La Corte Suprema de los EE.UU. comienza hoy a escuchar los argumentos orales en Fisher vs. Universidad de Texas”, un caso que impactará a una generación de latinos y otros jóvenes de color en busca de la educación superior. Un fallo adverso por los jueces, uno que declare que la política de admisión consciente de raza/ etnicidad es inconstitucional, podría potencialmente socavar los esfuerzos de las universidades para ampliar la oportunidad de la educación superior a las comunidades menos representadas.
Primero, un poco de historia: La mayoría de los estudiantes de todas las razas de la Universidad de Texas en Austin son admitidos a través del plan del estado llamado “Top Ten Percent”, lo que significa que la universidad admite a todos los residentes de Texas que se ubican en el 10 por ciento superior de su clase de secundaria. Para los estudiantes restantes, aquellos que no están en el 10 por ciento superior, la Universidad de Texas en Austin toma en cuenta criterios diferentes, incluyendo ensayos, cualidades de liderazgo, actividades extracurriculares, premios, servicio comunitario, las responsabilidades familiares, situación socioeconómica, el idioma que se habla en el hogar, y la raza. La demandante en el caso, Abigail Fisher, una estudiante blanca que no se ubico en el “Top Ten Percent”, afirma que se le negó la admisión a causa de su raza.
La universidad utiliza sus criterios de admisión para admitir un cuerpo estudiantil diverso, que incluya estudiantes de color con diversas experiencias, y así tener un campus que cuente con una “masa crítica” de estudiantes de color en la mayoría de los salones de clase. Este criterio es consistente con el caso de Grutter vs. Bollinger, que confirmó que los beneficios educativos de la diversidad son un interés apremiante.
Si bien gran parte de la conversación sobre la acción afirmativa en torno a este caso es muy sobrecargada y resulta ser un juego de suma cero, el verdadero enfoque de este caso debería ser sobre lo que se debe hacer para ampliar las oportunidades y asegurar que nuestras instituciones de educación superior reflejen la diversidad de nuestra ciudadanía. En última instancia, el acceso a la educación no es sólo acerca de la educación, un objetivo importante y digno, pero se trata también de la oportunidad económica.
Sé que algunos están cansados de leer sobre el tema, y debo admitir que estoy un poco cansada de escribir sobre ello, pero los cambios demográficos de nuestro país nos obligan con urgencia a poner en práctica políticas que amplíen las oportunidades para todos, por nuestro interés común y porque es lo correcto en hacer.
La mayoría de los niños de hoy menores de 1 año son de color, y para el 2023 la mayoría de los jóvenes menores de 18 años de edad serán los niños de color. La gente de color de hoy representa alrededor del 36 por ciento de la fuerza laborar y de acuerdo con proyecciones de la Oficina del Censo, en 2050 uno de cada dos trabajadores será una persona de color. Sin embargo, actualmente 95.8 por ciento de los ejecutivos de compañías Fortune 500 y el 89 por ciento de los abogados son blancos. Y nuestros cuerpos legislativos siguen una tendencia similar: el 87 por ciento del Congreso son blancos (85 por ciento en la Cámara y el 96 por ciento en el Senado). Para el año 2018, el 63 por ciento de los empleos requerirán alguna educación universitaria o superior. Sin embargo, hoy sólo el 13 por ciento de los hispanos y el 20 por ciento de los afroamericanos obtienen este nivel de educación.
Esta es la cuestión central de este caso. ¿Cómo pueden las instituciones de enseñanza superior asegurar que las próximas generaciones de estadounidenses estén preparadas para dirigir nuestra nación? ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestro liderazgo ya sea empresarial, en el sector sin fines de lucro, o gubernamental, refleje a nuestra ciudadanía?
Los líderes empresariales se han pronunciado claramente en su apoyo a la diversidad. Más de 60 líderes de empresas Fortune 500 en el caso Grutter y 57 compañías de Fortune 100 en el caso de Fisher hicieron publico su apoyo a políticas de admisión basadas en la raza al presentar escritos amicus ante el Tribunal Supremo afirmando que la diversidad promueve negocios y le ofrece al trabajador estadounidense las habilidades necesarias para prosperar en sus lugares de trabajo y para ser competitivos en un mercado cada vez más global. Del mismo modo, la importancia de las políticas de admisión conscientes de la raza han sido reconocidas por nuestros líderes militares, que han declarado que una fuerza armada racial y étnicamente diversa es un “imperativo estratégico, fundamental para preparación para las misiones y sus objetivos, y un requisito de liderazgo”.
Aunque este razonamiento puede ser convincente para la mayoría, el objetivo de la demanda Fisher es claro: busca que la Corte Suprema revoque su dictamen tan estrecho del 2003 en el caso Grutter, en la que afirmó que los beneficios educativos de un cuerpo estudiantil diverso son un interés apremiante que los colegios y universidades pueden buscar a través de políticas de igualdad de oportunidades.
Sin lugar a dudas hemos progresado al ampliar el acceso y las oportunidades para las personas de color. No hay que mirar muy lejos del mismo Tribunal Supremo que hoy en día incluye a Sonia Sotomayor y Clarence Thomas, la primera latina y el segundo juez afroamericano, respectivamente. Dudo que alguien piense que esto hubiera sido posible sin los esfuerzos de las instituciones para ampliar la definición de mérito y de darles a los jóvenes procedentes de entornos desfavorecidos la oportunidad de lograr el sueño americano. Esta es una promesa que debemos mantener para la próxima generación de estadounidenses.
Vanessa Cárdenas es Directora de Progress 2050 en el Center for American Progress.