Read in English
Todos los ojos estarán en la Corte Suprema de Justicia cuando ésta escuche los argumentos sobre la constitucionalidad de la ley anti-inmigrante S.B. 1070 de Arizona, el miércoles. La S.B. 1070 va mucho más allá de la ley federal en materia de aplicación de leyes inmigratorias, al hacer un delito el encontrarse sin un estatus legal en el estado y autorizar a la policía a verificar el estatus de cualquier persona que la policía sospeche que se encuentra en el país en forma ilegal.
El fallo de la Corte Suprema determinará si los Estados Unidos habla con una sola voz en materia de inmigración o con 50 voces y si la nación tendrá un mosaico de leyes de inmigración de nivel estatal—en virtud de las cuales algunos estados acogen a los inmigrantes y otros los rechazan—o si habrá una sola política de inmigración uniforme en todo el país.
Leyes como la S.B. 1070 nunca arreglarán el sistema inmigratorio quebrado de nuestra nación. He aquí las tres principales razones por las que estos proyectos de ley anti-inmigrantes de nivel estatal no resuelven el problema:
1. En realidad, los inmigrantes no autorizados no son extraños: ellos son como las demás personas. La S.B. 1070 de Arizona obliga a la policía a pedirle documentos a todos aquellos sobre los cuales hay una sospecha razonable que se encuentra en el país sin un estatus legal. Pero, ¿cómo puede determinarse quién tiene los documentos en regla? Según estas leyes a cualquier persona de color o a cualquiera que tenga un acento extranjero se le puede exigir que pruebe su estatus legal y puede ser encarcelado—sin importar si son ciudadanos o inmigrantes—hasta poder producir los documentos apropiados.
2. Los estados no pueden deportar a los inmigrantes. Solo el gobierno federal tiene la facultad de expulsar a los inmigrantes del país. Lo único que pueden hacer estados como Arizona es hacerle la vida lo más difícil posible a los inmigrantes que viven en el estado, con la esperanza de que se “auto deporten”: una estrategia que se conoce como “el abandono mediante la aplicación de la ley”. Las leyes como la S.B. 1070 pueden causar estragos en cada ciudadano estatal, pero no causan la deportación de un solo inmigrante indocumentado.
3. Los inmigrantes no autorizados no se marchan del país, incluso frente a leyes anti-inmigrantes rigurosas. Varios estudios demuestran que las leyes antiinmigrantes no causan la auto deportación. En el mejor de los casos los inmigrantes se van de un estado hacia otro estado más acogedor o pasan a vivir en una forma mucho más clandestina. ¿Por qué no “se van a sus hogares”? Porque ellos están en sus hogares. Dos tercios de los inmigrantes indocumentados han vivido en los Estados Unidos durante más de 10 años, casi la mitad son parte de familias y en todo el país casi 17 millones de personas viven con una persona indocumentada. Leyes como la S.B. 1070 desconocen la realidad.
En lugar de tener 50 leyes estatales, el Congreso debe unirse para aprobar una política de reforma inmigratoria nacional que sea realista y que sirva los mejores intereses de nuestra nación.