Cuando Marco Tulio Hernández se fue de Nueva Orleans para visitar a su primo en Mississippi el 13 de marzo, no esperaba terminar esposado. Como un inmigrante inscrito en el programa de Supervisión Intensiva (ISAP, por sus siglas en ingles)—una alternativa al programa de detención para personas en procedimientos de inmigración—no tenía permitido salir de Louisiana sin autorización. Pero se había reunido con el oficial de ISAP unos días antes de su viaje, y de acuerdo con Hernández, ella le dio permiso para comprar el boleto de autobús e ir a Mississippi.
Hernández, un solicitante de asilo de Honduras, dice que en sus cuatro años dentro y fuera de ISAP, él ha cumplido con todas las reglas del programa. Estas incluyen presentarse en la oficina cada semana, visitas domiciliarias sin previo aviso, y límites geográficos impuestos por un monitor colocado en su tobillo con capacidades de GPS. Él dice que la frecuencia de los check-ins le hizo difícil mantener un trabajo estable, pero como tenía miedo de ser deportado, nunca faltó a ninguno.
Pero poco después de su regreso de Mississippi, oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en ingles) lo arrestaron, alegando que no tenía autorización para salir del estado. En lugar de mantener a Hernández fuera de la detención física, ISAP lo llevó directamente a ella.
La oficina de ISAP de Nueva Orleans se negó a hablar sobre el caso de Hernández cuando se le pidió que hiciera comentarios.
Alternativas a la detención
ISAP es parte del empuje del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en ingles) para ampliar el uso de alternativas a la detención. Inicialmente, el DHS concebió alternativas a la detención como “estrategias de supervisión basadas en la comunidad” diseñadas para imitar los efectos de la detención de inmigración—en particular, para asegurar que las personas se presenten a sus citas en la corte—sin encarcelar a las personas. En teoría, las alternativas a la detención permiten que ICE ajuste el nivel de supervisión de los inmigrantes de acuerdo a su “riesgo evaluado”.
En el 2009, DHS utilizó varios programas de supervisión, todos los cuales incluyeron algún tipo de seguimiento y localización, y chequeos telefónicos o en persona. Con los monitores de tobillo, la verificación de empleo y vigilación de toques de queda, ISAP fue considerado “el más restrictivo.” Después de que DHS amplió el programa en el 2009 y lo renovó en el 2014, ISAP ahora es la alternativa más dominante a la detención, a tal punto que se convierte en sinónimo de la frase. DHS publicó un informe en el 2015, titulado “U.S. Immigration and Customs Enforcement’s Alternatives to Detention,” y el documento completo se trata de ISAP—ningún otro programa es mencionado.
Sin embargo, ISAP no es una alternativa basada en la comunidad. Está dirigido por BI Incorporated, lo cual es propiedad de Geo Group—una compañía con fines de lucro que posee una extensa red de prisiones y centros de detención, incluyendo el Pine Prairie Correctional Center, donde Hernández se encuentra detenido actualmente. La adquisición de BI Incorporated por parte de Geo Group en el 2011 le ha permitido adueñarse aún más del mercado de custodia, por lo que ahora puede obtener ganancias gracias a inmigrantes como Hernández incluso cuando no están detenidos.
Cuando se aplican bien, las alternativas a la detención tienen mérito: por ejemplo, son más rentables que la detención. El sistema de detención de inmigración actualmente le cuesta a los contribuyentes más de $2 mil millones cada año. Los costos de la detención diaria varían entre $126 a $182 por persona, mientras que las alternativas son significativamente más baratas, yendo entre $0.70 a $17 por día.
Más importante aún, las alternativas a la detención—si actúan como verdaderas alternativas—pueden mantener a las familias unidas y ahorrar a los inmigrantes los costos psicológicos de la detención. Los inmigrantes que estan detenidos frecuentemente reportan malos tratamientos médicos, comida estropeada y abuso físico o sexual particularmente en centros privados de detención, que a menudo carecen de la supervisión con la que cuentan las instalaciones de propiedad del gobierno.
Hernández dice que se encontró con estos abusos de primera mano. Cuando los oficiales de ICE lo arrestaron, le pidieron que firmara algunos papeles. Los papeles estaban en inglés, así que se negó a firmarlos antes de hablar con un abogado. Hernández dice que cuando se negó a firmar, los oficiales lo obligaron al piso y lo golpearon. Dice que un oficial pisoteó su rostro, otro lo golpeó en la espina dorsal y uno de los oficiales le ordenó que firmara los papeles “por su propio bien.” Así que lo hizo.
En el momento de la publicación, la oficina de ICE en Nueva Orleáns no respondió a las repetidas peticiones de comentarios.
Ganacias empresariales y la expansión de la detención de inmigrantes
ICE detuvo a Hernández por primera vez poco después de que cruzó la frontera EE.UU.-México en marzo del 2012. Él solicitó asilo en los Estados Unidos después de presenciar una masacre de trabajadores agrícolas en su ciudad natal en Honduras. Sin antecedentes penales y un caso de asilo pendiente, no era un “peligro para la seguridad nacional,” asi que ICE finalmente lo liberó de la detención y lo inscribió en ISAP, poniéndolo en un camino de cuatro años que lo llevó de regreso a la detención.
Muchos solicitantes de asilo de América Latina—incluyendo a Hernández—están huyendo de la violencia extrema y corren el peligro de enfrentarse a más violencia si vuelven a casa. Vienen a los Estados Unidos en busca de una vida mejor y más segura. Pero en lugar de recibir refugio, atención médica y la posibilidad de presentar su caso de asilo, son rastreados, detenidos y arrancados de sus familias, rebotando entre los programas de detención y supervisión que cada vez son más controlados por unas cuantas corporaciones grandes.
La experiencia de Hernández ilustra los hallazgos de un informe del 2012 sobre alternativas a la detención, de la Rutgers School of Law y el American Friends Service Committee. El informe documenta la mala consistencia del ICE, la falta de transparencia y su “ejercicio arbitrario de la discreción” en programas como ISAP, que han “creado el potencial de abuso y la colocación arbitraria de individuos” en estos programas.
“Muchas de las personas que están en ISAP son personas que de otra manera no estarían en detención,” dice Jeremy Jong, un abogado de inmigración que representa a Hernández. “Esta es sólo una versión ampliada de la detención.”
El crecimiento de alternativas a la detención no ha resultado en la disminución de la detención—ni siquiera la ha acompañado. Más bien, mientras que los fondos para alternativas a la detención se han disparado, también se han disparado fondos para la detención. El presupuesto de ICE para alternativas a la detención creció de $28 millones en el 2006 a más de $114 millones en el 2016. Durante el mismo período, el presupuesto de detención de ICE se ha aumentado más del doble, aumentándose de $1 mil millones en el 2006 a $2.3 mil millones en el 2016. Bajo el presidente Donald Trump, esta tendencia probablemente continuará. Su presupuesto propuesto pide unos $1.500 millones adicionales para que el DHS amplíe la “detención, transportación y remoción” de los inmigrantes sin autorización. Pero no ha habido una afluencia de inmigrantes correspondiente para justificar esta aplicación reforzada. Más bien, en la última década, la población de inmigrantes sin autorización ha ido disminuyendo—al igual que las aprehensiones en la frontera.
No es sorprendente que las alternativas a la detención no hayan reducido el número de detenciones. La mayor parte del financiamiento de ICE para alternativas a la detención va a Geo Group, que se beneficia de la expansión de ambas alternativas a la detención y la detención en sí. Sus incentivos están desalineados—si ISAP fuera una verdadera alternativa a la detención, dos de las principales fuentes de ingresos de Geo Group estarían en competencia directa entre ellas mismas.
Cuando se le preguntó a Geo Group si sus incentivos financieros no permitían que ISAP actuara como una verdadera alternativa a la detención, respondieron que nunca “abogaron ni a favor o en contra de ninguna política específica de inmigración,” y que su enfoque “ha sido y sigue siendo proporcionar servicios de alta calidad.”
Por otra parte, BI Incorporated parecía distanciarse de su empresa matriz, diciendo que ISAP ha sido una “exitosa Alternativa a la Detención desde 2004, antes de que The Geo Group adquiriera BI Incorporated“. También enfatizaron que se asocian con “comunidades y organizaciones no gubernamentales en todo EE.UU.”
Sin embargo, muchos activistas cuentan una historia diferente. Jong dice que ISAP y la detención van de la mano. “Todo el mundo conoce a alguien que estaba viviendo su vida en ISAP y luego fue recogido, por algo tan pequeño como ‘[el monitor del tobillo] se quedó sin pilas’” o “‘la cosa dejó de funcionar.’”
Hernández hizo eco del sentimiento de Jong por teléfono. Cuando se le preguntó si había conocido a alguien en detención que había estado inscrito en ISAP, él respondió: “Hay dos personas aquí en la habitación conmigo ahora”.
Las alternativas a la detención deberían impedir que inmigrantes como Marco Tulio Hernández pasen por los peajes físicos y emocionales del encarcelamiento. Pero la implementación actual de alternativas—dominada por el ISAP—es sólo otra parte de un sistema de inmigración punitiva cada vez más extensa que pone a los beneficios corporativos por encima de las vidas de los migrantes.