El pronóstico ha llegado y la perspectiva de la sequía de California enfrentan un sombrío: el estado está pasando por su peor sequía en 1.200 años. Desde el 2 de junio del 2015, el 94 por ciento del estado estaba experimentando una sequía “severa” – el segundo nivel más alto de intensidad.
Fenómenos meteorológicos extremos impulsados por el clima agravan los retos socioeconómicos a las cuales se enfrentan las comunidades marginadas. Cuando se trata de la sequía de California, esto significa que los trabajadores y las comunidades de color agrícolas se encuentran entre los más afectados.
Entre el 2009 y 2011, el 92 por ciento de los trabajadores agrícolas en California eran latinos de México y Centroamérica, y se estima que el 77 por ciento de este porcentaje eran indocumentados. Trabajadores agrícolas tienden de ser pobres, carecen seguro de salud, viven en asentamientos de calidad inferior, y soportan condiciones de trabajo análogas a la esclavitud para evitar la deportación y/o la pérdida de oportunidades laborales.
Mientras que la sequía de California está afectando a las comunidades a través del estado, los trabajadores agrícolas son especialmente vulnerables, ya que la sequía ha provocado pérdidas de empleo, el acceso limitado al agua limpia y asequible, complicaciones de salud, la inseguridad alimentaria, y el aumento de las facturas de servicios públicos.
La pérdida de empleos
La sequía de California ha llevado en barbecho casi 500.000 hectáreas de tierra, disminución en la producción de cultivos y consecuentemente 17.100 trabajadores agrícolas se han encontrado en el desempleo. Un lema común para describir los impactos de la sequía en las comunidades trabajadoras agrícolas ha sido: “No hay agua, no hay trabajo, no hay vida.”
Comunidades agrícolas en todo el estado se enfrentan a la pobreza extrema, como consecuencia directa de la sequía. A medida que más de los trabajadores agrícolas pierden sus empleos, algunos han comenzado a trasladarse a otros lugares o a viajar largas distancias en busca de trabajo. Un descenso marcado de la población o de las ganancias globales para familias individuales en ciudades rurales pequeñas ha llevado al menor gasto y la correspondiente disminución de ingresos fiscales para financiar servicios públicos como la educación y los servicios de emergencia.
El acceso limitado a agua limpia y asequible
El acceso al agua limpia y asequible para el uso personal ha sido una preocupación principal para las personas de bajos ingresos que viven en comunidades agrícolas rurales en el valle central. A medida que la sequía desagua rápidamente el agua de la superficie, los agricultores que pueden permitirse el lujo de perforar en busca de agua subterránea están agotando de manera simultánea el agua disponible para el uso doméstico. La perforación subterránea a menudo no es una opción para muchas de las familias de bajos ingresos que viven en el valle central. Por lo tanto, los residentes se han visto obligados a comprar y transportar agua para sus hogares y utilizar las raciones de agua embotellada establecidas por el condado. Estos esfuerzos son rara vez suficientes para asegurar agua suficiente para el uso personal de las familias. Las familias a menudo tienen que renunciar a las duchas, el lavado de ropa, cocinar, y limpiar por temor a quedarse sin agua demasiado pronto.
Complicaciones de salud
La salud de las comunidades agrícolas está siendo comprometida por la aridez y aumento de niveles de contaminación del agua relacionados con la sequía. Los períodos prolongados de sequía, junto con vientos fuertes y la erosión de la tierra están creando problemas peligrosos de polvo en el Valle Central.
En el 2014, altos niveles de talio, arsénico, y nitratos se encontraron en los acuíferos subterráneos en el Valle Central. A medida que la sequía hace que los niveles de agua en las represas, los lagos y los acuíferos subterráneos caigan, las concentraciones de toxinas disueltas como el arsénico y nitratos comienzan a elevarse.
La inseguridad alimentaria
Las tasas de inseguridad alimentaria aumentan un 1-4% adicional entre los condados agrícolas en el Valle Central en comparación con el resto del país.
Los bancos de alimentación son a menudo la primera línea de defensa contra la inseguridad alimentaria y han sentido el impacto de la baja producción de todo el estado. Alameda County Community Food Bank (ACCFB), por ejemplo, se preocupa de que los agricultores de California con baja producción agrícola transferirán los costos adicionales relacionados con la producción a los bancos de alimentación. También temen tener que abastecerse de productos de granjas fuera del estado, así elevando los costos de transporte.
Asimismo, el Second Harvest Food Bank de Santa Clara y San Mateo, que sirve a las comunidades rurales entre Daly City y Gilroy, recibe unos 27 millones de libras de alimentos donados de las granjas de California. Es probable que la disminución de los cultivos por causa de la sequía resulte en que menos comida sea donada a estas áreas. Esto tendrá un impacto negativo en las familias con inseguridad alimentaria que viven en las zonas desérticas de comida donde los productos frescos son difíciles de permitirse y de encontrar.
El aumento de facturas de servicios públicos
Muchos distritos de agua locales han adoptado tasas de agua más altas para todos los consumidores y precios más altos para los usuarios de alto volumen con el fin de pagar por el aumento del costo mayorista de agua. Los departamentos locales de agua pensaban que los aumentos de tasas disuadirían el consumo excesivo de agua al hacerlo más costoso. Como resultado, las familias de bajos ingresos en todo el estado están en aprietos tratando de pagar los precios más altos.
Hogares individuales a través del estado también están pagando más por sus facturas de energía a medida que la energía hidroeléctrica sigue en una trayectoria descendente en los últimos tres años. El hecho que no hay agua suficiente para generar energía ha causado que California dependa más en quemar combustibles fósiles para energía, lo que ha ascendido a $1,4 mil millones en costos para los contribuyentes de servicios públicos y un aumento del 8 por ciento en las emisiones de dióxido de carbono.
Conclusión
A medida que la sequía continúa amenazando a los medios de subsistencia de las comunidades que ponen la comida en nuestras mesas, los gobiernos estatales y locales deben asegurarse que los miembros interesados de la comunidad sean una parte integral en el proceso de la toma de decisiones. La presencia, voces y experiencias de las comunidades más afectadas por la sequía debería estar en el centro de las decisiones que se toman en su nombre. Las comunidades rurales y agrícolas ya han estado organizando para expresar sus inquietudes y necesidades, y trabajando para asegurar fondos para satisfacer sus demandas. Por ejemplo, el Community Water Center (CAQ) en Visalia, Ca ha capacitado a 2.674 residentes locales en 82 comunidades para mejorar su acceso al agua potable, limpia, y asequible. Cuando el desarrollo de proyectos en torno a los problemas del agua se centra en las necesidades y fortalezas de la comunidad, los miembros de la comunidad se convierten en expertos y árbitros en el proceso de toma de decisiones. Tener un puesto potente y significativo en el desarrollo de proyectos locales también afirma que las comunidades tienen una gran cantidad de habilidades, conocimientos, experiencia, educación y motivación para estar a la vanguardia de esfuerzos políticos de base, locales, estatales y federales para frenar las consecuencias del cambio climático.
Como personas que dependen de la tierra para alimento físico y a menudo espiritual, las comunidades rurales a través de California están luchando para prosperar a medida que su acceso a las necesidades básicas están siendo comprometidas por la sequía. Las desigualdades derivadas por la sequía se están produciendo en el contexto de las políticas con siglos de antigüedad que han creado condiciones de alta pobreza y vivienda precaria e inadecuada entre las comunidades rurales y agrícolas en el estado. A pesar de ello, las comunidades agrícolas rurales en California deben estar involucradas y reconocidas como una comunidad activa de personas que se están organizando para asegurar su propio bienestar compartido dentro y fuera de los esfuerzos de las políticas federales, estatales y locales.
Wendy Ortiz es previa Emerson National Hunger Fellow con el equipo de prosperidad de Center for American Progress y Tracey Ross es directora asociada del equipo de prosperidad de Center for American Progress.