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Esta semana la Corte Suprema escuchará los argumentos sobre la constitucionalidad de la ley antinmigrante S.B. 1070 de Arizona. La S.B. 1070 va mucho más allá de la ley federal en materia de aplicación de leyes inmigratorias, al hacer un delito el encontrarse sin un estatus legal en el estado y obligar a la policía a pedir prueba del estatus legal a cualquier persona que ellos consideren que se encuentra en el país de manera ilegal. La ley está diseñada para obligar a los indocumentados a salir del país siguiendo una estrategia desacertada de abandono por aplicación de la ley o auto-deportación. Pero, ¿qué es lo que realmente sucedería si la Corte ratifica la ley? He aquí nuestra lista de consecuencias desagradables.
Luz verde a las medidas “imitadoras”
Si la Corte Suprema confirma las disposiciones de la S.B. 1070 como el requisito de “documentos por favor”, ello en forma indirecta permitirá que entren en vigor también las disposiciones afines de los proyectos de ley antinmigrante que han sido suspendidas en Alabama, Georgia, Utah y Carolina del Sur. Lo que es aún más amenazante, el fallo de la Corte le daría una luz verde para que se aprobaran leyes similares en estados como los de Oklahoma, Kansas, Mississippi, Virginia, Missouri y Tennessee, en los cuales se han contemplado leyes imitadoras. Si se permite que se mantengan en pie los proyectos de ley antinmigrante, los Estados Unidos volverá a encontrarse en la posición de una nación profundamente dividida donde algunos estados acogen a los inmigrantes y otros los rechazan.
Se legalizará el detener a personas en base de su perfil racial
Puesto que nadie puede determinar con solo el mirar a una persona si tiene o no un estatus legal—como señala el académico legal Lucas Guttentag —es probable que el decidir quien carece de estatus se “base en su apariencia, se base en su origen étnico o se base en lo que alguna persona local pueda considerar quien es o no ciudadano”, lo que constituye el preludio del perfil racial y la discriminación por motivos raciales. Todas las personas de Arizona y los estados que aprueben legislaciones parecidas a la S.B. 1070 estarán obligados por ley a llevar prueba de su estatus legal en todo momento o a enfrentar la posibilidad de ser detenido. En la práctica, serán las personas de color que tendrán que soportar las peores consecuencias de estas políticas.
La seguridad pública se verá comprometida
En lugar de enfocarse en mantener nuestras comunidades seguras, los profesionales encargados de velar por el cumplimiento de la ley en los estados con leyes antinmigrantes se verán obligados a desviarse de su misión fundamental para detener a los inmigrantes no autorizados. Como lo señala el Sgto. Bryan Soller, presidente del Gremio Policial de la Orden Fraterna de Mesa, Arizona , “Si nos están agobiando con llamadas, ¿acaso es más importante un delito menor [traspaso de la propiedad por parte de un inmigrante ilegal] que un apuñalamiento o un tiroteo? No.” Del mismo modo, los inmigrantes que viven con temor a las leyes anti-inmigrantes tendrán miedo de acudir a la policía para denunciar un delito, lo que hará menos seguras nuestras comunidades.
Se debilitan las economías estatales
Las leyes antinmigrantes golpean a los estados en sus presupuestos. En el primer año después de la aprobación de la S.B. 1070, Arizona sufrió pérdidas estimadas alrededor de $141 millones por concepto de cancelaciones de conferencias. El impacto en la industria turística solo este primer año solamente ascendió a un total de $250 millones en la producción económica y cerca de 3,000 empleos perdidos. Se calcula que la ley antinmigrante de Georgia, la H.B. 87, le costará al estado entre los $300 millones y los $1, 000 millones en producción agrícola perdida, en tanto que un informe de la Universidad de Alabama calcula que la H.B. 56 de Alabama le costará al estado cerca de $11,000 millones por concepto de daños económicos anualmente.
Reduce la atracción de los Estados Unidos
Las decisiones que toma cada estado afectan la política exterior de los EE.UU. en su conjunto y cuando los nacionales extranjeros y los inversionistas extranjeros se sienten amenazados, el país entero sufre. El gobierno de México ya ha emitido una advertencia de viaje a todos los nacionales mexicanos en Arizona, en la que se les informa que podrían ser “molestados o interrogados sin motivo alguno en cualquier momento.” En un estado en el que 65,000 mexicanos ingresan diariamente a Arizona, donde gastan en total unos $7,35 millones por día, un fallo de la Corte Suprema que ponga en vigor la ley de Arizona (con la imposición de sus disposiciones más estrictas) podría ser gravemente perjudicial para la economía del estado y, por extensión, para la economía de nuestra nación.
El continuar señalando como objetivos a los nacionales extranjeros también puede impedir la cooperación internacional en los esfuerzos por combatir el terrorismo, el tráfico de drogas, el contrabando de armas y el tráfico de personas. Y como el Subsecretario de Estado James B. Steinberg dijo en su testimonio ante la Corte Federal de Distrito del Distrito de Arizona, el Senado Mexicano ya ha propuesto la revisión del acuerdo con los Estados Unidos sobre el manejo coordinado de emergencias en caso de desastres naturales, citando la ley de Arizona como razón para mantenerse alejados del trabajo transfronterizo.
La conclusión: en lugar de tener un mosaico de 50 políticas estatales, necesitamos que los Estados Unidos hable con una sola voz en materia de inmigración. En vez de políticas que perjudiquen nuestra economía, seguridad pública y política exterior, necesitamos políticas que promuevan la inclusión y el crecimiento. Los Estados Unidos como nación fue fundada sobre la base de la igualdad y no de la división.