Furman hizo las declaraciones este lunes, durante un evento en línea organizado por el Center for American Progress para discutir la oportunidad histórica que representa la conciliación presupuestaria, para finalmente abordar los crecientes costos a largo plazo y aumentar los salarios e ingresos.

“Si está expandiendo la capacidad productiva de la economía, está ejerciendo cierta presión a la baja sobre la inflación”, dijo Furman. “Si estuviera mirando esta legislación, miraría las inversiones en sí mismas. ¿Es esta una forma de buena calidad para aumentar el crecimiento económico, para aumentar la inclusión, para hacer frente al cambio climático, para abordar otros objetivos? No ajustaría mi pronóstico de inflación en absoluto. Y, por cierto, no creo que los mercados financieros lo hayan hecho, si mira lo que ha sucedido en los mercados financieros a medida que esto ha avanzado”, añadió.

Furman también abordó la urgencia de aprobar una legislación ahora para frenar los impactos cada vez más devastadores del cambio climático:

“El costo de abordar el cambio climático simplemente aumenta drásticamente cuanto más se espera. No es sólo el daño irreversible que cada año seguimos viendo, también es que no se puede pasar de donde sea que estemos -dos a tres por ciento de los vehículos eléctricos ahora- al objetivo del presidente del 50 por ciento de la noche a la mañana. Se necesita una pista de aterrizaje para llegar allí. Necesita una notificación para que las empresas realicen los cambios, realicen las inversiones para llegar allí. Y cuanto más espere, más daño incurrirá en la economía y más aumentará el costo de abordarlo en el futuro”, agregó.

Recursos relacionados:

• “Budget Reconciliation Is the Key to Stopping Climate Change” por Trevor Higgins
• “A 100 Percent Clean Future” por John Podesta y otros

Para obtener más información o hablar con un experto, no dude en contactar a Ricardo Rauseo a rrauseo@americanprogress.org.

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Muchos recordarán que una mayoría bipartidista en el Congreso aprobó actualizaciones y mejoras fundamentales al programa SNAP en la Ley Agrícola 2018. Hoy, aplaudimos la acción del presidente y del Departamento de Agricultura de EE.UU. para dar seguimiento a esas promesas, especialmente en este momento crucial de nuestra recuperación. Estos cambios son inversiones importantes que acercarán el programa a asegurar que la asistencia alimentaria proporcione acceso a una alimentación saludable.

Estos aumentos en SNAP ayudarán a aliviar el hambre de decenas de millones de personas y, al mismo tiempo, aumentarán la capacidad de las familias para mantener alimentos más saludables y frescos en sus mesas. SNAP no sólo es un programa de nutrición vital, sino también un estímulo económico determinante que genera hasta $1,80 por cada dólar gastado en SNAP durante la última recesión. Por demasiado tiempo, el fracaso del programa SNAP para adaptarse a las realidades de la vida del Siglo XXI ha mantenido los montos de los beneficios deplorablemente insuficientes, lo que gracias al racismo estructural y profundamente sistémico, así como la discriminación de género, ha dañado en su mayoría a mujeres, niños y personas de color.

Los aumentos anunciados hoy son un paso importante hacia la modernización del programa y asegurar una recuperación justa y equitativa. Durante mucho tiempo, SNAP ha sido uno de los programas de lucha contra la pobreza más importantes y efectivos en los Estados Unidos. La administración Biden dio un paso importante y vital para fortalecerlo. Esperamos trabajar con la administración en los próximos meses para asegurar que SNAP llegue a todas las familias en riesgo de padecer hambre.

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Durante décadas, los estadounidenses promedio han cargado con el peso de precios más altos y salarios más bajos, mientras un número cada vez más pequeño de empresas ha dominado la economía estadounidense debido a prácticas injustas y anti-competitivas. El comportamiento anti-competitivo de grandes corporaciones ha hecho más difícil cambiar de trabajo, iniciar un negocio, obtener la atención que necesita para mantenerse saludable o incluso reparar un producto que ya posee. Los economistas han citado durante mucho tiempo las prácticas anti-competitivas como un lastre para el crecimiento económico y un impulsor tanto de la desigualdad económica como de la brecha de riqueza racial.

Con la orden ejecutiva de hoy, el presidente Biden está nivelando el campo de juego para consumidores, trabajadores, agricultores, pacientes y propietarios de pequeñas empresas. La orden ejecutiva de hoy, aborda directamente algunas de las prácticas anti-competitivas más ofensivas en la banca, tecnología, agricultura, cuidado de salud, transporte y trabajo. Esta orden ejecutiva, junto con las políticas contenidas dentro del marco de infraestructura bipartidista y el plan Reconstruir Mejor de la administración, ayudarán al país a recuperarse de forma más rápida y equitativa de la crisis de coronavirus, así como a generar una nueva era de crecimiento económico a largo plazo.

Recursos relacionados:

• “Provider Consolidation Drives Up Health Care Costs” por Emily Gee y Ethan Gurwitz
• “States Must Act to Protect Workers From Exploitative Noncompete and No-Poach Agreements” por  Karla Walter
• “Switching to Responsible Banking” por Andy Green y Divya Vijay
• “The Path to Higher, More Inclusive Economic Growth and Good Jobs” por Andres Vinelli y Christian E. Weller
• “Using Antitrust Law to Address the Market Power of Platform Monopolies” por Marc Jarsulic
• “How the Next Administration Can Lower Drug Prices” por Maura Calsyn y Thomas Waldrop
• “A Fair Deal for Farmers” por Zoe Willingham y Andy Green
• “Toward a Robust Competition Policy” por Marc Jarsulic, Ethan Gurwitz, y Andrew Schwartz
• “What Equity Markets Say About the State of Competition in the US Economy” por Marc Jarsulic
• “Evidence-Based Policy in Antitrust: The Need for Ongoing Merger Retrospectives” por John Kwoka y Marc Jarsulic

Para obtener más información o hablar con un experto, no dude en contactar a Ricardo Rauseo en rrauseo@americanprogress.org. 

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El informe de hoy muestra un gran aumento en el número de estadounidenses que regresan al trabajo. El informe de junio marca el mejor mes en el alza del empleo de este año, una clara señal de que la economía está remontando. Este aumento en la actividad económica es un resultado directo del histórico programa de vacunación y del plan de rescate económico del presidente, Joe Biden. Es reconfortante que la tendencia de los últimos cinco meses sea un progreso constante, a un ritmo de aproximadamente 600.000 nuevos puestos de trabajo al mes. Esta es sin duda una buena noticia, pero no compensa el hecho que, durante décadas, millones de estadounidenses han sido dejados atrás por políticas diseñadas para enriquecer a los que ya son adinerados, conduciendo a años de crecimiento económico aletargado, salarios estancados y una creciente desigualdad. De hecho, los datos de hoy indican que la economía tiene más espacio para recuperarse y que no debemos conformarnos con un crecimiento decepcionante. El Congreso enfrenta una elección entre un futuro de crecimiento económico renovado, que finalmente beneficia a todos a través de los planes de empleo del presidente Biden, o una recuperación estancada donde los mismos desafíos a largo plazo continúen frenando a las familias y la economía.

Los datos de hoy por debajo de la sólida cifra superior demuestran que millones de trabajadores se han visto durante generaciones frenados por el sexismo estructural profundo, el racismo, la discriminación a aquellos con discapacidad, y las disparidades geográficas. Con un 9,2 por ciento y un 7,4 por ciento, las tasas de desempleo para los trabajadores negros y latinos, respectivamente, es significativamente más alta que la tasa de empleo del 5,2 por ciento para los trabajadores blancos. Mientras tanto, los trabajadores discapacitados de todas las edades continúan sufriendo tasas de desempleo mucho más altas y estancadas. Muchos de los 1 de cada 4 estadounidenses con discapacidades enfrenta desafíos adicionales -cuando muchas empresas regresan al trabajo presencial- y podrían ser expulsados del mercado laboral por completo sin el apoyo de las políticas de discapacidad. Las mujeres, que se han visto cargadas desproporcionadamente con responsabilidades adicionales de cuidado infantil y otras tareas de cuidado durante los últimos 16 meses, tienen millones de trabajos menos que los que tenían a principios de 2020.

Estas disparidades estructurales están profundamente arraigadas, pero también son solucionables. En su Plan de Empleo Estadounidense y en el Plan Familias Estadounidenses, el presidente Biden ha establecido políticas claras para abordar estos y otros desafíos de larga data. Expandiendo el cuidado infantil y los servicios del hogar y comunitarios, reparando nuestra infraestructura en ruinas, y abordando el cambio climático pondría a la economía en camino hacia un crecimiento a largo plazo más rápido e inclusivo, mientras aseguraría que nadie se quede fuera de la recuperación. Nuestro país y nuestra economía son más fuertes cuando todos tienen la oportunidad de contribuir. Al aprobar los planes de empleo del presidente Biden, el Congreso tiene una oportunidad única en una generación de crear una nueva era de crecimiento económico inclusivo. Nada menos que el futuro de nuestro país y nuestro planeta descansa en actuar ahora.

Para obtener más información o hablar con un experto, no dude en contactar a Claudia Montecinos en cmontecinos@americanprogress.org.

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Como explica esta columna, poner a las personas inmigrantes indocumentadas en una ruta hacia la ciudadanía resultaría en grandes beneficios económicos para todos los estadounidenses, algo que puede y debe hacerse mediante el proceso de conciliación presupuestaria (mecanismo que permite la aprobación de una ley fiscal con la mayoría simple en las dos cámaras del Congreso en Estados Unidos).

Los grandes beneficios económicos de otorgar la ciudadanía

En un informe reciente, el Center for American Progress (CAP) y el Centro de Migración Global Davis de la Universidad de California encontraron que poner  a los inmigrantes indocumentados en camino a  la ciudadanía traería beneficios significativos a la economía de la nación en su conjunto: desde un mayor PIB y salarios más altos para todos los trabajadores, hasta la creación de cientos de miles de nuevos empleos permanentes. Poner a los Dreamers, aquellos elegibles para el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), y a los trabajadores esenciales incluidos los agrícolas, en un camino hacia la ciudadanía como propone el Comité de Presupuesto del Senado, agregaría un acumulado de 1,5 billones de dólares al PIB de los Estados Unidos durante una década y crearía poco más de 400.000 nuevos empleos. Al final de una década después de la aprobación, toda la población estadounidense vería salarios más altos en 600 dólares anuales. Sin importar cómo sean  el paquete de conciliación final y la ruta hacia las disposiciones de ciudadanía, los beneficios para la economía y las personas en todo el país serían sustanciales.

La inmigración puede y debe realizarse mediante la conciliación

Más allá de los importantes beneficios económicos, existe un sólido precedente para incluir la legalización en un paquete de conciliación presupuestaria. En 2005, el Senado entonces controlado por el partido Republicano, aprobó abrumadoramente mediante la conciliación una versión de lo que finalmente se convirtió en la Ley de Reducción del Déficit, que contiene varias disposiciones de inmigración relevantes. Y si bien las disposiciones de inmigración fueron finalmente retiradas del paquete durante un proceso de conferencia a partir de la versión del proyecto de ley aprobada por la Cámara de Representantes, el hecho de que el Senado propuso y aprobó estas disposiciones en primer lugar es ilustrativo.

La Sección 8001 del proyecto de ley aprobado por el Senado creó un nuevo proceso para “recuperar” visas permanentes de inmigrante por razón de empleo (es decir, tarjetas verdes) que no se utilizaron en años fiscales anteriores, de hasta 90.000 visas por año. Bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, 140.000 tarjetas verdes se reservan cada año para la inmigración en base del empleo. Si, por ejemplo, los retrasos burocráticos dan lugar a que algunas de esas visas no se emitan al final del año fiscal, entonces esas visas vacantes se pierden definitivamente. La propuesta del Senado de 2005 habría permitido recuperar y asignar estas visas perdidas en años futuros. El proyecto de ley también hizo un cambio que habría ampliado de manera similar el número de tarjetas verdes distribuidas cada año, al eximir de los límites numéricos a los cónyuges e hijos de quienes aplican con personas elegibles para una tarjeta verde patrocinada por un empleador.

En el año fiscal 2019, por ejemplo, los inmigrantes con visas de trabajo fueron acompañados a los Estados Unidos por aproximadamente 70.000 miembros de familia, de un límite de 140.000. Permitir que estas personas ingresen fuera de las limitaciones numéricas habría significado que otras 70.000 personas, junto con sus familiares, habrían podido llegar a través del sistema basado en el empleo. Cada inmigrante patrocinado por un empleador trae, en promedio, poco más de un miembro adicional de la familia. Por lo tanto, en lugar de las actuales 140.000 tarjetas verdes por razón de empleo que se autorizan cada año, los Estados Unidos habrían entregado aproximadamente 462.000 tarjetas verdes de ese tipo por año con el proyecto de ley de conciliación de 2005 aprobado por el Senado (140.000 de base más 90.000 visas recuperadas, más 234.000 miembros de la familia admitidos fuera del límite numérico). De esa cantidad, 324.000 serían nuevas tarjetas verdes. Durante una década, esta disposición habría puesto a disposición 3,24 millones de tarjetas verdes adicionales comparado con la ley actual.*

A primera vista, ampliar el número de tarjetas verdes patrocinadas por un empleador puede parecer distinto a la legalización. Pero el impacto final de tal cambio, particularmente cuando se trata de los efectos presupuestarios, es similar. En ambos casos, el Congreso está aumentando el número de tarjetas verdes entregadas cada año y es la presencia de nuevos titulares de tarjetas verdes lo que conduce a un impacto presupuestario. Como se analiza más adelante, ese impacto es lo que, en última instancia, permite su inclusión en la conciliación.

Un camino a la ciudadanía puede pasar la prueba de la regla Byrd

El precedente de 2005 también ilustra cómo la legalización puede pasar la prueba fundamental de la regla Byrd, que lleva el nombre de su autor, el senador Robert Byrd (D-WV). Esta prueba de varias partes establece lo que se considera ajeno para la conciliación y, por lo tanto, no se puede incluir en un proyecto de ley de conciliación del Senado. Las reglas incluyen el requisito de que cada disposición del proyecto de ley tenga un efecto en el presupuesto en forma de cambios en los gastos o ingresos y, lo que es más importante, que este cambio no sea “meramente incidental” para el objetivo de política. En otras palabras, los efectos presupuestarios deben ser más prominentes que los efectos de las políticas. Uno no puede simplemente agregar una pequeña tarifa, por ejemplo, a un cambio de política masivo en un intento de cambiar los ingresos federales.

Tanto en el efecto presupuestario como en la prueba “meramente incidental”, la legalización califica con los requisitos. Incluso con las grandes ganancias económicas que se acumulan con el tiempo, en lo inmediato, la legalización aumenta los costos para el gobierno federal, principalmente a medida que los nuevos titulares de la tarjeta verde se vuelven elegibles para recibir beneficios y servicios. La Oficina de Presupuesto del Congreso, por ejemplo, midió el costo de una década de haber aprobado la ley H.R. 6, la Ley de Sueños y Promesas, para poner a los Dreamers y a personas elegibles para TPS en un camino hacia la ciudadanía, en 42,5 mil millones de dólares en cambios dentro del presupuesto.

La Ley de Reducción del Déficit de 2005 también es indicativa en este caso. La recuperación de la tarjeta verde y las disposiciones familiares no desafiaron la regla Byrd, ni se incluyeron en una lista de disposiciones consideradas ajenas según la misma regla Byrd en una revisión hecha por el personal demócrata del Comité de Presupuesto del Senado. Esa lista incluía más de 70 disposiciones, lo que dejaba claro que el personal examinó todos los elementos del proyecto de ley. Lo más importante es que el propio senador Byrd estuvo en el Senado durante estos debates y no impugnó las disposiciones recurriendo a su propia regla. En su lugar, propuso una enmienda para eliminar las disposiciones de inmigración del proyecto de ley, que fracasó abrumadoramente 85 a 14, lo que llevó a la inclusión final de las disposiciones en la versión del proyecto de ley aprobado por el Senado.

Conclusión

Como lo ha argumentado el CAP durante mucho tiempo, los Estados Unidos no pueden tener una recuperación económica totalmente robusta y equitativa sin considerar la inmigración. La inclusión de un camino hacia la ciudadanía en el proceso de conciliación presupuestaria -a medida que el Congreso considera todas las vías para la legalización- es una forma importante, viable y económicamente sólida de avanzar.

Philip E. Wolgin es el vicepresidente interino de Inmigración en el Center for American Progress. El autor agradece a Marshall Fitz, Kevin Kayes, Doug Rand y Nicole Prchal Svajlenka por su ayuda.

*Nota: Las estimaciones del autor se basan en el Libro Anual de Estadísticas de 2019 del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Tabla 7.

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Si la propuesta bipartidista de $579 mil millones abre la puerta a un proyecto de ley de reconciliación paralelo, que cree un código tributario más justo para apoyar a las familias estadounidenses y haga inversiones fundamentales en los trabajos de energía limpia del futuro, esta puede ser parte de una agenda más amplia. Si el acuerdo cierra la puerta a la reconciliación, entonces sería uno bipartidista para traicionar tanto a las familias de clase media que han tenido dificultades con el cuidado infantil y del hogar, así como a nuestros niños, que serán obligados a ver cómo su planeta se fríe en aras de la paralización de Washington disfrazada de bipartidismo. 

Para ser claros, cualquier demanda republicana que exija que la reconciliación sea abandonada a cambio de su apoyo, debe rechazarse de plano.

La lista que se presentó adjunta a esta propuesta de cómo se pagará la misma, también blinda de contribuir con algo a los multimillonarios que no han pagado impuestos, mientras pone la carga sobre aquellos que viajan día a día a sus trabajos y que a menudo viven de sueldo en sueldo. Con una desigualdad de ingresos astronómica frenando nuestra economía, la forma en que se pagará sólo empeoraría el problema y es simplemente indefendible.

Para obtener más información o hablar con un experto, no dude en contactar a Ricardo Rauseo a rrauseo@americanprogress.org.

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Las cifras de empleo de hoy muestran que los efectos del Plan de Rescate Estadounidense y el programa de vacunación del presidente, Joe Biden, están ayudando a los estadounidenses a volver al trabajo. Si bien el aumento en la contratación es una buena noticia, el informe de hoy también muestra que la recuperación no le está llegando a todos los estadounidenses. El Congreso enfrenta una decisión entre un futuro de crecimiento económico renovado que finalmente beneficie a todos a través de los planes de empleo del presidente Biden o una recuperación estancada donde los mismos desafíos a largo plazo continúen frenando a las familias y a nuestra economía.

Incluso con los avances de hoy, los estadounidenses que durante mucho tiempo han sido perjudicados por el profundo racismo estructural y sexismo del país todavía enfrentan las peores tasas de desempleo. Más de un año después del inicio de la pandemia, las mujeres aún no han recuperado los millones de empleos que perdieron en 2020. De hecho, todavía hay 1,5 millones más de empleos de mujeres perdidos que en el peor momento de la Gran Recesión, lo que probablemente les costó cientos de miles de dólares en ganancias a lo largo de su vida. Las tasas de desempleo de los latinos y negros siguen siendo dramáticamente más altas que la de los hombres blancos. Además, los trabajadores sin educación más allá de la escuela secundaria no han recuperado trabajos al mismo nivel que los trabajadores con títulos técnicos o licenciaturas. En conjunto, estos datos indican que sin un estímulo específico que se centre en hacer crecer la economía de abajo hacia arriba, enfrentaremos una vez más desigualdades agravantes que serán un lastre a largo plazo para el crecimiento económico.

El plan de empleo de Biden ofrece una oportunidad única en una generación de trazar un nuevo rumbo. El plan del presidente Biden hará crecer la economía no sólo agregando empleos a corto plazo, sino también abordando problemas de larga data que amenazan con dañar la economía a largo plazo: ignorar el cambio climático; las carreteras y puentes desmoronados; la falta de apoyo para niños, padres y cuidadores; el racismo y sexismo estructural, y un código tributario que favorece a las personas y corporaciones adineradas. El presidente Biden ha presentado un plan claro y específico. Ahora le toca al Congreso encarar el desafío y crear una nueva era de prosperidad económica compartida.

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El presupuesto del presidente Biden enfrenta los desafíos más urgentes del país. Junto con las prioridades descritas en el Plan de Empleo Estadounidense y el Plan Familias Estadounidenses, las propuestas publicadas hoy ayudarán al país a recuperarse de la pandemia y construir un futuro de energía limpia, mientras invierten en los trabajadores y las familias que crearán un crecimiento económico inclusivo y duradero. La propuesta de presupuesto de hoy prioriza la infraestructura e innovación, al tiempo que hace que el cuidado infantil, la atención de salud y la vivienda sean más asequibles. Históricamente, la propuesta de hoy garantiza la licencia remunerada y extiende los créditos fiscales familiares.

La agenda del presidente contrasta marcadamente con los recientes planes de infraestructura ofrecidos por los republicanos del Congreso. Su plan preserva el statu quo inviable, al no invertir en energía limpia, cuidado infantil, y servicios comunitarios y del hogar, mientras que protege los recortes de impuestos para las corporaciones y los ricos. El plan republicano aumentaría la contaminación, le cedería nuevos empleos verdes a China y conservaría la crisis de cuidados que mantiene a las mujeres fuera de la fuerza laboral. 

El presupuesto propuesto hoy pondrá a los estadounidenses nuevamente a trabajar, mientras enfrenta problemas de larga data como el cambio climático, la injusticia racial, el estancamiento de los salarios y la pobreza infantil. Mientras las inversiones que realiza en los estadounidenses y en nuestro país son excelentes, la mayoría de los estadounidenses no tendrá que pagar un centavo adicional en impuestos, porque la propuesta de presupuesto de la administración Biden está totalmente financiada mediante aumentos de impuestos a las grandes corporaciones y a los individuos de altos ingresos.

La propuesta de la administración no aborda todos los desafíos de la nación, ni representa el alcance total de la agenda del presidente Biden. Es, más bien, una hoja de ruta ambiciosa para lo que el presidente Biden y el Congreso pueden lograr este año. Los presupuestos son declaraciones de valores y el presupuesto del presidente Biden demuestra el compromiso de su administración con la construcción de una economía que funcione para todos los estadounidenses, no sólo para unos pocos privilegiados.

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El anuncio de hoy de que la economía agregó 266.000 puestos de trabajo el mes pasado subraya que, si bien ésta se está recuperando, no lo está haciendo lo suficientemente rápido. Después de una semana de anécdotas sobre la carencia de mano de obra, los datos cuentan una historia muy clara de que cualquier escasez de trabajadores se debe a que hay menos mujeres en la fuerza laboral. Todo el crecimiento de la fuerza laboral este mes provino de los hombres, mientras que más mujeres la abandonaron, probablemente debido al hecho que la infraestructura de cuidado del país no satisface las necesidades de millones de familias. Mientras las disposiciones del Plan de Rescate Estadounidense todavía están teniendo efecto, este previno una crisis humanitaria generalizada. Aún así, está claro que se debe hacer más para sacar realmente a la economía de la crisis y poner al país en el camino hacia un crecimiento económico sostenido y amplio. El Congreso ahora enfrenta la opción de continuar la recuperación incierta y aletargada, o aprobar el Plan de Empleo Estadounidense y el Plan Familias Estadounidenses, que no sólo generarían empleos rápidamente, sino que fundamentalmente pondrían a la economía en una nueva trayectoria de prosperidad compartida y duradera.

El Plan Familias Estadounidenses y el Plan de Empleo Estadounidense realizan inversiones específicas en las personas que no sólo han sido más perjudicadas por la crisis, sino que también cuyos gastos y trabajo generarán un crecimiento económico sostenible en los años venideros. Esta agenda es una ruptura radical con las políticas pasadas que han fallado en generar un crecimiento amplio, porque se han centrado en recortes tributarios por goteo a expensas de las inversiones públicas y el apoyo a las familias. En particular, el Plan Familias Estadounidenses aborda los obstáculos que han mantenido a las mujeres  desproporcionadamente fuera de la fuerza laboral. La investigación de la Reserva Federal indica que habría 5 millones de personas más en la fuerza laboral si Estados Unidos promulgara una licencia nacional remunerada y un cuidado infantil más asequible, similar a las políticas en el Plan Familias Estadounidenses.

En este momento, décadas de anémico crecimiento del Producto Interno Bruto y desigualdades estructurales agravadas significan que, sin más acción, los estadounidenses se enfrentan a un futuro económico incierto. El informe de hoy también subraya que la economía no está funcionando para todos. Las mujeres todavía tienen millones de trabajos sin poder recobrar las pérdidas históricas que experimentaron el año pasado. Esto es especialmente cierto para las mujeres negras, latinas y asiático-estadounidenses que han perdido trabajos de manera desproporcionada durante el año pasado. La tasa de desempleo de los hombres latinos es mucho más alta que la de los hombres blancos, mientras que la tasa de desempleo de los hombres negros volvió a más del diez por ciento. Además, los trabajadores sin educación más allá de la escuela secundaria no han recuperado trabajos al mismo nivel que los trabajadores con títulos técnicos o licenciaturas. Debido a que la economía agregó puestos de trabajo y las ganancias se concentraron en sectores que anteriormente estaban en dificultades económicas, los datos desmienten absolutamente cualquier noción de escasez de mano de obra.

Las políticas de la administración Biden ya están sentando las bases para la recuperación económica. Su exitoso programa de vacunación significa que más de 100 millones de personas, por primera vez en más de un año, pueden aventurarse fuera de sus hogares con seguridad. Aún así, no hay duda de que la pandemia continúa frenando la economía y que todos los estadounidenses se vacunen para aplastar el virus sería un paso invaluable e inmediato. El país se encuentra en una encrucijada. Se debe hacer más para realizar inversiones en las personas y los empleos, que desbloquearían una nueva era de prosperidad compartida. El Plan Familias Estadounidenses y el Plan de Empleo Estadounidense presentan una oportunidad, que no se había visto en décadas, para hacer precisamente eso. Ahora le toca al Congreso hacer su trabajo, y aprobar ambos paquetes de ayuda para estimular el crecimiento económico y asistir a las familias a prosperar.

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Asegurar que todos tengan acceso a viviendas seguras, accesibles y asequibles no sólo es un derecho fundamental, sino que es la piedra angular de la salud pública y necesario para controlar la propagación de la pandemia de COVID-19 aún en curso. No es hipérbole decir que esta decisión podría empujar al país a un “apocalipsis de vivienda”, que llevaría a millones de personas a perder sus hogares. La vivienda es atención de salud. Una emergencia de salud pública no es el momento para echar a la gente de sus hogares. Sobre todo, como resultado de esta decisión, los legisladores deben continuar realizando inversiones sólidas en asistencia para el alquiler. Pero la asistencia para el arriendo por sí sola no es suficiente para mantener a las personas albergadas: prevenir los desalojos es necesario para mantener a las personas sanas y asegurar una recuperación equitativa. Instamos encarecidamente a los CDC a apelar a esta decisión y, a los legisladores en todos los niveles, a promover la salud pública y seguridad económica mediante la promulgación de políticas que aseguren que todos tengan un lugar al que llamar hogar.

Para obtener más información sobre las implicancias de terminar con la moratoria de desalojo, lea: “Kicking Folks Out While They’re Down”, por Rejane Frederick y Jaboa Lake

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