La representante Martha Roby (R-AL) ha propuesto una enmienda que les negaría los beneficios de asistencia nutricional a los estadounidenses que viven en hogares donde hay alguien que no pueda demostrar que tiene autorización para vivir en los Estados Unidos.

Demasiados niños latinos elegibles están pasando hambre sin asistencia nutricional, y la enmienda de Roby haría una situación mala significativamente peor.

La versión de la Cámara del proyecto de la Ley Agrícola escrita incluye más de $ 16 mil millones en recortes al Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (en ingles el Supplemental Nutrition Assistance Program o SNAP)- al hacer más difícil que los estadounidenses que tienen necesidad reciban beneficios. Esto se aborda a lo inhumano cuando más de 46 millones de ciudadanos dependen de los beneficios de asistencia nutricional para tener suficiente para comer y, cuando casi 4 millones de hogares con niños no pueden proveer alimentación adecuada a estos niños.

Una enmienda propuesta por la Representante Martha Roby (R-AL) lograría algunos de estos recortes al negarle asistencia nutricional a los estadounidenses calificados que viven en un hogar con alguien que no puede probar que tiene autorización para vivir en los Estados Unidos- aun cuando esos individuos no busquen esos beneficios para ellos mismos.

Esta enmienda está claramente dirigida a los hijos de inmigrantes indocumentados. Alrededor de un cuarto de los niños de nuestro país tienen padres inmigrantes, y de todos los hijos de inmigrantes, más de 8 de cada 10 (86 por ciento) son ciudadanos estadounidenses. Lastimosamente, más de un cuarto (26.2 por ciento) de los hogares hispanos experimentan la inseguridad alimentaria, una tasa más alta que cualquier otro grupo racial o étnico. Bajo la propuesta restricción, 4,5 millones de niños ciudadanos estadounidenses perderían acceso a los beneficios de asistencia nutricional y más del 80 por ciento de los niños que perderían los beneficios bajo la propuesta restricción son latinos.

La enmienda también les afectaría a los ciudadanos nativos que no tienen certificados de nacimiento o pasaportes. Aproximadamente 11 millones de estadounidenses nativos no tienen certificados de nacimiento ni pasaportes, y las personas que ganan menos de $ 25,000 por año son casi dos veces más propensos a carecer de estas formas de documentación que aquellos con ingresos más altos. En total, unos 3 millones de ciudadanos de bajos ingresos no tienen un pasaporte o certificado de nacimiento en su casa.

Esta enmienda es totalmente innecesaria debido a la forma existente que se determina la elegibilidad para la asistencia nutricional. Para calificar para los beneficios a través del Programa Suplementario de Asistencia Nutricional, los trabajadores necesitan llenar ciertos requisitos de elegibilidad basado en los ingresos y, en algunos casos, de empleo. Una persona tiene que ser ciudadano de EE.UU. o extranjero legal además de cumplir con los requisitos de elegibilidad. Los inmigrantes indocumentados ya están excluidos de recibir asistencia.

Actualmente cuando se hace una solicitud para una persona elegible, no se considera el estatus legal de los miembros del hogar que no recibirían los beneficios, aunque sus ingresos y activos si se utilizan en el cálculo de elegibilidad. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos esto se debe a que:

Algunos solicitantes (típicamente los niños elegibles que vienen de familias donde otros adultos no son elegibles) no pueden solicitar por su propia cuenta. Ellos dependen de los miembros adultos de la familia para obtener asistencia. Los Estados deben ser capaces de estructurar un proceso de aplicación que les permita a estos miembros que soliciten de parte de sus niños sin divulgar información sobre su estado inmigratorio.

Las familias inmigrantes, incluyendo aquellos con hijos ciudadanos, ya son menos propensos a solicitar los beneficios de asistencia nutricional que las familias donde todos los miembros han nacido en los Estados Unidos, incluso cuando ellos califican. En 2008 sólo el 51 por ciento de los extranjeros elegibles participaron en el programa y sólo el 55 por ciento de los niños ciudadanos elegibles que viven con adultos que no son ciudadanos se inscribieron. A nivel nacional, 67 por ciento de todas las personas elegibles participan, junto con el 86 por ciento de todos los niños elegibles.

El forzar a miembros del hogar a demonstrar su estatus legal cuando ellos no recibirían esos beneficios de asistencia nutricional van en contra de la meta del Programa Suplementario de Asistencia Nutricional, cual busca a brindarle beneficios de nutrición esencial a los ciudadanos que de otro modo podrían pasar hambre.

Sarah Jane Glynn es Analista de la Política Económica en el Center for American Progress.

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Todos los ojos estarán en la Corte Suprema de Justicia cuando ésta escuche los argumentos sobre la constitucionalidad de la ley anti-inmigrante S.B. 1070 de Arizona, el miércoles. La S.B. 1070 va mucho más allá de la ley federal en materia de aplicación de leyes inmigratorias, al hacer un delito el encontrarse sin un estatus legal en el estado y autorizar a la policía a verificar el estatus de cualquier persona que la policía sospeche que se encuentra en el país en forma ilegal.

El fallo de la Corte Suprema determinará si los Estados Unidos habla con una sola voz en materia de inmigración o con 50 voces y si la nación tendrá un mosaico de leyes de inmigración de nivel estatal—en virtud de las cuales algunos estados acogen a los inmigrantes y otros los rechazan—o si habrá una sola política de inmigración uniforme en todo el país.

Leyes como la S.B. 1070 nunca arreglarán el sistema inmigratorio quebrado de nuestra nación. He aquí las tres principales razones por las que estos proyectos de ley anti-inmigrantes de nivel estatal no resuelven el problema:

1. En realidad, los inmigrantes no autorizados no son extraños: ellos son como las demás personas. La S.B. 1070 de Arizona obliga a la policía a pedirle documentos a todos aquellos sobre los cuales hay una sospecha razonable que se encuentra en el país sin un estatus legal. Pero, ¿cómo puede determinarse quién tiene los documentos en regla? Según estas leyes a cualquier persona de color o a cualquiera que tenga un acento extranjero se le puede exigir que pruebe su estatus legal y puede ser encarcelado—sin importar si son ciudadanos o inmigrantes—hasta poder producir los documentos apropiados.

2. Los estados no pueden deportar a los inmigrantes. Solo el gobierno federal tiene la facultad de expulsar a los inmigrantes del país. Lo único que pueden hacer estados como Arizona es hacerle la vida lo más difícil posible a los inmigrantes que viven en el estado, con la esperanza de que se “auto deporten”: una estrategia que se conoce como “el abandono mediante la aplicación de la ley”. Las leyes como la S.B. 1070 pueden causar estragos en cada ciudadano estatal, pero no causan la deportación de un solo inmigrante indocumentado.

3. Los inmigrantes no autorizados no se marchan del país, incluso frente a leyes anti-inmigrantes rigurosas. Varios estudios demuestran que las leyes antiinmigrantes no causan la auto deportación. En el mejor de los casos los inmigrantes se van de un estado hacia otro estado más acogedor o pasan a vivir en una forma mucho más clandestina. ¿Por qué no “se van a sus hogares”? Porque ellos están en sus hogares. Dos tercios de los inmigrantes indocumentados han vivido en los Estados Unidos durante más de 10 años, casi la mitad son parte de familias y en todo el país casi 17 millones de personas viven con una persona indocumentada. Leyes como la S.B. 1070 desconocen la realidad.

En lugar de tener 50 leyes estatales, el Congreso debe unirse para aprobar una política de reforma inmigratoria nacional que sea realista y que sirva los mejores intereses de nuestra nación.

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Esta semana la Corte Suprema escuchará los argumentos sobre la constitucionalidad de la ley antinmigrante S.B. 1070 de Arizona. La S.B. 1070 va mucho más allá de la ley federal en materia de aplicación de leyes inmigratorias, al hacer un delito el encontrarse sin un estatus legal en el estado y obligar a la policía a pedir prueba del estatus legal a cualquier persona que ellos consideren que se encuentra en el país de manera ilegal. La ley está diseñada para obligar a los indocumentados a salir del país siguiendo una estrategia desacertada de abandono por aplicación de la ley o auto-deportación. Pero, ¿qué es lo que realmente sucedería si la Corte ratifica la ley? He aquí nuestra lista de consecuencias desagradables.

Luz verde a las medidas “imitadoras”

Si la Corte Suprema confirma las disposiciones de la S.B. 1070 como el requisito de “documentos por favor”, ello en forma indirecta permitirá que entren en vigor también las disposiciones afines de los proyectos de ley antinmigrante que han sido suspendidas en Alabama, Georgia, Utah y Carolina del Sur. Lo que es aún más amenazante, el fallo de la Corte le daría una luz verde para que se aprobaran leyes similares en estados como los de Oklahoma, Kansas, Mississippi, Virginia, Missouri y Tennessee, en los cuales se han contemplado leyes imitadoras. Si se permite que se mantengan en pie los proyectos de ley antinmigrante, los Estados Unidos volverá a encontrarse en la posición de una nación profundamente dividida donde algunos estados acogen a los inmigrantes y otros los rechazan.

Se legalizará el detener a personas en base de su perfil racial

Puesto que nadie puede determinar con solo el mirar a una persona si tiene o no un estatus legal—como señala el académico legal Lucas Guttentag —es probable que el decidir quien carece de estatus se “base en su apariencia, se base en su origen étnico o se base en lo que alguna persona local pueda considerar quien es o no ciudadano”, lo que constituye el preludio del perfil racial y la discriminación por motivos raciales. Todas las personas de Arizona y los estados que aprueben legislaciones parecidas a la S.B. 1070 estarán obligados por ley a llevar prueba de su estatus legal en todo momento o a enfrentar la posibilidad de ser detenido. En la práctica, serán las personas de color que tendrán que soportar las peores consecuencias de estas políticas.

La seguridad pública se verá comprometida

En lugar de enfocarse en mantener nuestras comunidades seguras, los profesionales encargados de velar por el cumplimiento de la ley en los estados con leyes antinmigrantes se verán obligados a desviarse de su misión fundamental para detener a los inmigrantes no autorizados. Como lo señala el Sgto. Bryan Soller, presidente del Gremio Policial de la Orden Fraterna de Mesa, Arizona , “Si nos están agobiando con llamadas, ¿acaso es más importante un delito menor [traspaso de la propiedad por parte de un inmigrante ilegal] que un apuñalamiento o un tiroteo? No.” Del mismo modo, los inmigrantes que viven con temor a las leyes anti-inmigrantes tendrán miedo de acudir a la policía para denunciar un delito, lo que hará menos seguras nuestras comunidades.

Se debilitan las economías estatales

Las leyes antinmigrantes golpean a los estados en sus presupuestos. En el primer año después de la aprobación de la S.B. 1070, Arizona sufrió pérdidas estimadas alrededor de $141 millones por concepto de cancelaciones de conferencias. El impacto en la industria turística solo este primer año solamente ascendió a un total de $250 millones en la producción económica y cerca de 3,000 empleos perdidos. Se calcula que la ley antinmigrante de Georgia, la H.B. 87, le costará al estado entre los $300 millones y los $1, 000 millones en producción agrícola perdida, en tanto que un informe de la Universidad de Alabama calcula que la H.B. 56 de Alabama le costará al estado cerca de $11,000 millones por concepto de daños económicos anualmente.

Reduce la atracción de los Estados Unidos

Las decisiones que toma cada estado afectan la política exterior de los EE.UU. en su conjunto y cuando los nacionales extranjeros y los inversionistas extranjeros se sienten amenazados, el país entero sufre. El gobierno de México ya ha emitido una advertencia de viaje a todos los nacionales mexicanos en Arizona, en la que se les informa que podrían ser “molestados o interrogados sin motivo alguno en cualquier momento.” En un estado en el que 65,000 mexicanos ingresan diariamente a Arizona, donde gastan en total unos $7,35 millones por día, un fallo de la Corte Suprema que ponga en vigor la ley de Arizona (con la imposición de sus disposiciones más estrictas) podría ser gravemente perjudicial para la economía del estado y, por extensión, para la economía de nuestra nación.

El continuar señalando como objetivos a los nacionales extranjeros también puede impedir la cooperación internacional en los esfuerzos por combatir el terrorismo, el tráfico de drogas, el contrabando de armas y el tráfico de personas. Y como el Subsecretario de Estado James B. Steinberg dijo en su testimonio ante la Corte Federal de Distrito del Distrito de Arizona, el Senado Mexicano ya ha propuesto la revisión del acuerdo con los Estados Unidos sobre el manejo coordinado de emergencias en caso de desastres naturales, citando la ley de Arizona como razón para mantenerse alejados del trabajo transfronterizo.

La conclusión: en lugar de tener un mosaico de 50 políticas estatales, necesitamos que los Estados Unidos hable con una sola voz en materia de inmigración. En vez de políticas que perjudiquen nuestra economía, seguridad pública y política exterior, necesitamos políticas que promuevan la inclusión y el crecimiento. Los Estados Unidos como nación fue fundada sobre la base de la igualdad y no de la división.

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La semana pasada cerca de 1.000 manifestantes marcharon desde Selma, Alabama, a Montgomery, Alabama, para recrear el histórico movimiento de Selma a Montgomery sobre los derechos civiles de marzo de 1965. La marcha de protesta unió a representantes del NAACP, el sindicato AFL-CIO, y los grupos de derechos de los latinos, que aprovecharon la ocasión para resaltar las formas actuales de discriminación – protestando los intentos de restringir la votación en el estado y expresando su oposición a la ley de inmigración restrictiva de Alabama, HB 56.

Este signo de unidad entre los activistas latinos y afroamericanos refleja los cambios demográficos del estado de Alabama. De 2000 a 2010 Alabama experimentó el tercer más rápido crecimiento de población hispana, y fue uno de los nueve estados donde la población hispana se duplicó en tamaño durante la década anterior.

Aquí presentamos unos datos sobre cómo las comunidades de color emergentes están cambiando la economía y el electorado en Alabama.

1. Las comunidades de color están impulsando el crecimiento de la población de Alabama. Alabama tuvo un fuerte crecimiento demográfico de un 7,5 por ciento entre 2000 y 2010. La población hispana aumentó por un 145 por ciento desde 2000 a 2010, que representó el 27,7 por ciento del crecimiento total del estado desde 2000 hasta 2009.

2. Los niños de color ahora representan más del 40 por ciento de los niños de Alabama. En 2008, los niños de color eran el 38,6 por ciento de todos los niños en el estado. Para el año 2010 los niños de color formaban el 40,7 por ciento de los niños de Alabama. Ese año, el 30,7 por ciento de la población infantil era afroamericana y un 1,1 por ciento fueron asiáticos. Un 5,9 por ciento de los niños de Alabama eran hispanos y 2.8 por ciento de la población infantil era de raza mixta.

3. Las comunidades de color son más jóvenes y representan el futuro del estado. En 2010 la edad promedio de los anglosajones fue del 41,2. En comparación, la edad de los hispanos promedio fue del 24,8, mientras que la edad promedio de los afroamericanos fue del 32,2 y 32,1 para los asiáticos.

4. En 2008, los afroamericanos votaron en gran medida para el entonces Sen. Barack Obama (D-IL) por encima del senador de Arizona John McCain (R). En noviembre de 2008, 547.000 afroamericanos votaron en Alabama, lo que represento más de un cuarto del total de votos del estado. Aunque el senador Obama perdió el estado contra el Sen. McCain por más de un 21 por ciento, los votantes afroamericanos en Alabama en gran medida apoyaron al senador Obama en las urnas. Las encuestas de salida sugieren que el 98 por ciento de los votantes afroamericanos votaron por el senador Obama, mientras que sólo el 2 por ciento votó por el senador McCain.

5. El aumento de comunidades de color en Alabama muy pronto se traducirá en poder político. En las elecciones de 2010 403.000 afroamericanos, 14.000 hispanos y 4.000 asiáticos votaron en Alabama. Entre 2000 y 2010 la población hispana en Alabama creció por 109.772 personas y la población asiática aumentó por 22.249 personas. Sólo un 22,1 por ciento de los ciudadanos hispanos en Alabama votaron en 2010, poco más de la mitad de la tasa de voto promedio de los ciudadanos anglosajones. La presión para convertir los números en el poder político se elevará junto con el número de los votantes de color en el estado.

6. Alabama aprobó H.B. 56, la ley anti-inmigrante mas dura en los Estados Unidos, en junio del 2011. La legislación del estado creó caos en el estado, mientras que latinos huyeron a comunidades que les dieron una mejor bienvenida, alumnos escolares estaban demasiado asustados para ir a la escuela, y los agricultores estuvieron preocupados por la falta de mano de obra para recoger sus cosechas. Según un estimado de la Universidad de Alabama y su Centro de Negocios e Investigación Económica, HB 56 podría costarle al Estado $ 10,8 mil millones y hasta 140.000 puestos de trabajo. Todo para expulsar a una población de indocumentados que se estima que representa sólo el 2,5 por ciento del estado.

7. Los tribunales siguen bloqueando provisiones de la claramente inconstitucional HB 56. El 8 de marzo la Corte del 11º Circuito de Apelaciones bloqueó dos secciones adicionales de la ley – uno que prohibía los inmigrantes no autorizados de firmar un contrato con el Estado (incluso para algo tan básico como para conectar agua en su casa) y otro que lo hizo ilegal el entrar en un contrato con un inmigrante indocumentado. Los tribunales previamente bloquearon otras disposiciones, incluyendo los que obligaban a las autoridades escolares que informaran sobre el estatus migratorio de sus estudiantes y que convirtió en un crimen el darle a un inmigrante no autorizado de un paseo en un coche.

8. Las personas en las comunidades de color se enfrentan a importantes obstáculos económicos. El ingreso promedio por hogar para los afroamericanos en el estado en 2010 era inferior al 60 por ciento de los ingresos de los hogares de anglosajones. El ingreso promedio por hogar para los residentes hispanos en Alabama ese año fue del 70,1 por ciento de los ingresos anglosajones.

9. El desempleo afecta a estas comunidades más fuerte que a los anglosajones. En 2010, el 18,9 por ciento de la fuerza laboral civil afro-americana mayor de la edad de 16 años en Alabama estuvo desempleado. Esto es más del doble que la tasa de desempleo de 9,3 por ciento de la población anglosajona comparable. El desempleo entre los hispanos en el 2010 también fue muy alto, resultando en un 11,6 por ciento ese mismo año.

10. Sin embargo, las comunidades de color contribuyen significativamente a la economía del estado. En 2010, los inmigrantes no autorizados pagaron $ 130 millones en impuestos estatales y locales. Las casi 4.500 empresas que tienen dueños latinos tuvieron ganancias de más de $ 1 mil millones en ventas en 2007, el último año para el cual hay datos disponibles. Las casi 7.000 empresas de propietarios asiáticos generaron más de $ 2.6 mil millones en ventas ese mismo año.

Vanessa Cárdenas es el Director del Progreso 2050 y Angela María Kelley es Vicepresidenta de Política de Inmigración en el Center para el Progreso Americano.

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(transcript)

El derecho al voto está bajo ataque en estados alrededor del país. Los legisladores conservadores están presentando y aprobando proyectos de ley de que requieren que los votantes demuestren ciertos tipos cédulas de identidad con foto a las urnas.

Estos legisladores afirman que las Leyes de Identificación para Votar previenen el fraude, pero en realidad casi no hay casos de votantes haciéndose pasar por otra persona. Una persona tiene más probabilidad de ser impactado por un rayo que de ser suplantado por otra persona en el local de votación.

Estas leyes impactan en particular a los jóvenes y las personas de color. En Wisconsin, que acaba de aprobar una ley de identificación para votar, 59 por ciento de mujeres latinas y 46 por ciento de hombres latinos no tienen una licencia de conducir válida, según un estudio de la Universidad de Wisconsin. Esto marca un fuerte contraste con el 17 por ciento de hombres blanco y 17 por ciento de mujeres blancas que no poseen dicha licencia de conducir.

Cuando consideramos específicamente a los jóvenes votantes latinos, las cifras son aún peores. Según el mismo estudio de la Universidad de Wisconsin, tan solo un tercio de votantes latinos entre las edades de 18 y 14 años tienen una licencia de conducir válida.

Mire el video para aprender más.

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Aunque estas legislaciones probablemente no avanzarán en un Congreso atascado y partidista, y muchos estados han rechazado proyectos de ley anti-inmigrantes, siempre existe la posibilidad de que cualquiera de estas propuestas podrían llegar a ser parte de un compromiso más amplio o ser parte de otra legislación como, por ejemplo, un proyecto de ley presupuestario. Y mientras que muchos estados ya concluyeron sus sesiones legislativas este año, los ejemplos recientes de Alabama y Georgia indican que la ola anti-inmigrante sólo continuará.

Observemos de cerca a las cinco amenazas legislativas a la inmigración:

1. El Acta HALT, H.R. 2497, presentado por el representante Lamar Smith (R-TX).

Este proyecto de ley elimina la capacidad de la administración de Obama de proporcionar discreción de la persecución penal, lo que restringe la capacidad del gobierno de enfocarse en la persecución y detención de los delincuentes, en vez de castigar a todos.

El Acta HALT también cerraría la poca flexibilidad que queda en la ley inmigratoria. Le quitaría al Departamento de Seguridad Nacional la capacidad de dar exenciones por dificultades a, por ejemplo, la esposa indocumentada de un soldado sirviendo en Afganistán para permanecer en los Estados Unidos.

Sin embargo, lo más atroz del proyecto de ley es que solo aplicaría a la administración de Obama. Este flagrante ataque político no tiene nada que ver con la resolución de los problemas inmigratorios del país y todo que ver con atacar al presidente. Y lo que es peor, impediría que las autoridades inmigratorias se enfoquen en las verdaderas amenazas para el país y en vez los obligaría a separar a las familias, deportar a niños, y perseguir a los infractores de tráfico en lugar de criminales peligrosos.

2. El Acta de la Fuerza Laboral Legal (Legal Workforce Act), H.R. 2164, presentado por el representante Lamar Smith (R-TX).

Esta acta hace que E-Verify, el sistema basado en Internet del gobierno federal que verifica la elegibilidad de trabajo, sea obligatorio para todos los empleadores en Estados Unidos. E-Verify es una herramienta para controlar la inmigración que le costará al gobierno federal mucho dinero, aplastará a las pequeñas empresas, e impondrá un impuesto del "derecho al trabajo". Debido a las altas tasas de error en las bases de datos gubernamentales del sistema, de tres cuartos de millón de estadounidenses, incluyendo ciudadanos, perderán sus empleos, mientras entre 1 millón a 3,5 millones se verán obligados a tomar tiempo fuera del trabajo para visitar a una oficina de la Administración del Seguro Social para corregir su información. Las pequeñas empresas tendrán que pagar $2,6 mil millones por año para ejecutar el sistema, y ​​el gobierno federal perderá $17,3 mil millones en ingresos fiscales cuando los inmigrantes indocumentados desaparezcan de la economía legal y aparezcan en la economía de transacciones solo en efectivo.

Lo peor de todo, el sistema no puede detectar los trabajadores sin estatus legal a más de la mitad del tiempo.

3. El Acta de la Ciudadanía por Nacimiento de 2011 (Birthright Citizenship Act), H.R. 140, presentado por el representante Steve King (R-IA).

Este proyecto de ley revocaría el derecho natural a la ciudadanía. Haría cambios a la ley inmigratoria para que la ciudadanía al nacer sólo pueda concederse a los hijos de ciudadanos de EE.UU. o inmigrantes legales.

El cambiar los reglamentos para no permitirles la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados en realidad aumentaría el número de inmigrantes indocumentados en el país. Crearía una subclase permanente de personas. También obligaría a que todos los estadounidenses prueben su ciudadanía antes de obtenerla para sus hijos, imponiendo un nuevo mandato de gobierno engorroso y costoso para todos los ciudadanos, no sólo a los inmigrantes.

4. El Acta de Mantener a Nuestras Comunidades Seguras (Keep Our Communities Safe Act), H.R. 1932, presentado por el representante Lamar Smith (R-TX).

Esta acta proporciona la detención indefinida de ciertos inmigrantes. El Presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes Lamar Smith argumenta que la legislación aseguraría que los criminales violentos no sean liberados de nuevo en los Estados Unidos. Pero el proyecto de ley tiene tan extensa la gama de razones para sostener indefinidamente a una persona en detención de inmigrantes que sus disposiciones podrían ser interpretadas como aplicables a casi todos los inmigrantes detenidos.

Entre otras cosas, el proyecto de ley permitiría que el Departamento de Seguridad Nacional retenga a cualquier persona en procedimientos de deportación, incluso aquellos que soliciten asilo, durante el tiempo que les plazca. La ampliación de los actuales procedimientos de detención, que ya aseguran que cualquiera que supone una amenaza significativa para la comunidad se mantenga en detención, le costaría al gobierno una gran cantidad de dinero y dañaría a las comunidades de inmigrantes ya que mantendría a inmigrantes respetuosos de la ley lejos de sus familias.

5. Leyes anti-inmigratorias estatales: El Acta de Apoyo a las Autoridades de la Ley y Barrios Seguros (Arizona), S.B 1070, promulgada el 23 de abril de 2010; El Acta de la Reforma y Aplicación de la ley de la Inmigración Ilegal (Georgia), H.B. 87, promulgada el 13 de mayo de 2011; El Acta Beason-Hammon de Protección al Contribuyente y Ciudadano de Alabama (Alabama), H.B 56, promulgada el 9 de junio de 2011.

Estos tres proyectos de ley son los intentos para hacer la vida de los inmigrantes indocumentados la más dura posible. Incluyen penas severas para los que están sin estado legal y el mandato de que todos los residentes sean capaces de comprobar su estado legal en todo momento. Permiten que la policía detenga a cualquier persona que sospechan razonablemente de ser indocumentados y verifiquen su estatus inmigratorio, lo cual los críticos argumentan que resultaría inevitablemente en la discriminación racial.

La ley de Georgia también exige el uso de E-Verify para todos los empleadores en el estado, mientras que la ley de Alabama, considerada la ley estatal inmigratoria más dura en el país, prohíbe que los estudiantes indocumentados asistan a universidades públicas, hace que el transporte intencional de inmigrantes indocumentados sea un crimen, y obliga a que los funcionarios de las escuelas públicas determinen el estatus inmigratorio de sus estudiantes.

Estas leyes subvierten el poder del gobierno federal para regular la inmigración y en su lugar imponen un mosaico de normas distintas.

Estas leyes también podrían ser costosas. Después de que los líderes fuera de Arizona llamaron por un boicot del estado siguiendo la promulgación de la S.B. 1070, solo las cancelaciones de conferencias y las pérdidas relacionadas con la industria del turismo le costaron al estado $253 millones en la producción económica.

Y aun luego que un juez federal emitió una orden preliminar para frenar dos disposiciones claves de la ley, la ley continúa afectando a la economía de Georgia. La Asociación de Productores de Frutas y Vegetales de Georgia estima que las pérdidas para el año 2011 alcanzarán los $250 millones, como resultado de que los trabajadores inmigrantes abandonen el estado y los cultivos se desperdicien en los campos. Una reciente encuesta realizada por la Asociación de Restaurantes de Georgia muestra que casi la mitad de los encuestados fueron incapaces obtener un número adecuado de personal en sus restaurantes.

En Alabama, el obligar a las escuelas a comprobar el estado inmigratorio de sus alumnos disuadirá a los estudiantes indocumentados de ejercer su derecho a inscribirse en las escuelas públicas, y convertirá a los maestros en autoridades inmigratorias, en detrimento de sus deberes regulares.

Philip E. Wolgin es un Analista de Política Inmigratoria para American Progress. Traducción por Raúl Arce-Contreras.

Recursos adicionales:

• Principios para la Reforma Inmigratoria
• Alabama Toma Dos Pasos Atrás y Ninguno Adelante Sobre la Inmigración
• El Debate por el Derecho Natural a la Ciudadanía Es un Ataque Mal Disimulado a las Madres Inmigrantes
• El Impacto de las Leyes Inmigratorias

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¿Cual es el estado actual de la inmigración no autorizada en nuestra frontera del sur? ¿Cual es la razón por el declive de la migración no autorizada? ¿Porque ahora es el momento adecuado para un enfoque integral a la reforma migratoria?

 

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Nueve de las muertes sucedieron en el Hospital Francisco Ycaza Bustamante, uno de los hospitales más grandes de la ciudad de Guayaquil, siendo esta la ciudad más grande de Ecuador y el puerto donde también funcionan los centros empresariales y de industrias manufactureras más importantes del país. De igual manera, en la provincia de Loja ocurrieron siete muertes de bebés recién nacidos en el Hospital Isidro Ayora, lo cual generó serios cuestionamientos sobre las prácticas de higiene hospitalaria en todo el país.

Ecuador cuenta con un sistema de salud administrado por el gobierno, dándoles la autoridad a los funcionarios públicos de establecer las capacitaciones pertinentes, así como para emprender investigaciones en temas relevantes o coyunturales.

Estas acciones son generalmente emprendidas por diversas entidades del ejecutivo, pero a su vez la Asamblea Nacional tiene la potestad de solicitar o legislar tales acciones. A partir del hecho de que la legislatura tiene la capacidad de intervenir, hizo de este un buen caso de estudio para Jitinder Kohli, Socio Principal del Center for American Progress, quien condujo un taller de capacitación para legisladores en Quito, la capital de Ecuador, en el mes de abril por invitación del Instituto Nacional Demócrata (NDI por sus siglas en inglés).

“Elegimos este tema porque independientemente de la organización política a la que pertenezcan, todos los legisladores estarían de acuerdo con la necesidad de actuar”, dijo Kohli, “también queríamos evitar que las discusiones partidistas dominaran la sesión. Era imperante identificar un área política a través de la cual podríamos demostrar el valor práctico de contar con el aporte de grupos externos, así como de la inclusión de los ciudadanos en el proceso de desarrollo y aplicación de políticas.”

Ecuador retornó a la democracia en 1979, sin embargo todavía se presentan como un reto la inclusión de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones y el responsabilizar a los legisladores por la implementación y evaluación de sus políticas. De igual manera, los grupos cívicos están preocupados con respecto a cómo incidir en los temas que defienden. El programa incluyó tanto capacitación para los legisladores como para los representantes de organizaciones cívicas.

Para los legisladores, Kohli preparó una serie de ejercicios que enfaticen la importancia de trabajar cercanamente con los ciudadanos para promover políticas más inclusivas, así como mayor responsabilidad y rendición de cuentas entre ambos.

En el primer ejercicio se les preguntó a los legisladores cómo podrían desarrollar políticas para mejorar la higiene hospitalaria, y así reducir el riesgo de muertes infantiles. En la segunda mitad del ejercicio, algunos de los funcionarios continuaron en su papel de legisladores, mientras que a otros se les pidió que actúen como representantes de diversos grupos de interés.

A partir de esto, el grupo de legisladores determinó que para el desarrollo de una buena política, se requiere la participación de grupos de expertos en los temas a tratarse con la finalidad de incorporar sus puntos de vista y tener un claro entendimiento del problema. Pero resaltaron que es fundamental la participación de los ciudadanos, especialmente de aquellos afectados por el problema. El grupo que representaba a la sociedad civil durante el ejercicio señaló como responsables a los Asambleístas en la falta de progreso con respecto a la legislación adecuada sobre higiene hospitalaria.

Con la finalidad de ayudar a los legisladores con sus estrategias de alcance hacia la ciudadanía, durante la sesión también se trataron algunas herramientas de comunicación tradicionales, como la publicación de boletines de noticias o la participación en reuniones públicas con ciudadanos. También se discutió el uso de nueva tecnología como Twitter y Facebook. Mientras que durante el taller con líderes cívicos estaban interesados en aprender sobre estrategias de comunicación para construir coaliciones de grupos, basadas en temas comunes. Así como también mostraron interés en cómo realizar un seguimiento a las promesas de campaña de los líderes electos, enfatizando así la rendición de cuentas ante los ciudadanos.

Los legisladores resaltaron la importancia de incluir las necesidades de los ciudadanos en sus planes de trabajo legislativo, dando a conocer sus planes a los electores y promoviendo leyes y políticas para hacerles frente.

“Vamos a intensificar la interacción entre los representantes electos y los ciudadanos, para poder identificar los posibles errores y rectificarlos”, prometió un legislador.

Los talleres fueron financiados por la Embajada Británica en Quito, la cual también ofreció una recepción que reunió a legisladores y representantes de grupos de la sociedad civil.

Raúl Arce-Contreras es Asistente de Prensa en el Center for American Progress. Juliana Ferreira es Asistente de Programas para el NDI Ecuador.

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¿Por qué están los estados considerando sus propias leyes inmigratorias? ¿Hay consecuencias económicas de estos proyectos de ley? ¿Cuál sería una mejor manera de tratar la inmigración?

 

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El aumento de los costos del combustible han afectado a todas las familias estadounidenses . Pero si bien muchos se están viendo obligados a reevaluar sus hábitos de conducir, la Encuesta de Gastos del Consumidor del 2009 muestra que como promedio los latinos gastaron un porcentaje más de sus ingresos en gasolina y aceite de motor que el resto de la población ese año. Ello ocurre a pesar de la evidencia tanto del Censo del 2000 como del Censo del 2010 que muestra que los latinos están más dispuestos a utilizar los transportes colectivos para reducir los gastos y ello es consecuente con el análisis del 2008 del Center for American Progress en el que se constata que, en general, “las familias de minorías gastan partes desproporcionadas de su ingreso en gasolina y combustible”. Los autores explican que en el 2006, “los hispanos y latinos fueron los más duramente golpeados, al dedicar 5,4 por ciento de sus ingresos antes de los impuestos a hacerle frente a los gastos de compra de gasolina y aceite de motor.”

Y eso es antes de que la Gran Recesión recortara 3,1 millones de empleos entre los primeros trimestres de 2007 y el 2008. Según un estudio del Centro de Investigación Pew, el desempleo se disparó en un 44,3 por ciento, lo que redujo de manera drástica las finanzas de estos nuevos desempleados estadounidenses. En el mismo estudio se comprobó que los latinos se vieron particularmente afectados:

[El aumento porcentual del desempleo] fue el más elevado entre los latinos nacidos en el extranjero en [un] 58,3 por ciento o 348,000 personas. El desempleo entre los latinos nativos aumentó en un 49,1 por ciento [o] 329,000 personas.

Y los altos precios de la gasolina vienen a hacerles más difícil su reingreso en el mercado laboral, ya que resulta cada vez más caro viajar en automóvil para asistir a varias entrevistas laborales.

El presupuesto del 2011 que fue el resultado de un compromiso entre los dos partidos políticos viene a empeorar la situación ya que este recorta las alternativas de transporte. Este compromiso le ha asestado un golpe de $4 mil millones a las opciones de transporte público que no solo habrían reducido el uso del petróleo, sino que también habrían creado millones de empleos . Esta lamentable desinversión se ha extendido a las nuevas empresas de transporte, ferrocarril y trenes de alta velocidad.

Mientras tanto, las Cinco Grandes Petroleras—BP, Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil y Shell—anunciaron sus ganancias correspondientes al primer trimestre del 2011 durante la última semana de abril. El total superó los $32 mil millones y se derivan de los astronómicos precios del petróleo.

Sin embargo, los precios del petróleo crudo no han sido positivos con las finanzas de los negocios de propiedad de latinos. Por el contrario, su éxito empresarial viene con una etiqueta de precio que aumenta de manera constante. En el 2007 habían 2,3 millones firmas en los Estados Unidos de latinos.   El crecimiento de los negocios de propiedad de latinos de casi un 44 por ciento que se produjo a partir del 2002 se acercó al doble de la tasa nacional.

Esto representó una importante contribución económica. La Oficina del Censo de EE.UU informa que en el 2007 las firmas de propiedad de latinos:

…emplearon a 1,9 millones de personas, lo que equivale a un aumento del 25,7 por ciento desde el 2002 y sus nóminas de pagos totalizaron los $54,600 millones, para un aumento de 48,7 por ciento.

Pero actualmente el efecto paralizante de la recesión sobre los pequeños negocios en todo el país se ha visto agravado por el aumento de los costos del combustible. Casi un tercio de los negocios de propiedad de latinos se encuentran en los sectores de servicios de la construcción y las reparaciones, mantenimiento, personal y lavanderías. Existen 200,000 firmas adicionales que son empresas de transporte y almacenamiento. Estos tipos de empresas suelen depender de transportes y maquinarias pesadas que funcionan con gasolina. Por consiguiente, los costos del combustible afectan de manera severa los costos de operación de estas firmas y en algunos casos el precio galopante de la gasolina obliga a estos negocios a cerrar sus puertas .

Los conservadores quisieran convencernos de que la estrategia de explotar los recursos petroleros en EE.UU bajarán los precios de la gasolina al ampliar el abastecimiento de petróleo nacional. Desafortunadamente, esta desacertada teoría no tiene ningún efecto sobre el precio del crudo.  El verdadero problema radica en la excesiva dependencia del petróleo, mercancía mundial que representa más de dos tercios del costo de un galón de gasolina.

Desde enero, los disturbios que se han producido en el Medio Oriente y el Norte de África le han dado la oportunidad a los especuladores de Wall Street de sacar provecho de los temores de una posible interrupción del abastecimiento. Jugando al azar con los precios del petróleo, el banco inversionista Goldman Sachs estima que los especuladores de Wall Street han inflado los costos a más de $20 el barril .

Mientras tanto, muchos Republicanos del Congreso siguen insistiendo en apoyar los $4 mil millones al año en franquicias tributarias mientras aceptan la inmensa mayoría del dinero del lobby de las Grandes Petroleras y en el recorte de fondos >para las alternativas de combustible y el transporte.

Los precios del petróleo crudo seguirán manteniendo las billeteras de todos los estadounidenses como rehenes de las fluctuaciones del mercado mundial hasta que podamos reducir el uso del petróleo >a través del aumento de la eficiencia en los vehículos, el uso de combustibles más limpios y la inversión en el transporte público. Los latinos—y todos los estadounidenses—no deberían  ser esclavos al consumo de la gasolina de sus autos mientras se ven obligados a gastar sumas cada vez más altas de dinero en combustible.

Jorge Madrid es Asociado de Investigación y Valeri Vásquez es asistente especial del equipo de energía para American Progress.

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