Un análisis a nivel industrial y estatal
En cada estado y en cada industria a través de los Estados Unidos, los inmigrantes – autorizados y no autorizados – están contribuyendo a la economía de los EE.UU. La mano de obra del inmigrante y su espíritu emprendedor son poderosas fuerzas que promueven la revitalización económica de las comunidades que se están enfrentando a una disminución de la población. Las estimaciones indican que el número total de inmigrantes que residen actualmente en los Estados Unidos sin autorización es aproximadamente 11,3 millones, o aproximadamente el 3,5 por ciento del total de la población residente de 324,4 millones en 2015. De los 11,3 millones, estimamos que 7 millones de inmigrantes trabajan sin autorización. ¿Cuál es la contribución económica de los inmigrantes sin autorización de trabajo? ¿Qué puede llegar a perder la nación en términos de producción y de ingresos si estos trabajadores fuesen expulsados y deportados a sus países de origen?
Las conclusiones principales de este informe son las siguientes:
- Una política de deportación masiva reduciría inmediatamente el PIB de la nación por 1,4 por ciento, y en última instancia por 2,6 por ciento, y reduciría el PIB acumulativamente por $4,7 billones de dólares a través de 10 años. Dado que el capital se ajustará hacia abajo por una reducción en la fuerza laboral—por ejemplo, los agricultores venderán el exceso de equipos a causa de los trabajadores que faltan—los efectos a largo plazo son más grandes y la cantidad se suma a dos tercios de la disminución observada durante la Gran Recesión del 2007-2009. La deportación de estos 7 millones de trabajadores sin autorización reduciría el empleo nacional por una cantidad similar a la que se observó durante la Gran Recesión.
- La deportación masiva le costaría al gobierno federal casi $900 mil millones en ingresos perdidos a través de 10 años. Ingresos del gobierno federal son aproximadamente proporcionales al PIB, mientras que el gasto federal es menos sensible. Una estimación conservadora sugiere que las pérdidas de ingresos anuales comenzarían en $50 mil millones y se acumularían hasta llegar a unos $860 mil millones de dólares en el transcurso de 10 años. Con aumentos asociados con el pago de intereses, la deportación aumentaría la deuda federal por $982 mil millones para el año 2026 y aumentaría la relación entre deuda y PIB, una medida común de la sostenibilidad fiscal, por 6 puntos porcentuales. Niveles altos insostenibles de la relación entre deuda y PIB podrían a la larga aumentar las tasas de interés y ahogar al crecimiento económico.
- Las fuerzas laborales de las industrias más afectadas podrían reducirse por doble-dígitos. Los inmigrantes sin autorización de trabajo están distribuidos de manera desigual entre las industrias, con las más altas concentraciones de empleados en la agricultura, la construcción y el ocio y la hospitalidad. Esas tres industrias serían las más afectadas por una política de deportación masiva, observando reducciones en la fuerza laboral de 10 a 18 por ciento, o más. Otras industrias también observarían reducciones en la producción debido a una política de deportación masiva.
- Las mayores disminuciones en el PIB ocurrirían en las industrias más grandes, no en las industrias donde abundan los inmigrantes. Debido a que las industrias también varían en tamaño, las pérdidas de valor añadido al PIB nacional causadas por la deportación se producirían en muchas industrias que no están normalmente asociadas con el trabajo no autorizado. Las tres industrias más grandes de los Estados Unidos en términos de valor añadido son las actividades financieras, la manufactura, y el comercio y ventas al por mayor. Pérdidas anuales de PIB a largo plazo en esas industrias llegarían a $54,3, $73,8 y $64,9 mil millones, respectivamente, los tres efectos más grandes entre las 12 industrias del sector privado.
- Los estados que cuentan con más inmigrantes sin autorización de trabajo observarían los mayores descensos en el PIB estatal. Estimamos que el PIB en California, por ejemplo, en última instancia, se reducirá por $103 mil millones al año, o aproximadamente una caída del 5 por ciento. Grandes disminuciones también ocurrirán en otros estados como por ejemplo Tejas, Nueva York y Nueva Jersey, con los efectos extendiéndose a través de las industrias.
El daño económico y fiscal de la deportación masiva es severo. El Center for American Progress previamente calculó que el costo directo al gobierno si fuese a deportar físicamente a los inmigrantes sin autorización sería de $114 mil millones. Este informe se concentra exclusivamente en los efectos económicos de la deportación de 7 millones trabajadores sin autorización, efectos que son mucho más grandes. Sin embargo, está más allá del alcance de este informe estimar las consecuencias económicas de la deportación de los más de 11 millones de consumidores de bienes y servicios de la economía de los EE.UU. Y es probable que haiga consecuencias no económicas sentidas por las comunidades y las familias que tendrían que ajustarse a la deportación de millones de personas. Esta también más allá del alcance de este informe estimar la respuesta del empleo nativo. Pero con las actuales tasas de desempleo bajas en la mayoría de las industrias, lo más probable es que los incentivos para que los residentes que quedan trabajen más para sustituir el trabajo que hace falta serían pequeños y temporales. Visto en este contexto, nuestros resultados sugieren que una política de deportación masiva se enfrenta a un nivel alto en términos de un cálculo de coste-beneficios.