¿Cuántos fondos para jurisdicciones santuarias podrían estar en riesgo?

A lo largo del país, más de 600 ciudades y condados, al igual que varios estados, han adoptado políticas que limitan el alcance de la asistencia que ellos proveerán a los agentes federales de inmigración, reconociendo que ellos—en lugar del gobierno federal—saben que es lo mejor para la seguridad de sus comunidades. Investigaciones recientes encuentran, por ejemplo, que los condados con políticas santuarios tienen menos crimen y economías más fuertes que aquellos sin esas políticas. Sin embargo, el 25 de enero del 2017, el Presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva dirigiendo a la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) que elabore una lista de fondos federales destinados a las jurisdicciones santuarias. También dirigió al fiscal general de los EE.UU. y al secretario de Seguridad Nacional que se aseguren de que esas jurisdicciones se consideraran inelegibles para la mayoría de fondos federales, y ordenó al fiscal general que “tomara las medidas apropiadas para aplicar las leyes” contra ellos.

Aunque la orden ejecutiva amenaza con eliminar fondos a las jurisdicciones santuarias, no especificó qué tipos de fondos estarían en riesgo. Para entender mejor lo que podría estar en juego, los autores han calculado la cantidad de fondos para cinco subsidios federales claves que en el pasado han estado bajo la mira de los republicanos del Congreso con la intención de eliminar fondos de jurisdicciones santuarias mediante legislación. Este gráfico interactivo detalla, estado por estado, cuántos fondos podrían verse amenazados.

Es importante notar que mientras la administración de Trump ha amenazado con revocar fondos federales de jurisdicciones santuarias, afrontará obstáculos legales sustanciales para lograrlo. La Décima Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, en particular la doctrina anti-obligatoria, prohíbe al gobierno federal forzar o coaccionar a los estados para que ayuden en la aplicación de las leyes de inmigración. Incluso si la administración logra esquivar los temas de la Décima Enmienda, el Tribunal Supremo de los EE.UU. ha dicho que el gobierno sólo puede imponer condiciones a los fondos federales si esas condiciones están relacionadas con el objetivo fundamental del programa. Sería casi imposible, por ejemplo, que la administración afirme que las aplicaciones de las leyes de inmigración están relacionadas suficientemente con los fondos comunitarios o el desarrollo económico. Finalmente, el Tribunal dictaminó hace cinco años que la amenaza de retener fondos no puede ser tan significativa que efectivamente obligue a su cumplimiento.

Cinco fuentes claves de financiación potencialmente en riesgo:

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