Hay una hecho sobre el debate de la reforma inmigratoria que no se puede negar, ni antes del cierre de gobierno, ni durante, ni ahora y aun cuando el Congreso regrese a las discusiones sobre el tema: Mantener el estatus quo no está libre de costos. Cada día que el Congreso falla en aprobar una reforma inmigratoria que daría la habilidad a 11 millones de inmigrantes indocumentados a obtener estatus legal y la ciudadanía viene con una pérdida de oportunidad económica y un costo real a todos los estadounidenses. S.744 aumentaría el producto interno bruto, o GDP (por sus siglas en inglés), en un 3,3%, y aumentaría los sueldos de todos los estadounidenses en unos $470 mil millones cumulativos, mientras que al mismo tiempo crearía alrededor de 121.000 puestos de trabajo anuales.
Esto es importante porque si la Cámara de Representes no aprueba la reforma inmigratoria, nuestro país perderá ganancias significativas a nuestra economía. No solo perderíamos esas ganancias; la Cámara también garantizaría que los EE.UU. continúe sufriendo pérdidas financieras significativas cada año como el resultado de un sistema de inmigración quebrantado.
El sistema actual crea economías ocultas donde millones de personas viven y trabajan. Mantener a los inmigrantes en las sombras alza barreras contra el crecimiento económico al no dejar a millones de personas participar completamente en sus economías locales y en sus comunidades. Dos sectores de la economía que se beneficiarían significativamente de la reforma inmigratoria son la Seguridad Social y el mercado de la vivienda. La Oficina de Seguridad Social estima que cerca de dos tercios de estos inmigrantes trabajan en un mercado laboral clandestino donde ni ellos ni sus empleadores pueden declarar legalmente sus ganancias o pagar impuestos sobre nóminas. Con solo un tercio de inmigrantes no autorizados trabajando en la economía formal y contribuyendo alrededor de $12 mil millones en impuestos sobre la nómina cada año, estimamos que los EE.UU. pierde más o menos $20 mil millones en ingresos de impuestos sobre nóminas cada año. Esos son ingresos perdidos que podrían fundar, entre otras cosas, a la gente de mayor edad en nuestro país.
El Pew Hispanic Center reportó que solo 35% de los hogares de inmigrantes no autorizados eran propietarios de sus propias casas, comparados con el 66% de propietarios de casas que son ciudadanos naturalizados. Este índice bajo entre los inmigrantes indocumentados no es sorprendente, dado que un 18% de ellos se mudan cada año por varias razones, incluyendo el miedo a ser deportados o la inhabilidad de encontrar empleo estable por falta de estatus migratorio. Esto comparado con solo 10% de los inmigrantes con estatus legal. Además del consumo asociado con la compra de una vivienda, investigaciones han demostrado que cuando los inmigrantes son propietarios de vivienda, esto aumenta el valor de las propiedades para todos los propietarios y posteriormente conduce a una mayor recaudación de ingresos de impuestos de propiedad para las comunidades. Todos los propietarios ganan cuando los precios de las viviendas suben. La incorporación de esta población significaría que los inmigrantes podrían establecerse en comunidades a través de todo el país, comprarían casas, invertirían en sus comunidades, y contribuirían de gran manera a las economías locales.
La posibilidad de añadir miles de millones de dólares a nuestra economía debería ser por sí mismo motivación suficiente para incentivar a la Cámara de Representantes a actuar. Pero si no lo es, la Cámara debe por lo menos entender que un voto a favor del estatus quo es un voto para la continuación de las pérdidas financieras que sobrecargan a nuestro país.