A medida que se caldea el tema de la reforma migratoria en el Congreso y la Casa Blanca da su impulso a la acción legislativa, los opositores de la inmigración ya están haciendo campaña en contra de las reformas que impone el sentido común. Su línea de ataque actual se basa en la afirmación no fundamentada de que la legalización de 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en los Estados Unidos resultará muy costosa para nuestra nación. Haciéndole el juego a un prejuicio ignorante, estos grupos sugieren falsamente que los inmigrantes se “aprovechan” –o sea, son personas que utilizan más beneficios públicos que otros grupos– y que como resultado de ello, la legalización le costaría a los Estados Unidos billones de dólares.
Los expertos economistas han desacreditado totalmente este estereotipo general de que los inmigrantes son aprovechados y han encontrado que los inmigrantes son un beneficio neto positivo para la economía y aportan más al sistema de lo que reciben. De hecho, las contribuciones de los inmigrantes han desempeñado un papel clave en la prolongación de solvencia del Fondo de Fideicomiso del Seguro Social. Y la verdad es que los análisis de costo/beneficio que han utilizado los restriccionistas de la inmigración para formular sus ilógicas proyecciones de costos son simplemente incompletos e imprecisos.
De hecho, los inmigrantes tienden a dar y no a recibir. Más abajo mostramos las pruebas claras que demuestran este punto de vista y rechazan algunas de las afirmaciones recicladas sobre el costo que representan los inmigrantes para los Estados Unidos.
Los inmigrantes son un beneficio neto positivo para la economía
A continuación exponemos solo algunos ejemplos de cómo los inmigrantes aportan más de lo que reciben a la economía de los Estados Unidos.
Las grandes ganancias para el PIB e ingresos fiscales de la legalización
Investigaciones realizadas por el profesor Raúl Hinojosa-Ojeda de la UCLA muestran que la legalización de la población inmigrante indocumentada de nuestra nación y la reforma de nuestro sistema legal de inmigración aportarían una suma acumulativa de $1,5 billones al PIB de los EE.UU a lo largo de una década. Estas grandes ganancias se deben a que los trabajadores legalizados devengan salarios más altos que los trabajadores indocumentados y estos utilizan esos salarios para comprar viviendas, autos, teléfonos y ropas. A medida que circula más dinero por la economía estadounidense, los negocios crecen para satisfacer una mayor demanda de bienes y servicios, lo que genera más empleos y un mayor valor económico. El profesor Hinojosa-Ojeda descubrió que sólo en los primeros tres años los beneficios fiscales de la legalización estarían entre los $4.500 y los $5.400 millones.
Un gran estímulo económico proveniente de la “Ley del Sueño”
En investigaciones realizadas por los economistas Juan Carlos Guzmán y Raúl Jara de Notre Dame se descubrió que la aprobación de la “Ley del Sueño” aportaría $329 mil millones de dólares a la economía estadounidense para el 2030. La “Ley del Sueño” le proporciona un doble estímulo a la economía: Primero, los “Soñadores” podrán trabajar legalmente (generalmente ganando un salario más alto) y segundo, debido a los requisitos para terminar los estudios secundarios y parte de la universidad o el servicio militar, estos tendrán una mayor educación y formación lo cual significa puestos de trabajo mejor remunerados. Todos esos salarios adicionales circulan por toda la economía apoyando así la creación de nuevos empleos también para los nativos.
Los ciudadanos naturalizados ganan aún más
Una gran cantidad de publicaciones demuestra que los ciudadanos naturalizados son de mayor beneficio económico incluso que los residentes permanentes legales. Manuel Pastor, de la Universidad del Sur de California, calculó que en los Estados Unidos los ciudadanos naturalizados ganan entre un 8 y un 11 por ciento más en salario luego de convertirse en ciudadanos naturalizados. Pastor concluye que incluso si la mitad de aquellos que son hoy elegibles (el Departamento de Seguridad Nacional calcula que existen más de 8,5 millones de personas dentro de esta categoría) obtuvieran la ciudadanía, esto aportaría entre $21 mil y $45 mil millones a la economía en un plazo de cinco años.
Incluso los inmigrantes indocumentados pagan impuestos
Los inmigrantes –incluso los que son indocumentados– pagan una suma significativa por concepto de impuestos todos los años. En un estudio realizado en el 2011 por el Instituto de Tributación Fiscal y Política Económica se constató que solo en el 2010 los inmigrantes indocumentados pagaron $11.200 millones en impuestos locales y estatales, inyectándole una suma de dinero significativa a las finanzas locales y estatales. Es importante resaltar que a los inmigrantes (incluso a los inmigrantes legales) se les prohíbe utilizar la mayoría de los servicios sociales, lo que significa que ellos pagan para apoyar beneficios que no pueden recibir.
Los inmigrantes ayudan a mantener solvente al Seguro Social
Según la Fundación Nacional para la Política Americana, durante los próximos 75 años, los inmigrantes aportarán la suma neta de $611 mil millones al sistema de Seguro Social. Los inmigrantes representan un elemento impulsor clave para mantener solvente al Fondo de Fideicomiso del Seguro Social, y Stuart Anderson de la Fundación Nacional para la Política Estadounidense comprobó que prohibir la inmigración al país aumentaría el déficit del Servicio Social en un 31 por ciento en un plazo de cincuenta años.
El panorama contable lleva a conclusiones incorrectas
Sin embargo, aun con estos beneficios económicos positivos, los grupos antiinmigrantes continúan insistiendo en que los inmigrantes le sacan al sistema más de lo que aportan a éste. Últimamente, hay dos estudios en particular que han recibido atención: un estudio realizado en el 2007 por la Fundación Heritage, que mostró que la legalización tendría un costo de $2,6 billones; y, un estudio realizado en el 2010 por el Centro de Estudios sobre Inmigración, en el que se llegó a la conclusión de que los inmigrantes hispanos utilizan más beneficios públicos que otros grupos.
Ambos estudios se basan en una imagen de los inmigrantes congelada en el tiempo para obtener sus cálculos. La Fundación Heritage se centra en los inmigrantes solo como jubilados sin tomar en cuenta el dinero que ellos pagan al sistema durante sus años de vida laboral. El Centro de Estudios sobre Inmigración se centra en las familias con hijos sin tomar en cuenta los impuestos que sus hijos pagarán durante sus vidas. Cada enfoque se basa en supuestos incorrectos.
El estudio de la Fundación Heritage: da una imagen engañosa de la vida del inmigrante
Por medio de un titular llamativo de 2007, Robert Rector de la Fundación Heritage argumentó que la legalización de los inmigrantes indocumentados le costaría a los contribuyentes ”por lo menos $2,6 billones “. El mensaje era engañosamente sencillo: en algún momento futuro los inmigrantes legales alcanzarán los 67 años de edad y se jubilarán. Una vez jubilados, estos inmigrantes le costarán a los contribuyentes una considerable suma de dinero por concepto del uso de programas como el Seguro Social y el Medicare, suma que el autor estima será de $17.000 por año aproximadamente por un promedio de 18 años. Multiplíquese los consiguientes $306.000 por 8,5 millones de adultos legalizados quienes Rector espera que alcancen la edad del retiro y así es como se obtiene la cifra de los $2.6 billones.
El contexto ausente: los inmigrantes aportan al sistema mucho antes de jubilarse
El problema que presenta este tipo de pensamiento mágico es que Rector no pudo proporcionar el contexto elemental para sus conclusiones: más importante aún, él solamente analiza los costos que conllevarían los inmigrantes una vez que estos se hayan jubilado y no toma en cuenta los impuestos que ellos habrían pagado al sistema durante su vida laboral y antes de jubilarse. Todos los jubilados utilizan más en servicios que lo que aportan en impuestos durante sus años de jubilación, pero el trato explicito que ofrecen los programas como el Seguro Social es que se aporta al sistema durante su vida laboral y luego una vez que se jubila la persona recibe los beneficios del sistema.
Además de que el estudio solamente considera una parte de las aportaciones de una vida –aquellas hechas durante la jubilación– de los inmigrantes, Rector evalúa de manera incorrecta el costo fiscal de los inmigrantes durante la jubilación suponiendo que, por ejemplo, todos los inmigrantes indocumentados no cuentan con una educación secundaria. Incluso si tan extravagante afirmación fuese cierta –y según el Centro Hispano Pew, solamente el 49 por ciento de los inmigrantes indocumentados no cuentan con un diploma de secundaria– es casi seguro que una parte de la comunidad de inmigrantes logrará una mayor educación luego de legalizarse, lo que conlleva a salarios más altos y por tanto a mayores contribuciones fiscales al Seguro Social y al Medicare.
Rector también asevera que los inmigrantes jubilados impondrán un costo neto de $17.000 por año, pero no brinda ninguna explicación o cita para justificar como llegó a este cálculo. Sin saber cómo llega él a esa cifra, resulta imposible saber si ese es incluso el impacto fiscal neto anual de los inmigrantes jubilados, mucho menos si este es compensado por pagos efectuados al sistema a lo largo de la vida laboral del inmigrante.
La conclusión es: que los inmigrantes reciben menos beneficios del Seguro Social que los nacidos aquí
Por último, el estudio realizado por la Fundación Heritage omite reconocer que las investigaciones demuestran que es menos probable que los inmigrantes jubilados utilicen los beneficios que los ciudadanos nativos jubilados. Por ejemplo, los demógrafos James P. Smith y Barry Edmonston, comprobaron que los inmigrantes reciben menos beneficios del Seguro Social y Medicare que sus descendientes de segunda generación y la población nativa. Y en un análisis de los datos de un estudio sobre la población activa realizado en marzo de 2012 también se indica que los inmigrantes que reciben beneficios del Seguro Social reciben menos beneficios que los beneficiarios nativos (Véase la figura 1). Por lo tanto, insinuar que los inmigrantes jubilados serán una carga añadida a los contribuyentes estadounidenses es simplemente falso.
El Informe del Centro de Estudios sobre Inmigración: Las comparaciones erróneas ocultan el hecho de que las probabilidades de que los inmigrantes utilicen los servicios sociales no son mayores que las de los ciudadanos nativos
El Centro de Estudios sobre Inmigración dio a conocer un informe en el 2011 que llegó a la conclusión de que “el 57 por ciento de los hogares con un jefe de familia inmigrante (legal e ilegal) con hijos (menores de 18) utilizaron por lo menos un programa de asistencia pública, comparado con el 39 por ciento de los hogares de ciudadanos nativos con hijos.” El informe intentó pintar a los inmigrantes—en particular, a los inmigrantes hispanos—como una carga sobre los servicios sociales estadounidenses. Esto no podría estar más lejos de la verdad.
En el estudio se llega a estas conclusiones manipulando el análisis de datos. Por ejemplo, el estudio se basa en una definición extraordinariamente amplia de la asistencia pública que incluye programas para los niños como los almuerzos escolares gratuitos y a precios reducidos. Ningún otro estudio comparable sobre el uso de la asistencia pública incluye programas como ésos en sus cálculos.
Comparando manzanas con naranjas: El informe omite verificar el nivel de ingresos y la composición de los núcleos familiares
El Centro de Estudios sobre Inmigración también confunde sus resultados utilizando una unidad de comparación defectuosa. En vez de comparar a todos los usuarios familiares de beneficios de asistencia pública, estos limitan sus análisis a familias con hijos. Esta restricción arbitraria de los datos elimina la posibilidad de comparar con exactitud—a nivel de núcleo familiar—las tasas de participación en la asistencia pública entre inmigrantes y nativos. Si se van a comparar los núcleos familiares, deben compararse obligatoriamente todos los núcleos familiares.
Pero lo más perturbador es el hecho de que el Centro de Estudios sobre Inmigración compara las tasas de asistencia pública de los inmigrantes y ciudadanos nativos sin controlar las diferencias de niveles de ingreso. Comparar las tasas de participación en la asistencia pública sin tomar en cuenta las diferencias en el nivel de ingresos es igual que comparar las tasas de participación en la asistencia pública de un país altamente desarrollado: está claro que un país subdesarrollado tendría un número mayor de usuarios de asistencia pública.
Si se controla el nivel de ingresos y se consideran todos los núcleos familiares, la historia de que los inmigrantes son una pérdida para los programas sociales desaparece.
La conclusión es que: No hay diferencias en cuanto al uso de la asistencia pública entre el ciudadano nativo y el nacido en el extranjero.
Por ejemplo, los demógrafos Jeffrey Passel y Michael Fix compararon las tasas de participación en la asistencia pública de los inmigrantes residentes legales permanentes con las de los ciudadanos nativos. Al controlar el ingreso, ellos descubrieron que los inmigrantes tenían tasas de participación similares—si no inferiores—a las de los nativos en los tres programas sociales principales: la asistencia pública, los cupones de alimentos y el Medicaid. En la línea de pobreza del 200 por ciento—un límite común para los núcleos familiares de bajos ingresos—el 32 por ciento de las familias nativas recibieron cupones de alimentos, comparadas con el 22 por ciento de las familias de inmigrantes ciudadanos naturalizados.
En un análisis de los datos provenientes de la Encuesta de la Población Actual realizado en marzo de 2012 en el que se controla el ingreso y se incluye a todas las familias se revela que los resultados del estudio de Passel y Fix siguen siendo válidos hoy día: los inmigrantes utilizan los programas sociales como el Medicaid y el Ingreso de Seguro Suplementario a tasas similares a las de las familias nativas. (Véase la Figura 2)
Conclusión
Durante las próximas semanas, la Cámara y el Senado celebrarán audiencias sobre la reforma de inmigración y no cabe duda de que los grupos antiinmigrantes caracterizarán cada vez más a los inmigrantes como “aprovechados”. Pero los estadounidenses no deben dejarse engañar.
Los hechos están claros: Los inmigrantes no son una pérdida para la economía de los EE.UU. Los inmigrantes no dependen más de los programas de asistencia pública que los ciudadanos nativos. La legalización no les costaría billones de dólares a los contribuyentes. Lo único que los Estados Unidos no pueden darse el lujo de hacer es permitir que los esfuerzos del Congreso sean descarrilados por los grupos antiinmigrantes que están dedicados a ocultar la verdad: que los inmigrantes no toman, sino aportan.
Marshall Fitz es Director de Política Inmigratoria, Philip E. Wolgin es Analista de Política Inmigratoria y Patrick Oakford es Asistente de Investigación del Center for American Progress.