La encuesta de Gallup de la semana pasada reafirma lo que hemos sabido por mucho tiempo: La gran mayoría de los estadounidenses quieren soluciones sensibles hacia la política inmigratoria, con un 65 por ciento de estadounidenses creyendo que los inmigrantes indocumentados deberían recibir estatus legal y un camino a la ciudadanía. Una minoría pequeña – tan solo 19 por ciento – cree que los inmigrantes indocumentados deberían ser deportados de los Estados Unidos.
¿Cuánto costaría si esta minoría radical de estadounidenses consiga que esto se vuelva realidad, y si los Estados Unidos tome el paso draconiano de deportar a 11,3 millones de inmigrantes indocumentados del país?
De acuerdo con análisis previos del Center for American Progress, la estrategia de deportación masiva costaría un promedio de $10.070 por persona, un total de $114 mil millones costaría para extraer a 11,3 millones de personas.
Esta cifra incluye los altos costos requeridos para encontrar cada uno de los individuos indocumentados. Ya que dos tercios de la población indocumentada han estado en el país por más de una década, están bien establecidos en nuestras familias, comunidades, y escuelas. Encontrar a cada persona sin estatus legal sería una pesadilla logística, que causara daño social y emocional a comunidades enteras. El estimado de CAP de $114 mil millones también incluye el costo de detener a estos individuales mientras esperan su extracción, proceso en las cortes de inmigración, y transportación al extranjero.
Mientras que $114 mil millones representa una cifra alarmante de dinero, es tan solo el costo directo de deportar físicamente a los inmigrantes indocumentados. El costo a la economía completa probablemente sería mucho más. La organización conservadora American Action Forum, o AAF, ha alegado que tomaría 20 años para llevar a cabo un programa de la deportación masiva, con un costo completo entre $420 mil millones y $620 mil millones.
Este estimado más alto incluye los costos directos de deportaciones y los cientos de millones de dólares que le costaría al Departamento de Seguridad Nacional, o DHS, extraer 11,3 millones de personas, por encima de sus responsabilidades existentes de seguridad fronteriza y del interior, a lo largo de 20 años.
Más allá de su costo prohibitivo y de no ser moralmente sostenible, extraer a tantos individuos del país – y de la fuerza laboral – devastaría a la nación: El Bipartisan Policy Center calcula que deportar a todos los inmigrantes indocumentados reduciría la fuerza laboral en un 6,4 por ciento en el transcurso de dos décadas, lo cual el AAF estima que reduciría el producto interno bruto, o GDP por sus siglas en inglés, por un $1,6 trillón.
Por el otro lado, poner a los inmigrantes indocumentados en un camino a la ciudadanía – lo cual dos-tercios de estadounidenses apoyan – añadiría $1.2 trillones al GDP cumulativamente a lo largo de una década, aumentaría las ganancias de todos los estadounidenses en unos $625 mil millones, y crearía un promedio de 145.000 puestos de trabajo nuevos cada año. En lo que se trata de cómo seguir adelante sobre la política inmigratoria, la opción queda clara.
Philip E. Wolgin es el Director Asociado para el equipo de Inmigración en el Center for American Progress.