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Por Philippe Nassif
Un número de comunidades alrededor del país han intentado y en muchos casos aprobado con éxito una serie de controles inmigratorios que han alimentado el miedo en las comunidades latinas e inmigrantes. Pero como reveló un informe del Center for American Progress, estas comunidades gastan millones de dólares defendiendo estos estatutos inconstitucionales en la corte. Esto debilita los presupuestos, deprime las economías locales y divide las comunidades por motivos raciales y étnicos.
Una combinación de factores han convertido a los inmigrantes en vulnerables chivos expiatorios y han llevado a ciertas comunidades a tomar la ley federal de inmigración en sus propias manos, incluyendo las secuelas de la crisis económica y las subsiguientes tasas de desempleo, al igual que la falta de acción al nivel federal con respecto a la reforma de inmigración.
El informe deja en claro que estas medidas de aplicación de la ley contienen costos substanciales que se acumulan rápidamente. Arizona verá una pérdida de $388 millones en producción económica debido a las conferencias y encuentros de negocios perdidos en los próximos dos o tres años todo gracias a su ley inmigratoria, S.B. 1070. Se espera que el estado pierda $133 millones en salarios en los próximos dos o tres años por causa de la ley. Farmers Branch, Texas ha incurrido en gastos legales de más de $4 millones, a partir de 2006, para defender su estatuto anti-inmigratorio, y Hazelton, Pensilvania, ha gastado $2,8 millones defendiendo su ordenanza de control inmigratorio.
“Medidas como estas conducen su cuenta bancaria a la bancarrota”, dijo Ángela Kelley, Vicepresidenta de Política Inmigratoria y Abogacía para CAP, en una rueda de prensa en enero. “Las jurisdicciones gastarán sumas substanciales de dinero al implementar propuestas que, en muchos casos, van a perder en las cortes”.
Más aun, las medidas de aplicación de la ley inmigratoria local pueden causar un éxodo de inmigrantes en sus ciudades, lo que conduce a una pérdida de negocios e impuesto sobre los ingresos. “Cuando el poder adquisitivo abandona la comunidad y los pequeños negocios pierden esas ganancias y sus consumidores, ellos cierran sus puertas y las ejecuciones hipotecarias se agravan”, dijo el supervisor del Condado Prince William de Virginia Frank Principi durante la rueda de prensa junto con Kelley, explicando los efectos de un decreto local que el Condado de Prince William adoptó en 2007.
Pero eso no es todo. Las medidas locales de inmigración también tienen contundentes costos sociales. Las leyes que se enfocan en los inmigrantes crean profundas divisiones raciales en sus comunidades que pueden tomar muchos años en superar. Tomball, Texas, abandonó una propuesta para convertir el inglés en el idioma oficial debido a las divisiones que esta medida hubiese ocasionado.
Un reporte reciente del Southern Poverty Law Center, o SPLC, explica que estas ordenanzas anti-inmigratorias tienen sus orígenes en el Movimiento Nativista. Organizaciones nativistas prominentes tales como la Federation for American Immigration Reform, la cual SPLC cataloga como un grupo de odio, y el reconocido nativista Kris Kobach, el actual secretario de estado de Kansas y arquitecto de la ley S.B. 1070 de Arizona, son los cerebros detrás de muchas de estas leyes.
Las comunidades como Tomball, Texas y el Condado Prince William de Virginia se dieron cuenta del daño social y financiero causado por tales ordenanzas y han descartado planes de implementarlos. Otras comunidades que consideren tomar la aplicación de leyes inmigratorias en sus propias manos deberían tomar nota de ello. La verdadera solución a nuestro resquebrajado sistema inmigratorio está en las manos del Congreso y no en los gobiernos estatales y locales.
Philippe Nassif es un pasante universitario para los medios étnicos en el Center for American Progress.
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