Los restriccionistas en el Congreso y en los estados han estado ocupados proponiendo una serie de duras y perjudiciales medidas anti-inmigrantes en los últimos años. Su estrategia equivocada es de tratar de forzar a los inmigrantes a abandonar el país tras hacerles la vida lo más difícil posible.
Aunque estas legislaciones probablemente no avanzarán en un Congreso atascado y partidista, y muchos estados han rechazado proyectos de ley anti-inmigrantes, siempre existe la posibilidad de que cualquiera de estas propuestas podrían llegar a ser parte de un compromiso más amplio o ser parte de otra legislación como, por ejemplo, un proyecto de ley presupuestario. Y mientras que muchos estados ya concluyeron sus sesiones legislativas este año, los ejemplos recientes de Alabama y Georgia indican que la ola anti-inmigrante sólo continuará.
Observemos de cerca a las cinco amenazas legislativas a la inmigración:
1. El Acta HALT, H.R. 2497, presentado por el representante Lamar Smith (R-TX).
Este proyecto de ley elimina la capacidad de la administración de Obama de proporcionar discreción de la persecución penal, lo que restringe la capacidad del gobierno de enfocarse en la persecución y detención de los delincuentes, en vez de castigar a todos.
El Acta HALT también cerraría la poca flexibilidad que queda en la ley inmigratoria. Le quitaría al Departamento de Seguridad Nacional la capacidad de dar exenciones por dificultades a, por ejemplo, la esposa indocumentada de un soldado sirviendo en Afganistán para permanecer en los Estados Unidos.
Sin embargo, lo más atroz del proyecto de ley es que solo aplicaría a la administración de Obama. Este flagrante ataque político no tiene nada que ver con la resolución de los problemas inmigratorios del país y todo que ver con atacar al presidente. Y lo que es peor, impediría que las autoridades inmigratorias se enfoquen en las verdaderas amenazas para el país y en vez los obligaría a separar a las familias, deportar a niños, y perseguir a los infractores de tráfico en lugar de criminales peligrosos.
2. El Acta de la Fuerza Laboral Legal (Legal Workforce Act), H.R. 2164, presentado por el representante Lamar Smith (R-TX).
Esta acta hace que E-Verify, el sistema basado en Internet del gobierno federal que verifica la elegibilidad de trabajo, sea obligatorio para todos los empleadores en Estados Unidos. E-Verify es una herramienta para controlar la inmigración que le costará al gobierno federal mucho dinero, aplastará a las pequeñas empresas, e impondrá un impuesto del "derecho al trabajo". Debido a las altas tasas de error en las bases de datos gubernamentales del sistema, de tres cuartos de millón de estadounidenses, incluyendo ciudadanos, perderán sus empleos, mientras entre 1 millón a 3,5 millones se verán obligados a tomar tiempo fuera del trabajo para visitar a una oficina de la Administración del Seguro Social para corregir su información. Las pequeñas empresas tendrán que pagar $2,6 mil millones por año para ejecutar el sistema, y el gobierno federal perderá $17,3 mil millones en ingresos fiscales cuando los inmigrantes indocumentados desaparezcan de la economía legal y aparezcan en la economía de transacciones solo en efectivo.
Lo peor de todo, el sistema no puede detectar los trabajadores sin estatus legal a más de la mitad del tiempo.
3. El Acta de la Ciudadanía por Nacimiento de 2011 (Birthright Citizenship Act), H.R. 140, presentado por el representante Steve King (R-IA).
Este proyecto de ley revocaría el derecho natural a la ciudadanía. Haría cambios a la ley inmigratoria para que la ciudadanía al nacer sólo pueda concederse a los hijos de ciudadanos de EE.UU. o inmigrantes legales.
El cambiar los reglamentos para no permitirles la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados en realidad aumentaría el número de inmigrantes indocumentados en el país. Crearía una subclase permanente de personas. También obligaría a que todos los estadounidenses prueben su ciudadanía antes de obtenerla para sus hijos, imponiendo un nuevo mandato de gobierno engorroso y costoso para todos los ciudadanos, no sólo a los inmigrantes.
4. El Acta de Mantener a Nuestras Comunidades Seguras (Keep Our Communities Safe Act), H.R. 1932, presentado por el representante Lamar Smith (R-TX).
Esta acta proporciona la detención indefinida de ciertos inmigrantes. El Presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes Lamar Smith argumenta que la legislación aseguraría que los criminales violentos no sean liberados de nuevo en los Estados Unidos. Pero el proyecto de ley tiene tan extensa la gama de razones para sostener indefinidamente a una persona en detención de inmigrantes que sus disposiciones podrían ser interpretadas como aplicables a casi todos los inmigrantes detenidos.
Entre otras cosas, el proyecto de ley permitiría que el Departamento de Seguridad Nacional retenga a cualquier persona en procedimientos de deportación, incluso aquellos que soliciten asilo, durante el tiempo que les plazca. La ampliación de los actuales procedimientos de detención, que ya aseguran que cualquiera que supone una amenaza significativa para la comunidad se mantenga en detención, le costaría al gobierno una gran cantidad de dinero y dañaría a las comunidades de inmigrantes ya que mantendría a inmigrantes respetuosos de la ley lejos de sus familias.
5. Leyes anti-inmigratorias estatales: El Acta de Apoyo a las Autoridades de la Ley y Barrios Seguros (Arizona), S.B 1070, promulgada el 23 de abril de 2010; El Acta de la Reforma y Aplicación de la ley de la Inmigración Ilegal (Georgia), H.B. 87, promulgada el 13 de mayo de 2011; El Acta Beason-Hammon de Protección al Contribuyente y Ciudadano de Alabama (Alabama), H.B 56, promulgada el 9 de junio de 2011.
Estos tres proyectos de ley son los intentos para hacer la vida de los inmigrantes indocumentados la más dura posible. Incluyen penas severas para los que están sin estado legal y el mandato de que todos los residentes sean
capaces de comprobar su estado legal en todo momento. Permiten que la policía detenga a cualquier persona que sospechan razonablemente de ser indocumentados y verifiquen su estatus inmigratorio, lo cual los críticos argumentan que resultaría inevitablemente en la discriminación racial.
La ley de Georgia también exige el uso de E-Verify para todos los empleadores en el estado, mientras que la ley de Alabama, considerada la ley estatal inmigratoria más dura en el país, prohíbe que los estudiantes indocumentados asistan a universidades públicas, hace que el transporte intencional de inmigrantes indocumentados sea un crimen, y obliga a que los funcionarios de las escuelas públicas determinen el estatus inmigratorio de sus estudiantes.
Estas leyes subvierten el poder del gobierno federal para regular la inmigración y en su lugar imponen un mosaico de normas distintas.
Estas leyes también podrían ser costosas. Después de que los líderes fuera de Arizona llamaron por un boicot del estado siguiendo la promulgación de la S.B. 1070, solo las cancelaciones de conferencias y las pérdidas relacionadas con la industria del turismo le costaron al estado $253 millones en la producción económica.
Y aun luego que un juez federal emitió una orden preliminar para frenar dos disposiciones claves de la ley, la ley continúa afectando a la economía de Georgia. La Asociación de Productores de Frutas y Vegetales de Georgia estima que las pérdidas para el año 2011 alcanzarán los $250 millones, como resultado de que los trabajadores inmigrantes abandonen el estado y los cultivos se desperdicien en los campos. Una reciente encuesta realizada por la Asociación de Restaurantes de Georgia muestra que casi la mitad de los encuestados fueron incapaces obtener un número adecuado de personal en sus restaurantes.
En Alabama, el obligar a las escuelas a comprobar el estado inmigratorio de sus alumnos disuadirá a los estudiantes indocumentados de ejercer su derecho a inscribirse en las escuelas públicas, y convertirá a los maestros en autoridades inmigratorias, en detrimento de sus deberes regulares.
Philip E. Wolgin es un Analista de Política Inmigratoria para American Progress.