Lea el informe aquí (en inglés)
Los medios de comunicación pueden reimprimir y editar esta columna por longitud y formato siempre y cuando se incluya la información del autor y su afiliación y se notifique al Center for American Progress. Fue publicada originalmente por el Center for American Progress aquí.
Por Vanessa Cardenas | 17 de febrero, 2012
El 2011 fue un año histórico para gente en el mundo quienes buscaron un mayor acceso a un proceso político democrático y abierto. Movimientos como la Primavera Árabe inspiraron a que mucha gente tomara acción y se involucrara políticamente, y el movimiento de Occupy Wall Street es una manifestación de ese deseo aquí en los Estados Unidos. Sin embargo, en lugar de hacer más fácil que ciudadanos estadounidenses participen en nuestro proceso democrático, existen esfuerzos fuertes y equivocados para hacerlo más difícil.
Estados en todo el país han promulgado o están en el proceso de promulgar una gama de leyes y políticas que hacen que el votar sea más difícil. Esta nueva ola de restricciones para los votantes no solo incluye leyes que requieren identificación con foto, sino también pruebas de ciudadanía, menores oportunidades para poder inscribirse como votante el mismo día, así como mas restricciones para restituir los derechos al voto a personas que hayan estado en la cárcel.
Según la organización no partidista, el Brennan Center for Justice, más de 5 millones de votantes podrían verse afectados por estas leyes y, como explicamos abajo, estas leyes son una manera costosa de arreglar un problema que no existe.
El fraude electoral no es un problema
Los defensores de las medidas de restricciones para votantes argumentan que el “fraude electoral” se ha proliferado. Pero los hechos desmienten esta alegación.
Por ejemplo, una investigación a lo largo de cinco años por del Departamento de la Justicia bajo el presidente George W. Bush encontró sólo 86 ejemplos de votos incorrectos entre 2002 y 2005. Un informe del Brennan Center publicado en 2007, “La verdad sobre el fraude electoral”, encontró que las alegaciones del fraude electoral a menudo son completamente falsas o demasiadas exageradas. Según los autores del informe, la suplantación de un votante – el tipo de fraude electoral que es el enfoque de este tipo de legislación– es “más raro que la muerte por un rayo”. Y en Virginia, que es uno de los estados que esta al borde de aprobar legislación de identificación del votante, proponentes de esta legislación no pudieron citar ni un solo ejemplo de fraude electoral en el estado.
La verdad es que la mayoría de los estados ya requieren que los votantes muestren una cedula de identificación en las urnas. El Help America Vote Act de 2002 estableció requisitos federales de identificación de votantes y requiere una cedula de identificación en las urnas para todos las personas que se inscribieron para votar por correo y que están votando por primera vez o si no presentaron una cedula de identificación al momento de inscripción. También existen fuertes penalidades para aquellos que, por ejemplo, traten de hacerse pasar por otra persona y para los que erróneamente llenan tarjetas de registración de votante.
Leyes de verificación de identificación de votante son caras, difíciles de implementar, y perjudiciales para el bolsillo de los estados
El Advancement Project calcula que los estados que contemplan un requisito de identificación con foto podrían enfrentar hasta $20 millones o más en costos.
Además hay muchos requisitos legales para implementar la legislación de identificación con foto. Primero, no se puede hacer que los votantes gasten dinero para ejercer su derecho a votar, o la propuesta seria inconstitucional. Las propuestas de identificación con foto entonces deberán cubrir los costos de proveer la cedula de identificación. Indiana, que tiene la ley de identificación con foto más estricta en la nación, gastó más de $10 millones para proveer las cedulas de identificación para los votantes que la necesitaban.
Además, los estados necesitarían gastar una gran cantidad de dinero para educar a los votantes sobre los cambios en las leyes, facilitar el proceso de obtener una cedula de identificación, y enfrentaran mayores costos administrativos para implementar estas nuevas medidas.
Estas leyes afectan a ciertos grupos de manera desproporcionada
Sin embargo, a pesar de que las repercusiones fiscales (y legales) son malas, lo que es más importante es el impacto que estas leyes tendrán sobre el derecho de las personas de votar, y en la habilidad de poder participar en lleno en nuestra democracia. Y como suele ser el caso, aquellos que tienen más que perder son los que sufrirían mas la carga de estos esfuerzos legislativos: los ancianos, los trabajadores de bajos ingresos, y las comunidades de color, ya que muchas veces estos carecen de las identificaciones necesarias y/o no tienen los medios para conseguir la documentación necesaria para obtener las cedulas de identificación con foto.
Según el estudio del Brennan Justice Center, los esfuerzos para implementar las leyes de identificación con foto, por ejemplo, podrían afectar a 3,2 millones de votantes en solo cinco estados (Kansas, Carolina del Sur, Tennessee, Texas y Wisconsin) – que es el número de personas que se estiman que no poseen identificación.
Y los esfuerzos para hacer más difícil el votar – tales como el limitar las campañas de registración de votante, el terminar la votación temprana y el hacer más difícil que se restituyan los derechos de votar a ex convictos – también afectan negativamente a los jóvenes y personas de color.
En 2008, solo en Florida se inscribieron por lo menos 176.000 votantes a través de campañas de votación, pero el estado aprobó una ley en el 2011 que cerró o eliminó la mayoría de las campañas e impuso nuevas restricciones y multas en grupos que dirigen las campañas de registración de votante. Incluso el League of Women Voters tomó nota de esta ley equivocada y anunció que después de 72 años dejarían de conducir sus campañas de registración de votante en aquel estado.
El poder votar temprano es también muy importante para aquellos que no pueden salir de sus trabajos para ir votar. La votación temprana permite que la gente vote antes del día de elección y así no tienen que sacar tiempo durante la jornada laboral. Aun así, nueve estados han presentado legislación para terminar con la votación temprana y por lo menos cuatro estados han buscado reducir las oportunidades de votación ausente, una herramienta de votación clave para los jóvenes en las universidades que esperan votar en su estado natal.
Adicionalmente, Florida y Iowa promulgaron leyes para privarles el derecho de votar a los ciudadanos con antecedentes penales, que hacen extremamente difícil restituir sus derechos para el voto cuando salen libres del sistema penal. Esta medida impactaría de sobremanera a los hombres afroamericanos quienes tienen cinco veces más probabilidades de ser encarcelados.
Estas leyes dañan a nuestra democracia
Cada año de elecciones, se nos recuerda que “cada voto importa” y que nuestro derecho (y responsabilidad) más importante como ciudadanos de nuestra democracia es que participemos en nuestro proceso político. Otros a través del mundo están luchando por ese derecho. Los esfuerzos de nuestros líderes electos entonces deberían estar enfocados en crear más oportunidades para la participación, y no en crear más obstáculos.
Vanessa Cárdenas es directora de Progress 2050 en el Center for American Progress.
###
Voter ID Laws Target the Most Vulnerable
Policies Making It Harder to Vote Disrupt Democracy
By Vanessa Cardenas | February 17, 2012
2011 was a historic year for people across the world wanting more access to a democratic and open political process. Movements such as the Arab Spring inspired people to take action and have a say in their political future, and the Occupy Wall Street movement is a manifestation of that desire here in the United States. Yet instead of making it easier for U.S. citizens to participate in our democratic process, there are strong and misguided efforts to make it more difficult.
States across the country have enacted or are in the process of enacting a range of laws and policies making it harder to vote. This new wave of voter restrictions not only includes photo ID laws but also proof of citizenship, reducing early and absentee ballot voting, ending same-day voter registration, and restrictions to restoring voting rights after incarceration.
According to the nonpartisan Brennan Center for Justice, more than 5 million voters could be affected by these laws and, as we explain below, they are an expensive way to fix a problem that doesn’t exist.
Voter fraud is not a problem
Proponents of voter restrictions measures argue that “voter fraud” is rampant. But the facts do not bear this out.
For instance, a five-year investigation by the Justice Department under President George W. Bush found just 86 instances of improper voting from 2002 to 2005. A Brennan Center report released in 2007, "The Truth About Fraud," found that allegations of voting fraud are often wholly inaccurate or heavily exaggerated. According to the report’s authors, voter impersonation—the type of voter fraud targeted by current voter ID legislation—is “more rare than death by lightning.” And in Virginia, which is one of the latest states very close to passing voter ID legislation, proponents could not cite one single example of voter fraud in the state.
The fact is that most states already require voters to show ID at the polls. The Help America Vote Act of 2002 established federal voter ID requirements and requires ID at the polls from all first-time voters who register by mail who fail to provide an ID at the time of registration. There are also harsh penalties for those who, for example, try to impersonate a voter or for those who erroneously fill out voter registration cards.
Additional voter ID verification laws are expensive, difficult to carry out, and bad for states’ bottom lines
The Advancement Project estimates that states contemplating a photo ID requirement could face up to $20 million or more in expenses.
There are also many legal requirements to implement photo ID legislation. For one, voters cannot be made to spend any money in order to exercise their right to vote or else the proposal could be unconstitutional. Photo ID proposals therefore must cover costs of providing ID. Indiana, which has the strictest photo ID law in the nation, spent more than $10 million to provide IDs to voters who needed one.
In addition, states would need to spend a substantial amount of money to educate voters about changes in the law, facilitate the process of obtaining an ID, and incur increased administrative costs to implement these measures.
These laws disproportionately affect certain groups
Yet as bad as the fiscal (and legal) repercussions are, what’s most at stake is the impact on people’s right to vote and their ability to participate fully in our democracy. And as is often the case, those who have the most to lose are the ones bearing the brunt of these legislative efforts: the elderly, low-income workers, and people of color, since they often lack forms of identification and/or sometimes do not have the means to get the necessary documentation to get their photo IDs.
According to the Brennan Justice Center study, efforts to implement photo ID laws, for example, could affect 3.2 million voters in just five states (Kansas, South Carolina, Tennessee, Texas, and Wisconsin)—the estimated number of people in those states who currently lack ID.
And the efforts to make voting harder—such as restricting voter registration drives, ending early voting, and making it more difficult for people with past felony convictions to get their voting rights restored—also negatively affect young people and people of color.
In 2008, Florida alone registered at least 176,000 voters through voter registration drives, yet the state passed a law in 2011 that closed or eliminated most drives as well as imposing new restrictions and potential fines on groups that conduct voter regis
tration drives. Even the League of Women Voters took note of the misguided law and announced that after 72 years they would no longer be running their regular voter registration drive in that state.
Early voting periods also are very important for those who cannot afford to take time off work to vote. They allow people to vote prior to Election Day to avoid missed work days. But nine states have introduced legislation to end early voting periods and at least four have made efforts to reduce absentee voting opportunities, a key voting tool used by young adults away at college hoping to vote in their home state.
Additionally, Florida and Iowa passed legislation to disenfranchise citizens with previous felony convictions, making it extremely difficult to restore their voting rights upon release. This would particularly impact African American men who are more than five times more likely to be incarcerated.
These laws harm our democracy
Every election year, we are reminded that “every vote matters” and that our greatest right (and responsibility) as citizens of our democracy is to participate in our political process. Others across the world are fighting for that right. Our elected officials’ efforts, then, should be focused on spending more energy creating opportunities for more participation and not on creating additional barriers.
Vanessa Cárdenas is the Director of Progress 2050 at the Center for American Progress.
###