La nueva amenaza a DACA podría costar miles de millones de dólares a los estados

In this June 15, 2012 photo, undocumented immigrants who live in Maryland, hold signs saying "Thank You President Obama" in Washington, D.C.

En el transcurso de sus cinco años de historia, La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en ingles), ha cambiado las vidas de los casi 800,000 jóvenes que han vivido en los Estados Unidos desde su niñez. Al brindarles la oportunidad de presentarse, pasar una verificación de antecedentes rigurosa, y obtener un permiso para vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos, DACA ha ayudado a sus beneficiarios a lograr hitos típicamente asociados con el sueño americano, tales como conseguir una educación superior, obtener mejores salarios para apoyar a sus familias, y comprar hogares. Casi 8 de cada 10 de los votantes apoyan a que los soñadores permanezcan permanentemente en los Estados Unidos, incluyendo casi las tres-cuartas partes de los que votaron por Trump, y sólo el 14 por ciento creen que deberían ser obligados a irse del país.

A pesar de los beneficios y la popularidad del programa, DACA ahora se enfrenta a un nuevo ataque peligroso. A finales de junio, oficiales de 10 estados, dirigidos por el fiscal general de Texas Ken Paxton, le dieron un ultimátum a la administración de Trump y al Fiscal General Jeff Sessions: Terminen el programa DACA antes del 5 de septiembre o se enfrentarán a una demanda ante el mismo juez federal que detuvo a otra iniciativa que hubiera proporcionado protecciones temporales similares a los padres de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales. Si se termina DACA—ya sea porque la administración accede a las demandas de los opositores de DACA o porque la iniciativa sea prohibido por una corte federal—cientos de miles de jóvenes se verán forzados a abandonar la fuerza laboral, derrumbando sus vidas y la de sus familias, creando un caos tremendo para las empresas, y dando un golpe tremendo a las economías de la mayoría de los estados.

Según los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, o USCIS por sus siglas en inglés, 787.580 personas recibieron DACA hasta marzo del 2017. Los datos presentados en esta columna ponen al día las columnas anteriores de noviembre del 2016 y enero del 2017, tomando en cuenta a los solicitantes adicionales de DACA que fueron aprobados desde esas fechas de publicación.

Utilizando los datos de dos publicaciones del Center for American Progress—un informe que estima el descenso del producto interno bruto (PIB) que acompañaría a la eliminación de todos los trabajadores sin autorización del país y una encuesta que estima la proporción de beneficiarios de DACA que están empleados—CAP estima que eliminar DACA daría como resultado una pérdida de $460,3 mil millones del PIB durante la próxima década. Terminar DACA eliminaría a unos 685.000 trabajadores de la economía de los Estados Unidos.

En total, los 10 estados que están exigiendo que la administración de Trump termine con DACA—Alabama, Arkansas, Idaho, Kansas, Louisiana, Nebraska, Tennessee, Texas, South Carolina y West Virginia— perderían más de $8 mil millones anualmente del PIB estatal si se les concede su deseo.

La amenaza actual para quienes tienen DACA es real. Además, dado que los beneficiarios de DACA están tan bien integrados en las familias, las comunidades, las escuelas y los lugares de trabajo en todo el país, los efectos económicos y sociales de eliminar DACA serían amplios y significativos. A corto plazo, el destino de DACA está enteramente en las manos del presidente Donald Trump, que en algunas instancias ha expresado un gran apoyo a los soñadores y los ha animado a “descansar tranquilamente.” Pero en última instancia, es el Congreso quien debe actuar para proporcionar una solución permanente para que estos jóvenes puedan contribuir aún más al país que llaman su hogar. La introducción del “DREAM Act” de 2017, con apoyo bipartidista de los senadores Dick Durbin (D-IL), Jeff Flake (R-AZ), Lindsey Graham (R-SC), and Chuck Schumer (D-NY), es un paso alentador.

Metodología:

Esta columna utiliza la misma metodología utilizada en las estimaciones de CAP de noviembre del 2016 y enero del 2017 de CAP sobre el costo de terminar con DACA.

USCIS publica datos trimestrales sobre los solicitantes y beneficiarios de DACA desde el inicio del programa en el 2012. Además de los números nacionales, USCIS también proporciona datos a nivel estatal.

Una encuesta de octubre del 2016 de los beneficiarios de DACArealizada por el politólogo Tom K. Wong, United We Dream, el National Immigration Law Center y CAPestimó que, a nivel nacional, el 87 por ciento de los beneficiarios de DACA estaban empleados. La encuesta no proporciona tasas de empleo para los estados individuales así que está columna utiliza el 87 por ciento como una punto de referencia para los niveles de empleo en cada estado.

El número de beneficiarios de DACA que trabajan en cada estado es una combinación de los últimos datos de USCIS y los resultados de la encuesta.

Un informe de CAP del 2016 escrito por Ryan Edwards y Francesc Ortega estimó la pérdida del PIB nacional y estatal que resultaría de la deportación de estos trabajadores sin autorización de la fuerza laboral, tanto anualmente como durante la próxima década. Esta columna utiliza la pérdida del PIB y el número de trabajadores sin autorización en cada estado para identificar las contribuciones de cada trabajador sin autorización al PIB del estado. Al suponer que la distribución de habilidades de la fuerza laboral con DACA refleja la de la mano de obra sin autorización más amplia y expresando datos en dólares de 2013, este análisis refleja una estimación conservadora.

Las pérdidas del PIB asociadas con terminar DACA para cada estado se obtienen multiplicando el número de los beneficiarios de DACA que están empleados con las pérdidas asociadas con cada trabajador indocumentado.