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Por Angela M. Kelley y Gebe Martínez
La reciente demostración de bipartidismo en un proyecto de ley del Senado para impulsar el crecimiento de empleos fue tan raro que el líder de la Mayoría del Senado Harry Reid se mostraba francamente melancólico al decir, “Espero que esto sea el comienzo de un día nuevo en el Senado.”
En efecto, el saber que se está realizando progreso con las medidas adicionales para reducir el desempleo son buenas noticias. Pero un grupo de conservadores anti-inmigrantes está amenazando con votar en contra de estas medidas en una artimaña política para convertir este necesario debate económico en un ataque caprichoso en contra de los trabajadores inmigrantes. Este grupo de senadores quiere aumentar las actuales restricciones que prohíben a los empleadores contratar a inmigrantes indocumentados al agregar más sistemas agobiantes y defectuosos de verificación. Esto no sólo haría más difícil que los empleadores generen empleos, sino que además la inmigración indocumentada no tendría solución.
Si estos senadores realmente estuvieran enfocados en mejoras económicas que generen y sostengan empleos para los votantes en sus estados de origen, reconocerían que los inmigrantes no obstruyen el crecimiento económico—sino que en realidad lo fomentan. Numerosos estudios económicos de todo el espectro ideológico muestran que los trabajadores inmigrantes son importantes para el crecimiento económico.
Un reciente estudio por el Center for American Progress y el Immigration Policy Center demuestra que un paquete de la reforma inmigratoria integral daría paso a $1.5 billones adicionales en producto interno bruto sobre 10 años. Tal revisión del sistema de inmigración requeriría un programa riguroso que legalizaría a los actuales inmigrantes indocumentados, obligaría a los empleadores a seguir las leyes laborales y de salario justo, crearía un sistema flexible de visas para cumplir con las futuras necesidades económicas, y mantendría la aplicación de ley en la frontera.
Según este estudio el proveer derechos laborales en su totalidad a todos los trabajadores nacidos en EE.UU. y a los trabajadores inmigrantes resultaría en sueldos más altos, productividad más alta, e incluso reduciría la demanda de nuevos trabajadores inmigrantes que son fácilmente explotados y mal pagados. Los sueldos más altos de los trabajadores legalizados generarían de $4.5 mil millones a $5.4 mil millones en ingresos totales a raíz de los impuestos adicionales, y un aumento en los ingresos personales a esta escala generaría suficientes gastos de consumidores para sostener entre 750,000 a 900,000 nuevos empleos durantes los primeros tres años del programa.
El Instituto Cato de tradición libertaria llegó a conclusiones similares en un estudio separado el año pasado, el cual concluyó que la legalización de trabajadores inmigrantes poco calificados generaría “ganancias de ingresos significativas” para los trabajadores estadounidenses.
Aquellos que adoptan una línea dura en cuanto a la inmigración usan el miedo que tienen los trabajadores estadounidenses sobre la recesión al erróneamente decir que la inmigración indocumentada es una causa mayor del alto desempleo. Un reciente análisis hecho por el Economic Policy Institute rechazó esta idea equivocada, diciendo que, “más personas, incluyendo más extranjeros, no quiere decir menos sueldos o más desempleo. Si así sería, cada vez que naciera un bebe o un recién graduado entraría a la fuerza laboral, ellos perjudicarían a los trabajadores existentes..aunque nuevos trabajadores aumentan a la fuente laboral, también consumen bienes y servicios, creando así más empleos”.
Las ganancias económicas para el país que derivarían de una reforma inmigratoria integral y la estabilización de las condiciones de trabajo y sueldos que adquirirían los trabajadores a raíz de una reforma son razones claves por qué grupos sindicales se han unido en apoyo a la campaña para lograr la promulgación de dicho proyecto de ley. “La manera más directa de subir los estándares para todos los trabajadores—nativos e inmigrantes—es que el Congreso promulgue la reforma inmigratoria integral”, dijo Joe Hansen, presidente del sindicato internacional United Food and Commercial Workers, en una declaración.
Pero en vez de buscar nuevas formas de reimpulsar la economía, estos grupos de línea dura están impulsando nuevas restricciones en proyectos de ley pendientes sobre la creación de empleos que innecesariamente impedirían la posibilidad de que negocios contraten incluso a trabajadores nativos y a los que pueden legalmente trabajar en los Estados Unidos.
El enfoque del debate sobre los empleos debería ser en cómo darle a la economía el firme impulso que necesita para mantener la recuperación económica y reducir el desempleo. Pero los legisladores también deberían considerar la promulgación en los próximos meses de una medida de la reforma inmigratoria que prometería $1.5 billones en total al PIB de EE.UU. en un espacio de 10 años al aumentar los sueldos para el beneficio de trabajadores nativos e inmigrantes, subir el consumo de bienes y servicios, crear trabajos, e incrementar los ingresos de impuestos.
En cuanto a los que promueven una línea dura sobre inmigración, sería prudente de dejen de politiquear con importantes medidas económicas y consideren que aquel tema que les gusta politizar constituiría en realidad una ganancia económica.
Angela Kelley es Vicepresidente de Política Inmigratoria, y Gebe Martínez es una Escritora Senior y Analista Política, ambas del Center for American Progress