios de aduanas estacionadas en los puertos de entrada. El uso de herramientas de identificación en los empleos ha aumentado, y nuestras fronteras se han reforzado considerablemente a través de la tecnología y la construcción.
Los proponentes de la “seguridad fronteriza primero" impiden las reformas necesarias a nuestro sistema de inmigración y mejoras para nuestra seguridad nacional. El compromiso de la administración para aplicar las leyes inmigratorias y fronterizas es indiscutible. El deseo del público estadounidense para soluciones realistas es claro. Los legisladores federales ya no pueden razonablemente esconderse detrás de clamores para asegurar la frontera primero. La única solución realista a nuestro sistema de inmigración disfuncional es a través de una reforma inmigratoria integral.
Marshall Fitz es Director de Política Inmigratoria para el Center for American Progress. Raúl Arce-Contreras es Asistente de Prensa para los Medios Étnicos para American Progress.
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