Inmigración

Un Camino Hacia la Ciudadanía y el Crecimiento Económico a través de la Conciliación Presupuestaria en EE.UU.

Por Ricardo Rauseo | Publicado en Julio, 1 2021

Durante la semana pasada, el Comité de Presupuesto del Senado presidido por Bernie Sanders (I-VT), publicó un borrador de su plan presupuestario de conciliación de 6 billones de dólares, que incluye 126 mil millones de dólares para poner a la población inmigrante en el camino hacia la ciudadanía. Si bien la propuesta es solo el comienzo del proceso de conciliación del presupuesto, la inclusión de la inmigración en el anteproyecto es un paso importante para lograr la aprobación de la legalización en el Congreso.

Como explica esta columna, poner a las personas inmigrantes indocumentadas en una ruta hacia la ciudadanía resultaría en grandes beneficios económicos para todos los estadounidenses, algo que puede y debe hacerse mediante el proceso de conciliación presupuestaria (mecanismo que permite la aprobación de una ley fiscal con la mayoría simple en las dos cámaras del Congreso en Estados Unidos).

Los grandes beneficios económicos de otorgar la ciudadanía

En un informe reciente, el Center for American Progress (CAP) y el Centro de Migración Global Davis de la Universidad de California encontraron que poner  a los inmigrantes indocumentados en camino a  la ciudadanía traería beneficios significativos a la economía de la nación en su conjunto: desde un mayor PIB y salarios más altos para todos los trabajadores, hasta la creación de cientos de miles de nuevos empleos permanentes. Poner a los Dreamers, aquellos elegibles para el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), y a los trabajadores esenciales incluidos los agrícolas, en un camino hacia la ciudadanía como propone el Comité de Presupuesto del Senado, agregaría un acumulado de 1,5 billones de dólares al PIB de los Estados Unidos durante una década y crearía poco más de 400.000 nuevos empleos. Al final de una década después de la aprobación, toda la población estadounidense vería salarios más altos en 600 dólares anuales. Sin importar cómo sean  el paquete de conciliación final y la ruta hacia las disposiciones de ciudadanía, los beneficios para la economía y las personas en todo el país serían sustanciales.

La inmigración puede y debe realizarse mediante la conciliación

Más allá de los importantes beneficios económicos, existe un sólido precedente para incluir la legalización en un paquete de conciliación presupuestaria. En 2005, el Senado entonces controlado por el partido Republicano, aprobó abrumadoramente mediante la conciliación una versión de lo que finalmente se convirtió en la Ley de Reducción del Déficit, que contiene varias disposiciones de inmigración relevantes. Y si bien las disposiciones de inmigración fueron finalmente retiradas del paquete durante un proceso de conferencia a partir de la versión del proyecto de ley aprobada por la Cámara de Representantes, el hecho de que el Senado propuso y aprobó estas disposiciones en primer lugar es ilustrativo.

La Sección 8001 del proyecto de ley aprobado por el Senado creó un nuevo proceso para “recuperar” visas permanentes de inmigrante por razón de empleo (es decir, tarjetas verdes) que no se utilizaron en años fiscales anteriores, de hasta 90.000 visas por año. Bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, 140.000 tarjetas verdes se reservan cada año para la inmigración en base del empleo. Si, por ejemplo, los retrasos burocráticos dan lugar a que algunas de esas visas no se emitan al final del año fiscal, entonces esas visas vacantes se pierden definitivamente. La propuesta del Senado de 2005 habría permitido recuperar y asignar estas visas perdidas en años futuros. El proyecto de ley también hizo un cambio que habría ampliado de manera similar el número de tarjetas verdes distribuidas cada año, al eximir de los límites numéricos a los cónyuges e hijos de quienes aplican con personas elegibles para una tarjeta verde patrocinada por un empleador.

En el año fiscal 2019, por ejemplo, los inmigrantes con visas de trabajo fueron acompañados a los Estados Unidos por aproximadamente 70.000 miembros de familia, de un límite de 140.000. Permitir que estas personas ingresen fuera de las limitaciones numéricas habría significado que otras 70.000 personas, junto con sus familiares, habrían podido llegar a través del sistema basado en el empleo. Cada inmigrante patrocinado por un empleador trae, en promedio, poco más de un miembro adicional de la familia. Por lo tanto, en lugar de las actuales 140.000 tarjetas verdes por razón de empleo que se autorizan cada año, los Estados Unidos habrían entregado aproximadamente 462.000 tarjetas verdes de ese tipo por año con el proyecto de ley de conciliación de 2005 aprobado por el Senado (140.000 de base más 90.000 visas recuperadas, más 234.000 miembros de la familia admitidos fuera del límite numérico). De esa cantidad, 324.000 serían nuevas tarjetas verdes. Durante una década, esta disposición habría puesto a disposición 3,24 millones de tarjetas verdes adicionales comparado con la ley actual.*

A primera vista, ampliar el número de tarjetas verdes patrocinadas por un empleador puede parecer distinto a la legalización. Pero el impacto final de tal cambio, particularmente cuando se trata de los efectos presupuestarios, es similar. En ambos casos, el Congreso está aumentando el número de tarjetas verdes entregadas cada año y es la presencia de nuevos titulares de tarjetas verdes lo que conduce a un impacto presupuestario. Como se analiza más adelante, ese impacto es lo que, en última instancia, permite su inclusión en la conciliación.

Un camino a la ciudadanía puede pasar la prueba de la regla Byrd

El precedente de 2005 también ilustra cómo la legalización puede pasar la prueba fundamental de la regla Byrd, que lleva el nombre de su autor, el senador Robert Byrd (D-WV). Esta prueba de varias partes establece lo que se considera ajeno para la conciliación y, por lo tanto, no se puede incluir en un proyecto de ley de conciliación del Senado. Las reglas incluyen el requisito de que cada disposición del proyecto de ley tenga un efecto en el presupuesto en forma de cambios en los gastos o ingresos y, lo que es más importante, que este cambio no sea “meramente incidental” para el objetivo de política. En otras palabras, los efectos presupuestarios deben ser más prominentes que los efectos de las políticas. Uno no puede simplemente agregar una pequeña tarifa, por ejemplo, a un cambio de política masivo en un intento de cambiar los ingresos federales.

Tanto en el efecto presupuestario como en la prueba “meramente incidental”, la legalización califica con los requisitos. Incluso con las grandes ganancias económicas que se acumulan con el tiempo, en lo inmediato, la legalización aumenta los costos para el gobierno federal, principalmente a medida que los nuevos titulares de la tarjeta verde se vuelven elegibles para recibir beneficios y servicios. La Oficina de Presupuesto del Congreso, por ejemplo, midió el costo de una década de haber aprobado la ley H.R. 6, la Ley de Sueños y Promesas, para poner a los Dreamers y a personas elegibles para TPS en un camino hacia la ciudadanía, en 42,5 mil millones de dólares en cambios dentro del presupuesto.

La Ley de Reducción del Déficit de 2005 también es indicativa en este caso. La recuperación de la tarjeta verde y las disposiciones familiares no desafiaron la regla Byrd, ni se incluyeron en una lista de disposiciones consideradas ajenas según la misma regla Byrd en una revisión hecha por el personal demócrata del Comité de Presupuesto del Senado. Esa lista incluía más de 70 disposiciones, lo que dejaba claro que el personal examinó todos los elementos del proyecto de ley. Lo más importante es que el propio senador Byrd estuvo en el Senado durante estos debates y no impugnó las disposiciones recurriendo a su propia regla. En su lugar, propuso una enmienda para eliminar las disposiciones de inmigración del proyecto de ley, que fracasó abrumadoramente 85 a 14, lo que llevó a la inclusión final de las disposiciones en la versión del proyecto de ley aprobado por el Senado.

Conclusión

Como lo ha argumentado el CAP durante mucho tiempo, los Estados Unidos no pueden tener una recuperación económica totalmente robusta y equitativa sin considerar la inmigración. La inclusión de un camino hacia la ciudadanía en el proceso de conciliación presupuestaria -a medida que el Congreso considera todas las vías para la legalización- es una forma importante, viable y económicamente sólida de avanzar.

Philip E. Wolgin es el vicepresidente interino de Inmigración en el Center for American Progress. El autor agradece a Marshall Fitz, Kevin Kayes, Doug Rand y Nicole Prchal Svajlenka por su ayuda.

*Nota: Las estimaciones del autor se basan en el Libro Anual de Estadísticas de 2019 del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Tabla 7.