Este artículo se puede reimprimir por medios de comunicación siempre y cuando se incluya la información del autor. Fue publicado originalmente en americanprogress.org.
Por Pedro de la Torre III
El pasado jueves, el Senado aprobó el proyecto de ley de reconciliación en uno de los últimos pasos durante un año de lucha por la reforma de salud. Pero al mismo tiempo también aprobó una propuesta que ayudaría a millones de jóvenes a pagar la universidad—en especial a los latinos y afroamericanos.
La inversión en educación más importante dentro de la nueva ley, conocida como el Health Care and Education Affordability Reconciliation Act son los $36 mil millones que proporciona para el programa de becas Pell, el cual suministra becas basadas en necesidad a estudiantes de ingresos bajos y medios. Esta ley enlaza el monto máximo de una beca Pell con la inflación para así asegurar que mantenga más su valor con el tiempo, y aumenta el monto de la beca máxima a $5,550.
La nueva ley también hará que la deuda estudiantil sea más manejable, reduciendo los pagos mensuales requeridos de los prestatarios del programa Income-Based Repayment (Pago Basado en Ingreso) del 15 por ciento al 10 por ciento de ingreso libre—el cual constituye la cantidad del ingreso bruto ajustado menos el 150 por ciento del nivel de pobreza federal de acuerdo al tamaño de familia y el estado donde se viva—y reduciendo el tiempo que los prestatarios tienen que esperar para que sus prestamos sean perdonados de 25 años a 20 años. E invertirá miles de millones en instituciones que sirven a las minorías, los colegios y universidades históricamente negras, los programas de acceso a la universidad, y los colegios comunitarios.
De acuerdo a la administración si este proyecto de ley hubiese sido rechazado, el existente déficit de fondos en el programa hubiera obligado a reducir los niveles de becas a un 60 por ciento y echar a medio millón de estudiantes fuera del programa el próximo año. Las consecuencias para millones de estudiantes podrían haber sido graves con los recortes en los presupuestos estatales, ocasionando grandes aumentos de matriculas en todo el país al mismo tiempo que muchos están luchando con el desempleo u otros problemas económicos que les impiden contribuir tanto a su propia educación como a la de sus hijos.
Los estudiantes de minorías dependen en la beca Pell desproporcionadamente, por lo que el corte del programa hubiera dificultado particularmente la posibilidad que estudiantes puedan pagar su educación superior. Muchos del 46 por ciento de estudiantes negros y 39 por ciento de estudiantes hispanos quienes recibieron la beca en el 2007 y 2008 podrían ser forzados a recurrir a los peligrosos prestamos estudiantiles privados, comprometer sus estudios trabajando largas horas, o hasta privarse de una educación universitaria por completo.
Es verdad que muchos estudiantes de color reciben becas Pell, pero también enfrentan desproporcionadas necesidades —la cantidad todavía requerida para pagar la universidad incluso después de la contribución familiar esperada, todas las becas, y todos los prestamos no privados. Las mujeres también tienden a tener situaciones financieras más precarias cuando se trata de pagar la universidad.
Una sorprendente porción de todos los estudiantes—más de la mitad—enfrentan niveles de necesidad muy altos, y la Gran Recesión podría acrecentar este número aun más.
La crisis de asequibilidad universitaria ya está causando estragos en jóvenes y estudiantes de todo el país, por lo que el Senado hizo lo correcto en no dejarse distraer por los millones de dólares que gastaron las compañías de préstamos estudiantiles cabildeando en contra la reforma: asegurando que todos tengan la oportunidad de obtener una educación universitaria asequible.
Pedro de la Torre III es el Asociado Senior para Campus Progress.