El acuerdo de la deuda el pasado fin de semana no hace nada para ayudar con el problema más grande que enfrenta nuestra nación: el anémico crecimiento del empleo y una economía vacilante. De hecho, al poner una soga en las inversiones públicas y restringir más a la clase media, el acuerdo va directamente en la dirección equivocada. Desafortunadamente, los conservadores empujaron al país al borde de una calamidad económica que hubiera ocurrido si el Congreso no hubiera elevado el límite de la deuda. Precisamente porque los conservadores estaban dispuestos a cumplir esta amenaza irresponsable, este acuerdo sesga hacia las prioridades conservadoras.
Sin embargo, existe la posibilidad de una gracia salvadora. La comisión especial del Congreso creada por el acuerdo, que es responsable de identificar $1,5 billones en reducciones del déficit en los próximos 10 años, tiene la autoridad para recomendar políticas que impulsen a la economía de nuevo. Por consiguiente, a medida que el liderazgo en ambas cámaras y ambos partidos elijen a sus representantes, deberían seleccionar aquellos para quienes la creación de empleo y el crecimiento económico son las principales prioridades. Si el comité no puede producir un plan que fomente estos objetivos, las propuestas deben ser rechazadas.
Es especialmente importante que el comité elabore un plan que crear empleos y estimule el crecimiento porque las propuestas del comité vendrán después de una serie de recortes enormes que tendrán consecuencias económicas negativas. El acuerdo comienza con un límite en los gastos discrecionales que restringen más a los programas domésticos no militares que a los del Pentágono. En general, como categoría, los gastos discrecionales no militares incluyen las inversiones públicas más importantes de nuestro gobierno federal, incluyendo la construcción y reparación de carreteras, la educación, la investigación y desarrollo científico, los proyectos de energía limpia, y la investigación del cuidado de la salud. Les damos crédito a los que negociaron el acuerdo por exonerar a los programas más importantes que sirven a familias de bajos ingresos en la primera ronda de recortes, ya que estos no están en la sección de “discrecionalidad” del presupuesto. La red de la seguridad económica del país ya se encuentra muy porosa. El hacer más recortes sería una grave injusticia, sobre todo porque es una legislación que no le pide nada a los más ricos o a las corporaciones más grandes.
La primera etapa de los recortes a gastos discrecionales de defensa y no militares recortará el presupuesto por $1 billón en los próximos 10 años. La segunda etapa es cuando el comité especial del Congreso se involucra.
Este comité estará integrado por 12 miembros del Congreso: seis de cada partido y de las dos cámaras. Es importante destacar que la propuesta de reducción del déficit del comité debe ser aprobada por la mayoría en un voto en ambas cámaras del Congreso y, por lo tanto, podría reflejar mejor la voluntad del pueblo de Estados Unidos si incluye ingresos como parte de la solución. Si el comité no puede alcanzar $1,5 billones en la reducción del déficit, o si el Congreso se niega a aprobar la recomendación, $1,2 billones de recortes en gastos se producirá de forma automática, divididos en partes iguales entre los recortes de la defensa y los recortes no militares. El acuerdo exime de cortes automáticos al Seguro Social, Medicaid y otros programas de bajos ingresos.
El acuerdo aprobado esta semana apenas comienza el proceso. Los próximos pasos, incluyendo quiénes serán nombrados como miembros del comité, son cruciales para determinar las consecuencias venideras. Aunque el comité está encargado de buscar una disminución neta en el déficit de $1,5 billones, hay mejores vías para llegar a ese resultado. El comité podría encontrar más ingresos y recortes de gastos e incluir propuestas que ayudan a fomentar la creación de empleo.
En realidad, la creación de empleo y el impulso de la economía debería ser la prueba de fuego para el Comité y los progresistas deberían de hacer responsables al comité, sus miembros, y el producto final de que pasen esa prueba. Si la propuesta de la comisión no logra esto en sus recomendaciones, entonces es difícil imaginar que esas recomendaciones serán mejores que un estancamiento que resulte en recortes automáticos de los gastos domésticos y de defensa, y, potencialmente, el vencimiento de todos los recortes tributarios de Bush.
A medida que las negociaciones presupuestarias se trasladan a la comisión, las prioridades de Estados Unidos deberían reflejarse mejor en las deliberaciones, incluyendo el crecimiento del empleo y el asegurar que todos los estadounidenses, especialmente aquellos a quienes les ha ido mejor durante la crisis económica, contribuyan a la solución.
Michael Ettlinger es el Vicepresidente de Política Económica y Michael Linden es el Director de Política Fiscal y Presupuestaria para el Center for American Progress.
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