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Por Jessica Arons y Lucy Panza | 29 de febrero, 2012
El viernes, 10 de febrero la administración del Presidente Obama publicó su reglamento final para la aplicación de la provisión de atención preventiva de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (Patient Protection and Affordable Care Act en ingles). A medida que se están adoptando las recomendaciones no partidistas del Instituto de Medicina, el Reglamento exigirá que todos los grupos y planes de salud, con la excepción de algunas entidades religiosas, puedan proporcionar la cobertura medica sin costo de todos los anticonceptivos aprobados por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA por sus siglas en ingles)-, entre otros tipos de cuidado preventivo. Esto significa que en el próximo año, los empleados tendrán acceso a toda la gama de métodos anticonceptivos sin tener que pagarlos co-pagos o deducibles. Esta política mejorara el acceso a un servicio de salud de vital importancia para millones de mujeres, especialmente, las mujeres de color que enfrentan a una serie de disparidades de salud.
Hay estudios que demuestran que los embarazos planificados y el planificar el nacimiento de los niños mejoran la salud de las mujeres y las familias, y por enda hay un menor número de complicaciones durante el embarazo, tales como nacimiento prematuro, bajo peso al nacer y la mortalidad infantil y de la madre. Sin embargo, las mujeres de color experimentan mayores tasas de embarazos no planeados que sus homólogas blancos: las mujeres negras tienen tres veces más probabilidades que las mujeres blancas de experimentar un embarazo no deseado, mientras que las latinas experimentan el doble de probabilidades. Esta nueva regulación que garantiza el acceso a métodos anticonceptivos sin costo alguno ledará a las mujeres de color una oportunidad muy necesaria para diminuir estas brechas.
Las mujeres de color, como grupo, también sufren tasas muy altas de enfermedades crónicas, incluyendo las condiciones relacionadas con el embarazo, que pueden ser prevenidas con el uso consistente de los anticonceptivos. Por ejemplo, las mujeres de color tienen tasas más altas de diabetes gestacional, que puede resultar con la diabetes tipo II permanente. De hecho, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos dicen que el simplemente ser indígena americano, asiático-americano, hispano, afroamericano, o de las islas del Pacífico lo hace un factor de riesgo para la diabetes gestacional. El acceso a la anticoncepción asequible le ayudaría a estas mujeresevitar embarazos no deseados y les permitiría controlar mejor su salud antes y durante el embarazo lo que les permite planear los embarazos deseados.
Además, los anticonceptivos orales se utilizan a menudo para tratar condiciones no relacionadas con la prevención del embarazo, como el síndrome de ovario poli quístico, que es frecuenta entre las mujeres de color que tienen historial familiar de diabetes y puede conducir al cáncer de ovario si no se trata. De hecho, el 14 por ciento de todas las mujeres que usan "la píldora" han usado anticonceptivos orales exclusivamente por razones médicas y el 58 por ciento de las mujeres han usado la píldora por razones adicionales o distintas de sus propiedades anticonceptivas.
Muchas de las disparidades de salud que las mujeres de color experimentan están relacionadas directamente a los obstáculos que enfrentan al intentar mantenerse sanas. Los anticonceptivos sin seguro médico pueden costar entre $1.000 y $6.000 al año. A lo largo del resto de su vida reproductiva, una mujer a final de sus años veinte podría gastar alrededor de $41.000 en los anticonceptivos orales sin seguro medico. Estos no son costos que las mujeres de color, quienes ganan salarios más bajos y que tienen tasas más altas de desempleo, pueden pagar. Como resultado, muchas mujeres simplemente viven sin anticonceptivos y corren el riesgo de todas las complicaciones de salud ya mencionadas, y más. En una investigación reciente, el 51 por ciento de las mujeres afroamericanas entre los 18 y los 34 dijeron que habían tenido dificultades pagando por los anticonceptivos, y en usarlos de manera consistente debido al costo. Afortunadamente, la reciente regulación preventiva de la Administración de Drogas y Alimentos eliminará los obstáculos fiscales a este importante aspecto del cuidado de salud reproductiva.
Investigaciones sobre las perspectivas de las latinas sobre el acceso a la anticoncepción revela que ellas reconocen esta necesidad y quieren enfrentarla. El Instituto Nacional Latino de Salud Reproductiva (NLIRH por sussiglas en ingles) publicó datos mostrando que el 97 por ciento de las latinas con experiencia sexual han utilizado un método de planificación familiar, y el 96 por ciento han usado un método de anticoncepción que está prohibido por el Vaticano, a pesar de ser católicas. Muchos hispanos religiosos apoyan la anticoncepción independientemente de lo que digan los líderes de la iglesia. Y el 89 por ciento de las votantes latinas entre los 18 a 34 apoyan la cobertura de anticoncepción sin copagos para todas mujeres.
Dadas las altas tasas de desempleo entre las mujeres de color, una regulación tal como esta que solamente trata con las obligaciones de los empleadores bajo la ley de Salud Asequible, no satisface las necesidades de todos. Las clínicas que ofrecen servicios de planificación familiar a las familias de bajos ingresos, por ejemplo, aún son proveedores vitales del cuidado preventivo y están fuera del mercado de seguro proporcionado por los empleadores. Sin embargo, esta regulación es un paso en la dirección apropiada hacia cobertura de anticoncepción universal sin costo, mandándoles el mensaje a las mujeres de color que su salud reproductiva también importa.
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On Friday, February 10 the Obama administration released its final regulation implementing the preventive care provision of the Patient Protection and Affor
dable Care Act. Heeding the nonpartisan recommendations of the Institute of Medicine, the regulation will require all group and employer health plans, with the exception of some religious entities, to provide no-cost coverage of all Food and Drug Administration-approved contraceptives, among other types of preventive care. This means that in the next year, employees will have access to the full range of contraceptive devices and supplies without the burden of co-pays or deductibles. This policy will improve access to a vital health care service for millions of women, especially women of color who face a number of health disparities.
Studies show that planned pregnancies and the spacing of children improve the health of women and families, including fewer pregnancy complications such as premature birth, low birth weight, and infant and maternal mortality. Yet women of color experience much higher unintended pregnancy rates than their white counterparts: Black women are three times as likely as white women to experience an unintended pregnancy; Latinas are twice as likely. This new regulation guaranteeing access to no-cost contraception will give women of color a much-needed chance to close these gaps.
Women of color as a group also suffer higher rates of chronic diseases, including pregnancy-related conditions, which can be prevented with consistent use of contraceptives. For example, women of color have higher rates of gestational diabetes, which can lead to permanent Type II diabetes. In fact, the American College of Obstetricians and Gynecologists lists simply being Native American, Asian American, Hispanic, African American, or Pacific Islander as a risk factor for gestational diabetes. Access to affordable contraception will help these women avoid unintended pregnancy and allow them to better manage their health before and during pregnancy by enabling them to plan wanted pregnancies.
In addition, oral contraceptives are often used to treat conditions unrelated to the prevention of pregnancy, such as polycystic ovarian syndrome, which is prevalent among women of color with a family history of diabetes and can lead to ovarian cancer if left untreated. Indeed, 14 percent of all women on "the pill" have used oral contraception exclusively for a non-contraceptive medical reason and 58 percent of women have used the pill for reasons in addition to or other than its contraceptive properties.
Many of the health disparities women of color experience are directly related to the steep cost barriers they face while trying to stay healthy. Contraception without insurance can cost anywhere from $1,000 to $6,000 per year. Over the remainder of her reproductive life, a woman in her late twenties could spend over $41,000 on oral contraceptives without insurance. These are not costs that women of color, who earn lower wages on average and experience higher rates of unemployment, can afford. As a result, many women simply go without their contraception and risk all the health complications described above and more. In a recent study, 51 percent of Black women ages 18 to 34 said they have had trouble purchasing birth control and using it consistently due to the cost. The recent Health and Human Services preventive care regulation will thankfully remove the financial obstacles to this important aspect of reproductive health care.
Research into Latinas' perspective on contraception access reveals that they recognize this need and want to address it. The National Latina Institute for Reproductive Health released data showing that 97 percent of sexually experienced Latinas have used a family planning method and 96 percent of them have used a contraceptive method that is banned by the Vatican despite being Catholic. Many religious Hispanics support contraception access regardless of what church leaders say. And 89 percent of Latina voters ages 18 to 34 support contraceptive coverage without co-payments for all women.
Given high unemployment rates among women of color, a regulation like this one that only governs employer obligations under the Affordable Care Act will not address everyone's needs. Title X clinics that offer family planning services to low-income families, for example, are still a vital provider of preventive care outside the employer-sponsored insurance market. Nevertheless, this regulation is a step in the right direction toward universal no-cost contraceptive coverage, sending women of color the message that their reproductive health matters, too.
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