Los medios de comunicación pueden reimprimir esta columna siempre y cuando se incluya la información del autor y su afiliación. Podrá ser editada por longitud y formato siempre y cuando se notifique al Center for American Progress. Fue publicada originalmente en americanprogress.org/espanol.
Por Jessica Arons, Alex Walden
La semana pasada, varios hombres que decían ser traficantes sexuales visitaron los centros de salud de Planned Parenthood en cinco estados—Arizona, Indiana, Nueva Jersey, Nueva York y Virginia—y Washington, D.C. buscando información sobre cómo Planned Parenthood podía proveer servicios a menores de edad que formaban parte de una red de traficantes sexuales . Resulta que uno de los hombres envueltos en estas visitas es asociado o influenciado por Live Action, una organización radical anti-aborto mejor conocida por usar grabaciones secretas y manipuladas para sus campañas contra el aborto. Organizaciones como Live Action han tratado en repetidas ocasiones de “engañar” a Planned Parenthood para ponerlos en problemas con la ley y el público.
Sin embargo, Planned Parenthood es una organización que provee servicios de planificaron familiar
a millones de personas y familias que no tienen seguro médico. Muchos de ellos provienen de comunidades de bajos ingresos o son inmigrantes. La financiación gubernamental permite que Planned Parenthood provea servicios de planificación familiar, exámenes para detectar infecciones transmitidas sexualmente y cáncer del sistema reproductor, cuidado prenatal, y cuidado básico para las mujeres y comunidades marginadas. Estos servicios representan el 97 por ciento del cuidado médico que Planned Parenthood suministra.
Una de las metas de Live Action es la de influenciar a miembros del Congreso a que retiren fondos para Planned Parenthood. No es coincidencia que este incidente surgió justo después de la presentación del H.R. 217, o la “Acta de Prohibición a Proveedores de Aborto, Titulo X” de Mike Pence (R-IN). La legislación fue presentada con el propósito específico de quitarle fondos a Planned Parenthood.
Entonces, ¿qué es lo que está en juego? Planned Parenthood opera 820 centros de salud en todo el país y suministra cuidado de salud reproductiva y sexual, educación, e información para más de 5 millones de hombres, mujeres y adolescentes cada año. Estos servicios podrían desaparecer completamente si no se cuenta con financiación continua.
En trucos anteriores similares, la fundadora de Live Action, Lila Rose, visitó las clínicas de Planned Parenthood fingiendo tener 15 años de edad (cuando ya era una adulta) buscando un aborto, acompañada de un hombre que pretendía ser su novio de 23 años de edad. Usó cámaras escondidas para obtener un video que apoyaría su reclamo de que Planned Parenthood no estaba reportando casos de violación sexual.
Rose también trabajó con James O'Keefe para pintar una imagen de Planned Parenthood como una organización racista. En ese proyecto, los actores que llamaron a clínicas de Planned Parenthood alrededor del país se hacían pasar por donantes que buscaban donar dinero únicamente para abortar bebés afro estadounidenses. .
Estas tácticas son relacionadas directamente con la operación infiltrada lanzada por James O' Keefe contra ACORN, una entidad dedicada a organizar personas de medianos y bajos ingresos en asuntos de vivienda y otros de relevancia para sus comunidades. La revelación del video de O'Keefe donde aparecen empleados de ACORN resultó en la desfinanciamiento de dicha entidad, lo que conllevó a su bancarrota.
Actualmente es prohibido que Planned Parenthood use el dinero de los contribuyentes para pagar por un aborto. Esto significa que los ataques de Live Action y el Rep. Pence en contra de la financiación de Planned Parenthood no es un ataque contra el aborto, pero contra los múltiples servicios que Planned Parenthood ofrece—y, contra los proveedores de servicios comunitarios que se preocupan por las personas que a menudo no tienen a dónde ir para recibir un cuidado médico de calidad.
Jessica Arons es Directora y Alex Walden es un Analista de Política del Programa de Salud y Derechos para la Mujer en el Center for American Progress.
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