Los Terremotos de Puerto Rico Han Puesto a Miles de Escolares en Riesgo

La Escuela Agripina Seda, en Guánica, Puerto Rico, se derrumbó después de que un terremoto de magnitud 6,4 sacudió al sur de la isla el 7 de enero de 2020.

El 7 de enero, un terremoto dañó gravemente la escuela Escuela Agripina Seda, secundaria de 250 estudiantes en el suroeste de Puerto Rico. El terremoto ocurrió a las 4:00 de la mañana, sólo unas horas antes de que las clases se reanudaran después de las vacaciones de Navidad. Desde diciembre, más de 500 terremotos -incluido uno que registró una magnitud de 6,4- han sacudido la isla, que todavía se está recuperando del huracán María de 2017.

Luego de un nuevo terremoto de magnitud 5.9 que impactó a Puerto Rico el 11 de enero causando daños adicionales en la costa sudoeste de la isla, el secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, cerró todas las escuelas del territorio estadounidense. Señaló que estarían cerradas hasta que se completara una inspección de seguridad de todos los edificios y terrenos. Hernández Pérez sostuvo que el 95 por ciento de las escuelas públicas de Puerto Rico no estaban a la altura de los códigos de construcción de terremotos, pese a que la isla se ubica cerca de donde dos placas tectónicas se juntan.

Los cierres de escuelas dan otro golpe a la educación de los escolares de Puerto Rico. Según un análisis reciente, estos estudiantes perdieron un promedio de 78 días de escuela después del huracán María. Queda por ver cuántos días de clases perderán los estudiantes debido a los terremotos.

Los estudiantes de Puerto Rico no pueden darse el lujo de perder más días escolares. Cuando en 2019 se publicaron los resultados de matemáticas en la Evaluación Nacional del Progreso Educativo (NAEP, por sus siglas en inglés) -un informe de los Estados Unidos sobre el progreso de sus escuelas públicas-, Puerto Rico tuvo el peor desempeño en un grupo que incluyó a  los 50 estados y Washington D.C. La isla recibió un puntaje promedio de 190 para estudiantes de cuarto grado, 49 puntos por debajo de Luisiana, estado que ocupó el último lugar con un puntaje de 239.

Se anunciaron fechas para abrir algunas escuelas y reanudar las clases, pero otros colegios permanecen cerrados indefinidamente. Aunque la secretaria de Educación ha considerado que en el 20 por ciento de las escuelas de la isla es seguro para abrir, los medios de comunicación puertorriqueños ponen en duda la idoneidad de las revisiones estructurales a los edificios escolares.

Como parte de su respuesta al impacto del Huracán María en 2017, el Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) identificó daños estructurales en las escuelas públicas de la isla. Cuando la entonces secretaria de Educación, Julia Keleher, presionó para retrasar la apertura de escuelas, hubo un clamor entre los sindicatos de maestros para reabrir lo antes posible.

Para facilitar y proporcionar transparencia al proceso de revisión de la infraestructura escolar después del Huracán María, la dirección del DEPR publicó los resultados de cada una de las inspecciones a los establecimientos. El DEPR también creó un programa para permitir que las escuelas “certifiquen sus esfuerzos de mitigación. En consulta con la comunidad escolar, directores escolares certificaron que sus escuelas eran seguras y estaban listas para reabrir.

Además, el DEPR trabajó en colaboración con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) de la administración Trump para  evaluar las 1.110 escuelas públicas en Puerto Rico, para inventariar los daños y determinar la cantidad total de fondos necesarios para que las escuelas sean seguras.

Muchos están conscientes de que la asistencia para vivienda -en respuesta al huracán María y los terremotos- tardó en llegar, por estar plagada de demoras burocráticas y regulaciones que no tuvieron en cuenta a los cientos de miles de personas sin un título claro de sus propiedades. Sin embargo, han sido menos publicitados los retrasos y las decisiones políticas caprichosas que FEMA realizó con respecto a las escuelas de Puerto Rico.

FEMA estimó que los fondos necesarios serían de  $22 millones por cada escuela de alta prioridad, o aquellas dañadas de forma más severa por el huracán. Esta estimación incluyó la modernización sísmica y la adecuación de los edificios al código. Sin embargo, FEMA -en violación de sus propias políticas- redujo drásticamente su estimación a $4 millones por escuela de alta prioridad, al eliminar la opción de adaptación sísmica y elevando los edificios al estándar del código considerando sólo las reparaciones. La entonces Secretaria Keleher planteó objeciones públicas a la decisión de reducir el financiamiento.

La reconstrucción de las escuelas públicas de Puerto Rico, su derecho a la igualdad de financiamiento escolar, y el derecho de los estudiantes a educarse en un ambiente seguro y de aprendizaje de alta calidad, deben convertirse y permanecer como tópico de discusión diaria en Washington D.C y en la isla, hasta que el trabajo se haya completado.

Igualmente importante, es imperativo que los legisladores reconozcan la urgencia de reconstruir las escuelas públicas en Puerto Rico, y que aboguen fuertemente por el financiamiento total y la flexibilidad para diseñar soluciones adecuadas al contexto único de la isla. Antes del huracán María, aproximadamente la mitad de los estudiantes de Puerto Rico asistían a escuelas privadas, un testimonio de la pésima calidad de sus escuelas públicas. Después del huracán, miles de estudiantes abandonaron la isla. Con una población estudiantil cada vez menor, la cantidad de escuelas públicas necesarias en Puerto Rico es un debate válido y vital. Está muy claro que la gente de Puerto Rico y sus preocupaciones ya no pueden ser olvidadas o ignoradas.

No se puede minimizar el impacto devastador del huracán María, sin embargo, creó una rara  oportunidad para reconstruir el sistema escolar de Puerto Rico y crear una nueva huella consistente con el tamaño de su población;  abordar problemas de construcción de larga data , y servir como un centro para otros servicios comunitarios, como los de atención médica. La dirección del DEPR, los oficiales electos, la comunidad empresarial, los líderes comunales y las familias, deben compartir la responsabilidad de proporcionar respuestas a estas interrogantes y ser parte de la solución.

Es demasiado doloroso imaginar la pérdida de vidas si los estudiantes hubieran estado en sus aulas en la Escuela Agripina Seda cuando ocurrió el terremoto. Es imposible saber cuántas otras escuelas tienen el mismo riesgo de derrumbarse cuando otro terremoto o desastre natural impacte edificios escolares que se declararon como seguros sin una modernización adecuada.  Pero no debería ser un desastre natural el que llame la atención sobre las escuelas públicas de Puerto Rico. El DEPR y el liderazgo político en la isla tienen la responsabilidad ante el público de avanzar en la reconstrucción de las escuelas públicas. Ignorar esa responsabilidad equivale a tomar una acción discriminatoria contra la juventud de la isla y perpetuar la existencia de un sistema fallido de educación pública.

Laura Jiménez es la directora de Normas y Rendición de cuentas del equipo de Política Educativa K-12 en el Center for American Progress.