En los últimos meses, el movimiento hacia la reforma inmigratoria integral se ha acelerado de manera apreciable. El bipartidista “Grupo de los 8” en el Senado—grupo integrado por 4 senadores demócratas y 4 senadores republicanos—dieron a conocer un marco para la reforma migratoria el 28 de enero y al día siguiente el Presidente Barack Obama pronunció un discurso en el que lanzaba los esfuerzos de la Casa Blanca para impulsar la reforma inmigratoria. Ambas propuestas se pronunciaron en términos enérgicos en relación con la necesidad de que se conceda el estatus legal a los 11 millones de indocumentados que viven en el país, así como un camino a la ciudadanía plena.
No obstante, algunos legisladores no quieren conceder el estatus legal—mucho menos la ciudadanía—a los no autorizados. Otros han manifestado interés en que no se llegue a conceder la plena ciudadanía a los 11 millones y en lugar de ella han instado a que se deje a los inmigrantes en un estatus de limbo permanente como la denominada opción intermedia. Sin lugar a dudas, este debate sobre la reforma migratoria reviste importantes dimensiones legales, morales y políticas. La concesión o denegación del estatus legal o la ciudadanía a los indocumentados tiene implicaciones sobre la regularización de los inmigrantes ante la ley, afecta si una familia podrá o no permanecer en el país que escogieron y determina si podrán o no podrán tener la oportunidad de convertirse en miembros plenos e iguales de la sociedad estadounidense. Pero el estatus legal y la ciudadanía también afectan la salud económica de la nación en su conjunto. Como lo demuestra nuestro trabajo, el estatus legal y el camino a la ciudadanía para los no autorizados reportarán considerables beneficios económicos en materia de crecimiento, ingresos, recaudaciones fiscales y empleos que no se producirán si la reforma inmigratoria no se hace realidad o si se implementa una reforma que cree una clase permanente “subresidentes”. También mostramos que es importante que se realice la reforma en el momento oportuno: mientras más pronto les otorguemos el estatus legal y la ciudadanía, mayores serán los beneficios económicos para la nación.
El fundamento lógico de estos beneficios económicos es claro. Como se analiza más adelante, el estatus legal y la ciudadanía permiten a los inmigrantes indocumentados producir y ganar considerablemente más que cuando están económicamente marginados. Los beneficios que de ello se derivan en productividad y salario repercuten en toda la economía porque los inmigrantes no son solo trabajadores, sino que son también consumidores y contribuyentes. Ellos gastaran el aumento en sus ingresos en la compra de alimentos, ropa, vivienda, carros y computadoras. Y esos gastos, a su vez, estimulan en la economía la demanda de más productos y servicios, lo que genera empleos y amplía la economía.
En este informe se analiza el impacto económico decenal de la reforma inmigratoria en tres escenarios. El primero asume que en el 2013 se les concede a los indocumentados tanto el estatus legal como la ciudadanía. El segundo escenario asume que en el 2013 se les otorga a los no autorizados el estatus legal y pueden ganarse la ciudadanía 5 años contados a partir de ese momento. El tercer escenario asume que a partir del 2013 se les concede a los no autorizados el estatus legal, pero no se les conceden los medios para ganarse la ciudadanía.
Bajo el primer escenario (tanto el estatus legal como la ciudadanía en el 2013), la economía de los Estados Unidos (el Producto Interno Bruto o PIB) crecería en un $1,4 billones adicionales en forma acumulativa durante los 10 años entre el 2013 y el 2022. Más aún, los estadounidenses ganarían $791 mil millones adicionales en ingresos personales y la economía crearía 203.000 empleos adicionales como promedio durante este período. En el término de 5 años, los inmigrantes no autorizados estarían ganando un 25,1 por ciento más que lo que ganan actualmente y $659 mil millones más durante los 10 años. Esto significa que ellos también aportarían considerablemente más en impuestos federales, estatales y locales. En el transcurso de 10 años, el ingreso fiscal adicional alcanzaría la suma de $184 mil millones: $116 mil millones para el gobierno federal y $68 mil millones para los gobiernos estatales y locales.
Bajo el segundo escenario (el estatus legal en el 2013 seguido por la ciudadanía 5 años contados a partir de ese momento), el aumento acumulativo que se produciría en 10 años (2013-2022) en la economía de los Estados Unidos sería de $1,1 billones y los aumentos anuales en el ingreso de los estadounidenses alcanzarían la cifra de $603 mil millones. Durante los 10 años, esta reforma migratoria crearía como promedio 159.000 empleos por año. Dada la demora en adquirir la ciudadanía en relación con el primer escenario, tomaría 10 años (en lugar de 5) para que los ingresos de los no autorizados aumentasen en un 25,1 por ciento. Durante el período de 10 años ellos ganarían $503 mil millones más y pagarían $144 mil millones adicionales en impuestos: $91 mil millones al gobierno federal y $53 mil millones a los gobiernos estatales y locales.
Por ultimo, bajo el tercer escenario (el estatus legal a partir del 2013 pero sin derecho a la ciudadanía), el beneficio acumulativo en el PIB de los Estados Unidos seguiría siendo considerable entre el 2013 y el 2022, pero se alcanzaría la suma comparativamente más modesta de $832 mil millones. Los aumentos anuales en los ingresos de los residentes de los Estados Unidos alcanzarían la suma de $470 mil millones durante los 10 años y la economía aportaría un promedio de 121.000 empleos más por año. El ingreso de los no autorizados sería un 15,1 por ciento superior en el término de los 5 años. Debido al aumento en los ingresos, durante el período de 10 años, los inmigrantes indocumentados pagarían $109 mil millones adicionales en impuestos: $69 mil millones al gobierno federal y $40 mil millones a los gobiernos estatales y locales.
Estos escenarios de la reforma migratoria ilustran que los inmigrantes no autorizados ganan actualmente mucho menos que lo que potencialmente podrían ganar y aportan considerablemente menos a la economía estadounidense que lo que potencialmente podrían aportar. Asimismo queda claro que los estadounidenses son los que saldrían más beneficiados de una política de reforma inmigratoria que otorgase la legalización y la ciudadanía que lo que se beneficiarían si solo se concediese la legalización o no se aprobase ninguna reforma en absoluto. Finalmente, la magnitud de los posibles beneficios económicos depende de manera sensible de la celeridad con que se apliquen las reformas. Mientras más pronto se conceda el estatus legal y la ciudadanía a los no autorizados mayores serán los beneficios para la economía estadounidense.
[1] Senators Schumer, McCain, Durbin, Graham, Menendez, Rubio, Bennet, and Flake, “Bipartisan Framework for Comprehensive Immigration Reform,” January 28, 2013, available at: http://s3.documentcloud.org/documents/562528/reform0128principlessenatefinal.pdf. The White House, “FACT SHEET: Fixing our Broken Immigration System So Everyone Plays by the Rules,” January 29, 2013, available at: http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2013/01/29/read-president-obamas-immigration-proposal/.
[1] See, for example: Russell Berman, “In first immigration hearing, House GOP seeks middle ground on citizenship path” The Hill, February 5, 2013, available at: http://thehill.com/homenews/house/281187-in-first-immigration-hearing-house-gop-seeks-middle-ground-on-citizenship-path. Ashley Parker, “House G.O.P. Open to Residency for Illegal Immigrants,” New York Times, February 5, 2013, available at:
[1] CPS defines total personal income as each respondent's total pre-tax personal income or losses from all sources for the previous calendar year. In our analysis we only include those with positive total personal income.