Por Natalia Mercado Violand
Justo cuando parecía que Alabama había dejado atrás su pasado oscuro de segregación, la legislatura aprobó la HB 56, uno de los proyectos de ley anti-inmigrantes más estrictos, y así retrocediendo el tiempo unos 50 años.
Durante la lucha por los derechos civiles, Birmingham, Alabama, fue el epicentro de las luchas del movimiento de derechos civiles por la igualdad. Era conocido por tener una de las fuerzas policiacas más violentas, agresivas y pro-segregación, y uno de los sistemas educativos más hostiles en el país. Hoy en día, en un entorno que es muy familiar, la HB 56 restablece las barreras educativas raciales que Alabama supuestamente dejó atrás.
El gobernador Robert Bentley (R) ratificó la H.B. 56 como ley el 9 de junio de 2011, un proyecto de ley anti-inmigrante más duro que la infame S.B. 1070 de Arizona. Como la S.B. 1070, la H.B. 56 permite que la policía arreste a cualquier persona que podría ser un inmigrante indocumentado, incluso si es detenido por una infracción de tránsito mínimo. El proyecto de ley tipifica como delito penal en Alabama el alquilar una casa o departamento y también el ofrecer a llevar en auto a alguien sabiendo que es indocumentado. También hace que el E-Verify, un deficiente y costoso sistema de verificación basado en el Internet, obligatorio para los empleadores.
Pero lo peor de todo es que la ley convierte a educadores en agentes de inmigración. La ley pone en el blanco a alumnos y requiere que las escuelas colecten información sobre el estatus legal de los estudiantes y sus padres. Esta ley, inevitablemente, causará la discriminación racial en la educación y en la aplicación de la ley.
Jim Crow plagó a Alabama por más de 100 años. Durante ese tiempo, la segregación era la ley del país, y toda una raza fue perseguida y aislada del resto de la sociedad. Del mismo modo, la H.B. 56 pretende marginar y degradar a todo un grupo de personas dentro del estado.
Hace casi 30 años, en 1982, la Corte Suprema falló en Plyler v. Doe que las escuelas públicas y su personal están prohibidos de negarles acceso a una educación pública a los estudiantes inmigrantes. Punto final. La Corte concluyó que los niños indocumentados tienen el mismo derecho a una educación pública gratuita que los ciudadanos o residentes permanentes de EE.UU.
Alabama pone a los alumnos entre la espada y la pared, indagando sobre su estatus migratorio y la de sus padres, con el pretexto de "registrar e informar datos" a la junta de educación del estado y la legislatura estatal. Las escuelas tendrán el derecho de reportar a los estudiantes indocumentados y sus padres. A riesgo de ser deportados, muchos estudiantes obviamente decidirán no ir a la escuela.
California otra vez
Alabama no es el primer estado que intenta ir contra la Corte Suprema y desalojar a los inmigrantes indocumentados de las escuelas públicas. Los votantes de California aprobaron la Proposición 187 en noviembre del 1994. A los inmigrantes se les negaba los servicios sociales públicos hasta que su ciudadanía o estado migratorio había sido verificado. Como la ley de Alabama, la ley en California exigía que las autoridades estatales faciliten la identificación y detención de inmigrantes indocumentados.
La Proposición 187 no duró mucho. Sólo un año después de la aprobación, la Corte Suprema declaró en LULAC v. Wilson que los procedimientos de aplicación de la proposición eran inconstitucionales. Además de los daños económicos de la ley, los partidarios del referéndum sufrieron fuertes pérdidas políticas porque la comunidad latina salieron contra ellos.
La reacción política llegó con un impulso inesperado. Con la excepción del gobernador Arnold Schwarzenegger, la cadena de 16 años de victorias demócratas se produjo como resultado de esta legislación.
Podemos esperar lo mismo en Alabama, donde la población hispana se ha incrementado un 145 por ciento en 10 años. Aunque Alabama tenga menos inmigrantes que los que tuvo California a mediados de la década de 1990, el caso es que la Proposición 187 sigue siendo una advertencia para los políticos del estado.
Fiscalmente y educacionalmente irresponsable
Alabama enfrenta costos fiscales significantes y consecuencias sociales preocupantes, ya que sigue los malos pasos de California. La nueva ley de Alabama recarga a los educadores con requisitos adicionales de actualizar registros, así como con el gasto de fondos que Alabama debería estar utilizando para mejorar su sistema educativo.
Cuando el año escolar comience el 1 de septiembre, miles de niños tendrán miedo de asistir. Es probable que tomen la misma senda que el 40 por ciento de los estudiantes ciudadanos en Alabama que abandonan la escuela, aumentando así casi al triple las cargas financieras y otras en las fuerzas del orden y los servicios sociales. En la actualidad, Alabama ocupa el puesto 43 de 50 en términos de rendimiento escolar en general. La falta de confianza y la división causada por esta legislación tensionará la relación entre maestros y estudiantes y debilita el sistema educativo estatal aún más.
Alabama, el futuro, y los tribunales
Los jueces federales en Indiana, Arizona, Utah, y Georgia bloquearon recientemente las leyes anti-inmigrantes en esos estados. Al igual que en estos estados, los grupos de derechos civiles han presentado una demanda en contra de la política de inmigración dura de Alabama.
Alabama se enfrenta a una batalla difícil defendiendo la ley en los tribunales. La H.B. 56 legaliza la discriminación racial, socava la Constitución al darle poder a la autoridad federal local, perjudica a la economía local, y más notoriamente crea una subclase de niños con miedo y sin educación. La ley intenta crear miedo en lugar de resolver lo que es sin lugar a dudas un problema serio.
De hecho, empeorará las cosas aún más. Este tipo de legislación hostil tiene un alto precio. Un informe del Center for American Progress muestra que una protesta que se produjo como resultado de l
a S.B. 1070 se traducirá en una pérdida de $253 millones en la producción económica del estado. Esto podría ser devastador para Alabama, un estado que reportó un déficit presupuestario de $979 millones para el año fiscal 2012.
La gente de Alabama tiene el derecho de estar frustrados con el sistema de inmigración quebrado. Pero el gobernador Bentley y la legislatura deben dejar de culpar a los niños inmigrantes y enfocar su atención en el al Congreso. Sólo el Congreso puede promulgar una legislación migratoria integral que restaure el imperio de la ley, sin crear una subclase de inmigrantes.
Natalia Mercado Violand es una pasante universitaria en el Center for American Progress.
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