Los medios de comunicación la pueden reimprimir esta columna siempre y cuando se incluya la información del autor y su afiliación. Podrá ser editada por longitud y formato siempre y cuando se notifique al Center for American Progress. Fue publicada originalmente en americanprogress.org.
Por Araceli Ruano y Sean Pool. Traducido por Rebecca Friendly
La Ley de Soluciones para el Calentamiento Global en California (AB 32) se reconoce por ser la legislación ambiental más progresista que California ha tenido hasta el momento. Es una ley bipartidista que garantiza la energía limpia en California y que ha sido un modelo para la nación. Pero este noviembre los votantes de California la podrían destruir. Su revocación dañaría la emergente economía basada en mercados de energía limpia en California, inhibiría severamente el motor innovador que impulsa la energía limpia en los Estados Unidos y aumentaría la contaminación ambiental y nuestra dependencia en el petróleo de países extranjeros. También perjudicaría la posible creación de legislación ambiental integral en el ámbito nacional.
El esfuerzo para socavar esta ley pionera de energía limpia fue incorporada a la lista de proposiciones incluidas en las elecciones de noviembre bajo el nombre “Proposición 23” gracias a una campaña multimillonaria financiada por las grandes compañías petroleras de Tejas incluyendo Valero Energy Corp y Tesoro Corp.—dos de las diez compañías contaminadoras más grandes del estado. La Proposición 23 ordena “suspender las leyes estatales que requieren la disminución de las emisiones de gases de invernadero hasta que la tasa de desempleo en California baje a 5.5 por ciento o menor por cuatro trimestres consecutivos”. De manera engañosa, esta campaña ha presentado a la Proposición 23 como una iniciativa para rescatar empleos y así obtener el apoyo de votantes moderados. Pero debido a que la tasa de desempleo solo ha bajado a menos de 5.5 por ciento tres veces desde 1970, la proposición 23 podría resultar en una revocación permanente de la AB 32.
Aunque las compañías petroleras tejanas describen la Proposición 23 como una buena iniciativa para la economía, la realidad es que esta proposición sería de gran beneficio solamente para estas compañías. La Proposición 23 permitiría que los contaminadores no tengan que asumir responsabilidad por el daño que sus emisiones causan a las comunidades. Según un estudio de la Universidad del Sur de California, las comunidades de color y de bajos recursos económicos sufrirían más si la AB 32 fuese suspendida ya que esta ley regula refinadoras petroleras y plantas eléctricas que emiten contaminación, causan problemas respiratorios y que les cuesta miles de millones de dólares en gastos de salud al estado. Según el estudio, personas de color y de bajo recursos económicos viven más frecuentemente cerca de fábricas que emiten gases de invernadero. En fin, esta proposición perjudicaría a la comunidad latina
El reporte también encontró que algunas de las compañías petroleras como Valero y Tesoro, operan refinadoras que están causando los efectos más devastadores en estas comunidades. Tesoro figura en primer lugar entre las refinadoras en California que tienen un impacto dañoso y en segundo lugar por la cantidad de gases de invernadero que emite.
Además de los efectos adversos a la salud, la Proposición 23 retrocedería a California al camino de la dependencia de una energía que cada día sube de precio. El economista David Roland-Holst de la Universidad de California, Berkeley demuestra que la aprobación de la Proposición 23 aumentaría el costo de la electricidad un 33 por ciento para fines de esta década. Este aumento le costaría al estado de California unos $80 mil millones del producto interno bruto y eliminaría medio millón de empleos para el año 2020.
AB 32 ha promulgado inversiones privadas que han creado miles de compañías nuevas, empleos, y nuevas patentes. Es impresionante que aun durante la recesión de California, el sector de energía limpia haya continuado creciendo gracias a esta ley. La revocación de la ley paralizaría a estas industrias nacientes, lo que resultaría en pérdidas de empleos.
Si la Ley de Soluciones para el Calentamiento Global en California no se implementa, todos tendremos mucho que perder con respeto a nuestra salud y la salud de la economía. El votar NO a la Proposición 23 sería un triunfo para el estado de California y mandaría un mensaje muy claro a Washington que los ciudadanos quieren vencer a las grandes compañías petroleras.
###