En los meses entrantes, se espera que el Presidente Obama anunciará una serie de acciones administrativas sobre la inmigración. Estas acciones vendrán después de más de una década de inactividad en el Congreso sobre la reforma inmigratoria, incluyendo el rechazo por parte de la Cámara de Representantes a votar sobre el proyecto de ley bipartidista de inmigración, S. 7444, aprobada por el Senado el verano pasado. La Oficina de Presupuesto del Congreso ha estimado que S. 744 reduciría significativamente el déficit de nuestra nación, y que estimularía un crecimiento económico.
A pesar de que cualquier acción ejecutiva adoptada por el presidente palidecería en comparación al impacto económico y fiscal de una solución legislativa integral como S. 7444, estas acciones de todas maneras pueden tener beneficios fiscales significativos. Este informe examina el impacto fiscal de una variedad de escenarios donde los inmigrantes indocumentados obtengan protección temporal de la deportación, y estén autorizados a trabajar en el ínterin.
En frente a un sistema inmigratorio que está deteriorando, y a una continua parálisis en el gobierno, el Presidente Obama solicitó al Secretario de la Seguridad Interna Jeh Johnson y al Abogado General Eric Holder que identifiquen cuales acciones administrativas podrían ser adoptadas para comenzar el proceso de arreglar nuestro sistema inmigratorio. Uno de los pasos administrativos significativos que Presidente puede tomar es expandir el programa para los inmigrantes indocumentados considerados de baja prioridad para las autoridades para que puedan afirmativamente solicitar la acción deferida. La acción deferida es un alivio temporal y discrecional de la deportación que permite al gobierno concentrar sus recursos limitados en objetivos de alta prioridad mientras que al mismo tiempo hará que individuos de baja prioridad salgan de las sombras. Además de los obvios beneficios a la seguridad que derivan de expandir el universo de individuos elegibles para registrarse y solicitar este acto de discreción, el permitir que estos individuos trabajen legalmente, aunque temporalmente, también desencadena beneficios fiscales significativos en forma de ingresos adicionales de impuestos sobre la nómina.
Proporcionar acción diferida con permisos laborales aumentaría el monto de impuestos sobre la nómina recolectados cada año. Primero, al permitir a los inmigrantes indocumentados que trabajen legalmente, muchos trabajadores y empleadores podrán salir a la luz y pagar impuestos fiscales sobre la nómina por primera vez. Actualmente, poco más de un tercio de los trabajadores indocumentados y sus empleadores contribuyen a los impuestos fiscales.
Segundo, el permitir a los inmigrantes indocumentados que trabajen legalmente resultaría en salarios más altos. Proporcionar autorización laboral a inmigrantes indocumentados elegibles los equiparía con una defensa contra la explotación en el lugar de empleo, y les permitiría moverse más fácilmente a través de la fuerza laboral para encontrar trabajos que corresponden mejor a sus habilidades. Por consecuencia, los inmigrantes indocumentados podrán observar un aumento en sus ganancias. Y a medida que los salarios de los trabajadores crecen, también crecerán sus contribuciones a los impuestos fiscales sobre la nómina.
Sin embargo, la magnitud de las ganancias de los impuestos fiscales varía en base al número de inmigrantes elegibles para la acción diferida. Existen varios criterios de los cuales el Presidente Obama podría elegir al determinar quiénes son elegibles para la acción diferida. Por ejemplo, la acción diferida puede hacerse disponible solo para aquellos que han vivido en los EE.UU. por lo menos por 10 años. Alternativamente, el presidente podría extender la acción diferida a aquellas personas que hubiesen podido presentar solicitudes para estatus legal y ciudadanía bajo el proyecto de ley de reforma inmigratoria S. 744, aprobada por el Senado en junio del 2013.
En este análisis, el Center for American Progress estima el impacto fiscal de la acción diferida para cada uno de los siguientes grupos:
- Inmigrantes indocumentados que han vivido en los EE.UU. por lo menos por 5 años.
- Inmigrantes indocumentados que han vivido en los EE.UU. por lo menos por 10 años.
- Inmigrantes indocumentados con un hijo/a menor viviendo en los EE.UU.
El análisis demuestra que los EE.UU. podría ganar una cantidad significativa en nuevos ingresos en base a un programa de acción diferida. Lo más llamativo es que las ganancias de los impuestos fiscales sobre la nómina se realizarían inmediatamente – en el primer año – y solo crecería a medida que más inmigrantes presentan solicitudes para el programa y reciban permisos laborales. El análisis revela lo siguiente:
- Permisos laborales temporales aumentarían las ganancias de los inmigrantes indocumentados por alrededor de 8.5 por ciento si se les permite trabajar legalmente y encontrar trabajos que corresponden mejor a sus habilidades.
- Un programa de acción diferida que permite a los inmigrantes indocumentados que han vivido en los EE.UU. por lo menos cinco años a presentar una solicitud para un permiso laboral temporal aumentaría las ganancias de impuestos sobre la nómina en unos $6,08 mil millones en tan solo el primer año, y aumentaría las ganancias en un $44,96 mil millones a lo largo de cinco años.
- Si el Presidente Obama expande la acción diferida a un número más bajo de inmigrantes indocumentados, las ganancias en ingresos de impuestos sobre la nómina no serían igual de altas.
Este informe empieza con una discusión sobre por qué la acción diferida impulsaría un aumento en las ganancias de impuestos fiscales. A continuación presenta las conclusiones del análisis de CAP que cuantifica el aumento en ingresos de impuestos sobre la nómina que resultaría de extender la acción diferida a los inmigrantes indocumentados.
Léa el informe completo aquí.