Los medios de comunicación pueden reimprimir y editar esta columna por longitud y formato siempre y cuando se incluya la información del autor y su afiliación y se notifique al Center for American Progress. Fue publicada originalmente por el Center for American Progress en inglés aquí y en español aquí.
Por Jessica Arons 12 de julio, 2012
Washington, D.C. – En la reciente decisión de la Corte Suprema que apoyó el Acta de Cuidado Asequible, también conocido como Obamacare, una cuestión importante ante la Corte fue si sería coercitivo para el gobierno federal amenazar con retirar la financiación federal actual de Medicaid, el programa conjunto federal-estatal de seguro de salud para los pobres, si los estados no amplían el programa en conformidad con un nuevo requisito en la ley de reforma de la salud. La Corte falló que sí es coercitiva tener este requisito.
Aquí se presentan los seis datos claves que usted necesita saber sobre la decisión de la Corte y cómo afectará a las mujeres, los trabajadores pobres, y los gobiernos estatales y federales.
El gobierno federal mantiene su autoridad, pero pierde su poder de implementación
La Corte Suprema dijo que los estados pueden decidir si participarán en la expansión de Medicaid establecida bajo el Acta de Cuidado Asequible. Eso significa que los estados deben tener la opción de tomar o dejar los nuevos fondos que se ofrecen para la expansión de Medicaid. Si aceptan los nuevos fondos, deberán cumplir con las nuevas reglas del programa, lo que significa expandir la elegibilidad a cualquier persona que cumpla ciertos requisitos de ingresos.
Pero si los estados deciden no participar en la expansión, el gobierno federal no les puede sancionar quitándoles fondos de Medicaid que ya reciben. Esto significa que los gobernadores tienen absoluta libertad para decidir si sus estados participarán en la expansión. Siete estados ya le hannegado la cobertura de Medicaid a millones de ciudadanos que serian elegibles bajo la expansión de Obamacare. .
Los trabajadores pobres sufrirán si los estados no participan en la expansión de Medicaid
Bajo las reglas anteriores de Medicaid, sólo ciertas categorías de personas pobres, como las mujeres embarazadas, padres con hijos dependientes, los discapacitados y los ancianos podrían calificar para Medicaid. Pero bajo la expansión de Medicaid, cualquier persona puede calificar para recibir Medicaid siempre y cuando su ingreso anual sea menos que el 138 por ciento del nivel federal de pobreza. [1] Además, el Acta de Cuidado Asequible ofrece créditos fiscales que ayudan a las personas con ingresos entre 100 por ciento y 400 por ciento del nivel federal de pobreza ($11,170 a $43,320 para un individuo) para comprar seguro de salud privado.
Dos grupos de personas serán excluidos si un estado decide no ampliar su programa de Medicaid: 1) aquellos que ganan menos de 100 por ciento del nivel federal de pobreza, pero no califican bajo una de las categorías tradicionales de Medicaid, incluyendo a las personas que están solteras, sin hijos, o no viven con sus hijos, y 2) personas de bajos ingresos que califican para asistencia para la prima bajo el Acta de Cuidado Asequible, pero que no pueden encontrar un seguro que pueden comprar o usar. La mayoría de las personas en estas dos categorías son trabajadores con bajos salarios.
Las mujeres tienen más que perder
Las mujeres representan una parte desproporcionadamente alta de los beneficiarios de Medicaid por tres razones: los requisitos categóricos de elegibilidad tradicional (como estar embarazada o ser madre), las mujeres viven por más largo tiempo, y el hecho de que las mujeres son más propensas que los hombres de ser pobres. De hecho, las mujeres constituyen actualmente el 68 por ciento de todos los adultos inscritos en Medicaid.
Mucho más hombres serán capaces de inscribirse en Medicaid cuando se determina la elegibilidad solamente por el nivel de ingresos. Sin embargo, de los aproximadamente 15 millones de adultos elegibles para la cobertura de la expansión de Medicaid, alrededor de 10 millones de ellos – o dos tercios de la población de la ampliación de Medicaid – son mujeres que no son ancianas.
Ya quelas mujeres pobres que están embarazadas o con hijos ya califican para Medicaid en muchos casos, la mayoría de las mujeres que viven bajo del nivel de pobreza que son elegibles para la expansión no tienen hijos. Pero muchas de aquellas mujeres cuyos ingresos están entre el 100 por ciento y 138 por ciento del nivel federal de pobreza probablemente sí. Además, muchas de las mujeres que califican para la expansión forman parte de los trabajadores pobres – sirvientas, camareras y ayudantes de salud en el hogar cuyos empleos no ofrecen beneficios pero ganan demasiado para calificar para Medicaid, pero no lo suficiente para adquirir seguro privado propio.
La decisión podría sentar un mal precedente para otros programas de bienestar social
El alcance completo de la opinión de la Corte es claro, pero es ciertamente posible que los estados utilicen este precedente para cuestionar si una serie de programas de bienestar social y los estatutos de derechos civiles son inconstitucionalmente coercitivos bajo el del fallo de Medicaid. .Las leyes federales que limitan sanciones por el incumplimiento de un Estado a la negación de fondos federales para un pequeño programa de gobierno o una pequeña parte de un programa grande podrían resultar en un mejor argumento durante una revisión Constitucional, pero la puerta para impugnar estas leyes ha sido abierta.
Los Estados no pueden darse el lujo de no participar en la expansión
El gobierno federal paga en promedio aproximadamente el 57 por ciento de los costos totales de Medicaid bajo el programa actual. Sin embargo, bajo el Acta de Cuidado Asequible, el gobierno federal pagará el costo total de la expansión de Medicaid por los primeros dos años, desde 2014 hasta 2016. La participación del gobierno federal, entonces se reducirá al 95 por ciento en 2017 y, finalmente, el 90 por ciento en 2020.
Pero incluso cuando los estados tienen que pagar el 10 por ciento de la cobertura para el nuevo grupo de participantes, los estados se ahorrarán mucho más de lo que gastan. Es porq
ue actualmente pagan altos costos por atención no compensada obtenida por los que no tienen seguro medico en los hospitales públicos y clínicas, y porque las primas de seguros para los empleados estatales y otros están inflados para cubrir los costos que resultan del cuidado de los no asegurados.
Bajo la expansión, los estados serán capaces de aumentar el número de personas aseguradas por un promedio de 25 por ciento, con un aumento en el costo estatal de menos del 3 por ciento. Un informe del Consejo de Asesores Económicos calcula que California gastaría casi $ 2 millones con la expansión, pero se ahorrarían más de $ 2,2 mil millones. En un tiempo en que los presupuestos estatales se están reduciendo, estos ahorros son críticos.
La respuesta inicial de Medicaid fue lenta, pero últimamente exitosa
Cuando Medicaid se promulgó por primera vez en 1965, los estados tuvieron la opción de participar o no en el programa. Tomó tiempo, pero todos los estados se unieron al programa en 1982. Un lapso de tiempo parecido puede ocurrir con esta expansión, pero últimamente todos los estados probablemente participarán en la expansión porque es una oferta demasiada buena para rechazar.
El fallo de la Corte Suprema sobre la expansión de Medicaid del Acta de Cuidado Asequible ha creado un bache en el largo viaje de nuestro país hacia la cobertura de salud universal, pero los incentivos a participar en la expansión son fuertes para los estados. Todos los estadounidenses merecen tener acceso a seguro de salud asequible. Sólo podemos esperar que este momento político pase rápidamente para que podamos volver a la tarea de reparar la deteriorada red de seguridad social de nuestra nación.
Jessica Arons es la Director del programa de la Salud y los derechos de las Mujeres en el Center for American Progress.
Vea también:
· Interactive Map: Why the Supreme Court's Ruling on Medicaid Creates Uncertainty for Millions by Maura Calsyn and Emily Oshima
Notas finales
[1] El umbral legal es de 133 por ciento de la línea federal de pobreza, pero un 5 por ciento de los ingresos de un individuo es omitido, que en realidad aumenta el límite a 138 por ciento de la línea federal de pobreza.