¿Tribunal estatal o federal?

La mayoría de las personas se encontrarán en una sala de audiencias judiciales en algún momento de sus vidas, tal vez por una multa de tráfico, una demanda, o el servicio de jurado. Mientras que los procedimientos judiciales y las salas de audiencia pueden dar las apariencias de ser iguales en los tribunales estatales o federales, los dos sistemas judiciales no podrían ser más diferentes.

¿Cómo se eligen a los jueces para los tribunales estatales y federales?

Los jueces federales son nominados por el presidente y confirmados por el Senado de los EE.UU. La juez Sonia Sotomayor, por ejemplo, fue nominada por el presidente Barack Obama al Tribunal Supremo de los EE.UU.—la corte más alta federal—el 26 de mayo de 2009, y fue confirmada por el Senado de los EE.UU. el 6 de agosto de 2009. Los redactores de la Constitución de los EE.UU. diseñaron el sistema judicial federal para que los jueces estén generalmente aislados de la presión política una vez que ocupen su puesto en la corte. Estos jueces jamás tienen que ser elegidos o nombrados de nuevo. Ellos sirven de por vida.

El presidente Obama ha designado al tribunal federal con más diversidad en la historia de EE.UU. Según el Federal Judicial Center, a partir del 2 de agosto del 2016, de 778 jueces y magistrados actualmente sirviendo en las cortes del distrito, circuito y el tribunal supremo, 263 (o 34 por ciento) son mujeres, 107 (o 14 por ciento) son afroamericanos, 79 (o 10 por ciento) son hispanos, y 25 (o 3 por ciento) se identifican como asiático-americanos. Sin embargo, los tribunales federales todavía sufren de una falta de diversidad racial, étnica, de género, y de experiencia.

Algunos estados utilizan un sistema similar para sus cortes estatales, pero en 39 estados, los jueces deben ser reelectos para mantener sus puestos. En aproximadamente la mitad de esos estados, los jueces son elegidos inicialmente de una lista que el gobernador prepara en un proceso de selección por méritos centrado en sus calificaciones. En la mayoría de los estados donde se selecciona a base de méritos, los jueces deben postularse en campañas de retención, en la cual se les pregunta a los votantes si deberían esos jueces mantener su puesto. Estas campañas de retención han visto históricamente menos contribuciones monetarias, pero algunas elecciones recientes han visto millones en gastos para destituir a los jueces titulares. Los otros estados con elecciones requieren que los jueces lancen una campaña competitiva. Sólo un puñado de estados todavía utilizan boletas electorales partidistas para elegir jueces, y esas elecciones han visto tradicionalmente las elecciones más costosas.

¿Cuáles son los problemas con cada uno de estos procesos?

Nuestros representantes elegidos nominan y confirman a los jueces federales. Bajo las reglas del Senado, los senadores juegan un papel clave en las confirmaciones en el estado de donde proviene el juez en cuestión, y pueden obstruir el proceso para llenar un puesto vacante en el Tribunal Supremo. Pasos adicionales establecidos por tradiciones antiguas del Senado permiten obstrucción partidista en el proceso de confirmación. En 2016, por ejemplo, el Presidente Obama nominó al juez Merrick Garland al Tribunal Supremo después de la muerte del juez Antonin Scalia, y el Senado se ha dedicado a obstruir su nominación en una manera que rompe todos los récords. El resultado ha sido la prolongación de un puesto vacante que ha afectado a millones de estadounidenses, incluyendo a 6.4 millones de individuos que aun temen la deportación de un ser querido después de la decisión dividida 4-4 de la Corte en el caso de U.S. v. Texas.

En las cortes estatales, donde la mayoría de jueces son elegidos, los candidatos suelen requerir conexiones políticas o acceso a millones de dólares para que su campaña sea exitosa. Durante las elecciones estatales del Tribunal Supremo del 2014, se gastaron aproximadamente unos $15 millones—con más de la mitad proveniente de partidos políticos y las empresas independientes creadas gracias a Citizens United. El año pasado, la elección al Tribunal Supremo en Pennsylvania fue testigo de aún más dinero, un récord para una elección estatal al Tribunal Supremo.

A los candidatos minoritarios típicamente les faltan las conexiones necesarias para conseguir donaciones de considerable proporción, lo cual puede resultar en una pérdida de diversidad étnica y racial en el tribunal. Un informe del 2015 publicado por el Center for American Progress reportó que jueces minoritarios tenían tasas de reelección considerablemente más bajas que los jueces blancos no hispanos. El informe toma en cuenta a dos jueces del Tribunal Supremo de Tejas que perdieron sus puestos a contrincantes que cuestionaron si los votantes volverían a elegir a un juez con un nombre Latino.

La mayoría de los estados tienen reglas de ética que no detienen exitosamente a los jueces de escuchar casos que involucran a los donantes de campaña. En Wisconsin, la regla fue escrita por dos grupos que han gastado mucho dinero para elegir a los jueces, y como se debía de esperar, la regla dice que contribuciones a la campaña no puede ser el único motivo para la recusación de un juez. La mayoría conservadora en la Corte Suprema de Wisconsin citó esta regla al negarse a sentarse en un caso involucrando grupos que habían gastado $10 millones para apuntarlos a la corte.

¿Dónde pertenece un caso? ¿En la corte federal o estatal?

La mayoría de casos—más del 90%—tienen audiencia en las cortes estatales. Esto incluye casos criminales o demandas que involucran leyes estatales, y también los asuntos de la ley de familia como el matrimonio y divorcio. Cortes estatales también escuchan casos que involucran derechos constitucionales importantes del estado. Casi todas las constituciones estatales protegen el derecho a una educación igualitaria o adecuada, y varios Tribunales Supremos estatales se han enfrentado a legisladores estatales a base de su obligación a respetar este derecho de proveer fondos iguales para todas las escuelas.

Las cortes federales, al contrario, sólo pueden escuchar algunos tipos de casos. Esto incluye casos de crímenes federales, demandas involucrando a ciudadanos de diferentes estados, y casos en relación a la Constitución de los EE.UU. Las cortes federales interpretan la Constitución de los EE.UU., la cual limita el poder del gobierno y protege los derechos como la libertad de expresión e igualdad ante la ley. Por ejemplo, el matrimonio igualitario fue establecido en 2015 después de seis fallos por la corte del distrito, el cual fue apelado a la Cuarta, Sexta, Séptima, Novena, y Decima corte del circuito, y finalmente culminó en el caso de Obergefell v. Hodges en el Tribunal Supremo. En 2016, los derechos al aborto fueron sostenidos en el caso del Tribunal Supremo Whole Woman’s Health v. Hellerstedt, después de que una decisión del tribunal del distrito invalidó la ley Targeted Regulation of Abortion Provider, o TRAP, sólo para ser revertida por la Corte del Quinto Circuito.

Conclusión

Aunque puede parecer complejas, nuestras cortes estatales y federales toman decisiones que nos impactan a todos. Los jueces en estas cortes interpretan constituciones que protegen nuestros derechos. Pero estas cortes se enfrentan a grandes problemas: una falta de diversidad, la influencia de contribuciones de campaña en cortes estatales, y un sinfín de casos retrasados por los puestos vacantes en las cortes federales. Los estadounidenses deberían demandar diversidad judicial y reformas de proceso que les darán acceso a la justicia y para asegurar que los jueces mantengan justicia e imparcialidad, para que todos nos beneficiemos y confiemos en nuestras cortes estatales y federales.

Anisha Singh es la gerente de campañas para el equipo de Legal Progress en el Center for American Progress. Billy Corriher es el director de investigación para el equipo de Legal Progress.